MÉXICO, 15 de abril (apro).- “La navegación, la pesca y la observación de aves fueron impactadas por el derrame. Trabajé desde Metairie hasta Grand Isle, llevando contratistas a los sitios donde fue revisada la calidad del aire por la EPA (agencia ambiental estadunidense). Vi pescadores entristecidos porque no podían salir a pescar. Estoy todavía viendo a los comerciantes tratando de convencer a los clientes de comer su pescado. Es una desgracia que no hayan responsabilizado a BP (British  Petroleum)”.

Ese es el testimonio de Sally, una habitante de Nueva Orleáns, inscrito en la página electrónica de un programa gubernamental para planear la restauración del Golfo de México.

A un año del derrame petrolero en esa zona fronteriza con México –que se cumple este miércoles 20– , el caso se mantiene entramado en una compleja batalla jurídica, mientras la región sigue inmersa en daños sociales, económicos, sanitarios y ambientales incalculables.

La mayoría de juicios, entablados por comerciantes, pescadores, organizaciones ambientales y parientes de las víctimas, se ha concentrado en el litigio multidistrital, conocido como MDL-2179, en la corte del Distrito Este de Luisiana, ante el juez Carl J. Barbier. Sin embargo aún hay 358 casos activos pendientes en esa instancia. Paralelamente, unas 27 mil personas se han adherido a las querellas.

Además, hay al menos 14 expedientes en tribunales de Alabama, Texas, Luisiana, Florida y Georgia, mientras que en la Corte del Distrito Sur de Texas, presidida por el juez Keith P. Ellison, está activo el MDL 2185, que trata de las demandas entabladas por accionistas de BP.

“Lo que está faltando es un fondo ambiental. Si BP es hallada culpable de negligencia grave, se expone a multas civiles por 20 mil millones de dólares bajo las leyes estadunidenses. Pienso que BP y el gobierno de Estados Unidos deben buscar un acuerdo judicial y entregar ahora sumas urgentemente necesarias para la restauración del Golfo. Esto es lo que hicimos en el caso Exxon Valdez en Alaska, y debe ser hecho en el Golfo. Como mínimo, BP debe pagar un anticipo por multas ambientales futuras de al menos 5 mil millones de dólares para restauración, a deducir de su multa final”, planteó el biólogo Richard “Rick” Steiner, quien entre 1980 y 2010 fue profesor de conservación marina en la Universidad de Alaska.

Este científico estadunidense es una voz autorizada en materia ambiental y vertidos petroleros, pues fue asesor en el caso del derrame del Exxon Valdez de 1989.

El 20 de abril de 2010 la plataforma “Deepwater Horizon”, propiedad de la suiza TransOcean Ltd. y alquilada por British Petroleum (BP), estalló frente a las costas del sureño estado de Luisiana, mientras efectuaba labores de prospección en el proyecto “Macondo”. Se hundió dos días después.

El desastre, la peor tragedia ambiental en la historia de Estados Unidos, ocasionó la desaparición de 11 trabajadores y lesiones a otros 17. En total, 126 personas trabajaban en el complejo –79 de TransOcean, seis de BP y 41 trabajadores eventuales-.

La torre de perforación, que taladraba el subsuelo a unos  mil 500 metros de profundidad, contenía unos 686 mil galones de crudo y extraía diariamente unos 335 mil galones antes del percance, según datos de BP.

Hasta julio, cuando el pozo pudo ser sellado, el vertido rondó los 5 millones de barriles de petróleo, de los cuales sólo se recogió menos de 5%, según observaciones de organizaciones ecologistas.

Impacto ecológico

El vertido golpeó una zona rica en biodiversidad y atractivos turísticos. El área en cuestión produce la mayor cantidad de mariscos de todo Estados Unidos, es una franja vital para el cobijo de más de 70% de las aves acuáticas del país y es utilizada por las 110 especies de aves neo-tropicales migratorias.

Además, hay más de 29 especies de mamíferos marinos que viven o visitan el Golfo, que también alberga a más de 600 variedades de peces y 300 de coral.

“Casi un año después de la explosión y el consiguiente desastre ambiental, los residentes de la costa del Golfo continúan sufriendo los efectos del derrame”, escribió el abogado experto en litigio marítimo, Brian Beckcom, en su blog “The Maritime Lawyer”.

“Ahora la gente tiene que preocuparse no sólo del dinero, sino también de su salud y del hecho de que tienen muy pocos medios para acceder al tratamiento médico que necesitan”, prosiguió.

BP estableció un fondo de compensación para las víctimas por 20 mil millones de dólares y la Oficina de Reclamos de la Costa del Golfo.

Pero Steiner, quien hoy está a cargo de la consultora ambiental Tierra Oasis, le pidió el 21 de junio de 2010 la creación de un fondo para la restauración ambiental por 20 mil millones de dólares, solicitud a la que no dieron respuesta.

En total, BP ha pagado a gobiernos estatales y locales más de 754 millones de dólares al 31 de marzo, y ha entregado al gobierno federal otros 694 millones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas inglesas), el Departamento de Interior y los estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida pusieron en marcha la Evaluación de Daños en los Recursos Naturales (NRDA por sus siglas inglesas) con el propósito de diseñar un plan de restauración en 18 meses.

La instancia ha sostenido 11 sesiones públicas desde el 16 de marzo en varias localidades de Florida, Luisiana, Mississippi, Alabama y Texas para descubrir cuáles son las preocupaciones de la población y escuchar sus ideas para la reparación del daño, procedimiento que concluirá el 18 de mayo.

“El daño ambiental fue serio y anticipó que el crónico daño de largo plazo persistirá por años. Hay aún una gran cantidad de petróleo parcialmente rebajado en los hábitat cercanos a la costa, pero mucho del daño permanecerá del vertido tóxico inicial. Muchas afectaciones ambientales del derrame en el Golfo posiblemente no aparecerán durante años, como con el Exxon Valdez en Alaska. Habrá efectos sobre la población en los ecosistemas costeros en el Golfo durante muchos años”, previó Steiner, quien ayudó en la creación de los centros Regionales de Ayuda a los Ciudadanos y Científicos de la Sonda Príncipe Guillermo.

En 1989 el barco petrolero Exxon Valdez, de la estadunidense Exxon Mobil, vertió casi 50 millones de litros de crudo en la bahía de Prince William Sound, en el estado de Alaska, cuya disputa legal aún no ha concluido.

Este miércoles 20 fenece el plazo para presentar una demanda contra TransOcean, en tanto que la próxima reunión para analizar el estado del gigantesco caso está programada para el próximo viernes 29. La idea del tribunal es llegar a un juicio en febrero de 2012, en medio de un ambiente electoral por los comicios presidenciales del 6 de noviembre de ese año, en los cuales el presidente demócrata Barack Obama buscará la reelección.

Contaminación persistente

Una de las preocupaciones de los habitantes de la zona afectada y de los expertos tiene que ver con los remanentes del flujo que yacen en el lecho submarino. BP reconoció que roció e inyectó al menos 1.8 millones de galones de Corexit, una marca de dispersante para deshacer el petróleo. Pero ese químico provocó que el hidrocarburo se transformase en bolas de chapopote debajo del agua.

Un indicador de las posibles repercusiones de esos residuos sobre la vida marina puede provenir de los delfines. Datos de la Oficina de Recursos Protegidos de la NOAA indican que desde febrero de 2010, dos meses antes del vertido, esa especie había estado muriendo a tasas inusualmente altas.

Durante 2010 hubo tres picos de decesos y en el transcurso de 2011 al menos 136 animales han aparecido muertos en las costas de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida.

Entre el 1 de febrero de 2010 y el 3 de abril, 406 ballenas y delfines aparecieron en la parte norte del Golfo de México, 96% de los cuales estaba muerto. Entre el 1 de febrero y el 29 de abril de 2010, antes del inicio de la respuesta al accidente, 113 especímenes aparecieron en la costa, mientras que 115 lo hicieron entre el 29 de abril y el 2 de noviembre y el resto entre esta última fecha y el 3 de abril de este año. Entre abril y diciembre de 2010 aparecieron 158 delfines, en tanto que a lo largo de este año esa cifra ha sido de 145.

La restauración “casi ciertamente tomará años”, según Steiner. “Por el Exxon Valdez en Alaska, la mayoría de los daños ambientales persiste actualmente, como lo muestra el gobierno, que ha enlistado la mayoría de peces y poblaciones naturales y hábitat como no totalmente recuperadas, 22 años después. Esto bien puede ocurrir en el Golfo, pero podría haber una recuperación pronta. A una cantidad de especies de larga vida, como delfines, tortugas marinas, peces grandes y algunas aves marinas, les puede tomar varias generaciones recobrarse totalmente. Pero baste con decir que el petróleo, el agua, los peces y la vida salvaje no se mezclan. Una vez que el crudo se derrama, el daño está hecho y no puede hacerse nada por intervención humana. El saneamiento natural ayudará en la recuperación ecológica, pero esto aún tomará tiempo, y sólo se podrá hacer parcialmente”, analizó el experto.

“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deben ser convocados al área con clínicas o instalaciones médicas para atender a la gente en el Golfo dentro del proceso de restauración. He seguido el impacto de esta tragedia sobre las vidas de amigos que viven en Luisiana y Florida. Sus vidas han cambiado para siempre; muchos tuvieron enfermedades a causa de los hidrocarburos. Esto no ha sido atendido adecuadamente por nuestro gobierno. Creo que la NOAA no sería la agencia adecuada. El gobierno tiene que admitir su culpabilidad”, comentó un habitante de West Palm Beach, en Florida, en el sitio web de la NRDA.

Un cambio para que todo siga igual

El derrame exhibió las prácticas corruptas alrededor de la industria costa fuera en su relación con la oficina gubernamental de Servicios de Administración Minera (MMS por sus siglas inglesas), adscrita al Departamento de Interior y responsable de conceder las licencias de exploración petrolera en el Golfo de México (Proceso 1749 y 1750).

A pesar del desastre, no ha habido cambios de fondo en las normas que rigen esa actividad industrial.

En su informe final Deepwater. El desastre petrolero en el Golfo y el futuro de la perforación costa fuera, la Comisión Nacional sobre el Derrame Petrolero, creada en mayo de 2010 por Obama, concluyó en la responsabilidad del sector petrolero en este tipo de incidentes, por su falta de acciones adecuadas para ejecutar ese tipo de obras, y del gobierno, por no vigilarlos adecuadamente.

La Comisión determinó un cúmulo de medidas para informar de la recuperación y restauración de la costa del Golfo, fortalecer la supervisión del ramo, garantizar la rendición de cuentas de las petroleras, redestinar recursos para reconstruir los ecosistemas de la zona, aumentar los fondos para la aplicación de regulaciones y para la limpieza de las comunidades cuando sucedan desastres similares.

En marzo de este año, el Equipo Conjunto de Investigación, formado por la administración Obama para indagar en las causas del vertido, concluyó en su reporte de 200 páginas que el motivo por el que el seguro contra explosiones de la “Deepwater Horizon” no se activó, fue una tubería bloqueada que impidió que la válvula detuviese el flujo de petróleo. Sin embargo, ese grupo técnico-científico no atribuyó ninguna responsabilidad por esa falla.

“Las nuevas condiciones aún no han sido aplicadas, y el gobierno ha permitido de nuevo la exploración en aguas profundas sin poner en marcha un sistema que reduzca el riesgo tanto como sea posible. Esto es realmente inconsciente. La comisión federal sobre el derrame alertó que había fallas sistémicas en la seguridad en la industria costa fuera, que tomaría años corregirlas, pero sorprendentemente procedieron a recomendar el retorno a la perforación en aguas profundas, sin que estos arreglos se hubieran hecho. Esto es imprudente, por decir lo menos”, sostuvo Steiner.

BP busca tener nuevo acceso al seguro contra explosiones para efectuar más pruebas, las cuales deben concluir a más tardar el 15 de junio de este año, según la propuesta de las partes involucradas en el proceso judicial reflejado en la minuta, de tres páginas de extensión, sobre la reunión informativa del 25 de marzo en la corte del magistrado Barbier.

A raíz del ecocidio, Obama dispuso el 30 de abril de 2010 la suspensión de la concesión de licencias de exploración y perforación en el escenario del desastre hasta que éste sea investigado a fondo y se discuta la aprobación de nuevos estándares de seguridad. Esa moratoria expirará en noviembre de este año.

No obstante, desde el 15 de octubre de 2010 la Oficina de Administración de la Energía del Océano, Regulación y Cumplimiento, dependiente del Departamento de Interior, ha emitido 10 permisos a siete compañías para actividades de exploración geológica y geofísica. Por ello, organizaciones ecologistas han amenazado con demandar al secretario de Interior, Ken Salazar.

“Las nuevas reglas gubernamentales para una perforación submarina más segura, son buenas, pero todavía tienen que ser completamente aplicadas. Por ejemplo, el nuevo sistema de contención de pozos marinos está siendo desarrollado, pero todavía tiene que estar terminado, probado y puesto en práctica. El perforador necesita realizar evaluaciones de riesgo integrales para cada pozo, un mejor plan de reducción de riesgo de explosión, y no está claro que se estén moviendo en esa dirección”, recalcó Steiner.

De esa cuenta, “desafortunadamente, estamos casi en una condición tan peligrosa con la perforación en aguas profundas como lo estábamos hace un año”, antes del estallido.

El gobierno estadunidense y la petrolera británica han ofrecido un escenario muy distinto a la realidad que se vive en el Golfo de México. “La administración Obama y BP quieren minimizar el alcance, el tamaño y la severidad del vertido, y sobredimensionan la efectividad de su respuesta. Esto fue fundamentalmente deshonesto y continúa al día de hoy”, lamentó Steiner.