SAN JOSÉ, 13 de mayo (apro).- El pasado 15 de marzo, la Fiscalía del Narcotráfico, adscrita al Ministerio Público de Costa Rica, detuvo en la ciudad de San Ramón a la coordinadora de Crédito del estatal  Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

         La razón: la funcionaria –de 34 años, de apellido Hidalgo y cuyo nombre se omite debido a que la ley costarricense prohíbe publicar este dato antes de que exista un proceso judicial-- había realizado operaciones bancarias para lavar dinero de La Familia Michoacana, uno de los más peligrosos cárteles mexicanos del narcotráfico.

Ese mismo día, agentes de la Fiscalía del Narcotráfico detuvo a otros empleados del mismo banco: una mujer de apellido Alfaro, de 42 años, y su ex esposo, de apellido Mora y de 53 años.

Alfaro y Mora se apoyaban en Hidalgo “para obtener asesoría” sobre cómo “camuflar”  el blanqueo de dinero, así como para administrar  bienes y evitar la persecución penal. “Ella les facilitaba créditos para justificar los ingresos en sus cuentas”, afirma  Guillermo Hernández, fiscal general interino de Costa Rica, en entrevista con Apro.

El fiscal explica que Alfaro y Mora compraban bienes—inmuebles, automóviles y otras propiedades—con financiamiento hipotecario autorizado por Hidalgo. La pareja recibía los préstamos del Banco que Hidalgo aprobaba, los depositaba en sus cuentas bancarias y justificaba que el origen del dinero era un crédito.

Casi de inmediato, Alfaro y Mora cancelaban los préstamos con dinero que, de acuerdo con las investigaciones, provenía del narcotráfico. En las cuentas, mientras tanto, quedaban los recursos aportados legalmente por el Banco.

Un informe del banco reveló que los movimientos sospechosos en una red de créditos y de compañías privadas fueron detectados desde 2009. La pareja, según los recuentos oficiales, tiene un millonario préstamo principal y varios créditos menores, en una mezcla de sociedades anónimas y 15 empréstitos concedidos en dos años, algunos pendientes de cancelar. La fiscalía no ha revelado a cuánto asciende el total del dinero que fue lavado.

“Habíamos visto estructuras asociadas a La Familia Michoacana que, al inicio, se dedicaban a preparar cargamentos (de cocaína), envíos de la mercancía y a asumir el riesgo de transporte para buscar una baja en el precio de adquisición de la droga (para consumo local)”, dice Mauricio Boraschi, viceministro costarricense de la Presidencia y Comisionado Nacional Antidrogas.

Y agrega: “Luego, como es tradicional, las hemos visto asociadas a factores de corrupción (policial y judicial) y el último caso al ‘lavado’ de dinero. Es un ciclo que tratan de cumplir”.

La mujer y la valija

El 11 de enero de 2010 la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica recibió “información confidencial” sobre una red de narcotraficantes mexicanos instalada en la provincia (estado) de Puntarenas, que cubre gran parte del litoral Pacífico de este país y es pasadizo marítimo, aéreo y terrestre de cargas de cocaína. El dato abrió un caso general, conocido como “Carreta”, que luego derivó en tres específicos: “Ávila”, “Mariachi” y “Traspaso”.

El 11 de febrero de 2010 hubo una detención clave. Encubierta como turista procedente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una mexicana, de apellidos Ávila Elizalde y ligada a La Familia Michoacana fue detenida cuando pretendía ingresar a Costa Rica por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el principal de este país, con 250 mil dólares escondidos en una valija. El Poder Judicial informó el 21 de enero pasado que la mujer fue condenada a 6 años y 8 meses de cárcel por legitimación de capitales.

El caso “Ávila” derivó en el caso “Mariachi”, pues el 12 de febrero de 2010, día en que la mujer planeaba retornar a México, la PCD halló 969 kilos de cocaína en una casa-bodega en Miramar, zona del litoral Pacífico central, en Puntarenas, y detuvo a los mexicanos José García Padilla y Margarito Arroyo Lavariega, integrantes de La Familia Michoacana. La PCD identificó a Arroyo como “jefe de la estructura” en la casa usada para almacenar droga y viajero frecuente a Costa Rica desde octubre de 2009.

Las investigaciones condujeron al caso  “Traspaso”. El 8 de mayo de 2010, un costarricense de apellido Gutiérrez fue detenido con 49 de kilos de cocaína que transportaba en compartimentos ocultos en un automóvil en el área sur del país. La captura de Gutiérrez provocó que el 16 de junio de 2010, fuera detenida una célula de La Familia Michoacana que traficaba cocaína por tierra de la sureña localidad de Paso Canoas, fronteriza con Panamá. La droga era almacenada en una casa de Paso canoas para después reenviarla a Guatemala y México en espacios secretos de vehículos o de naves marítimas.

Un mes después –junio de 2010—la policía costarricense realizó 12  allanamientos en diversas ciudades y localidades del país, incluyendo la capital, San José, en los que arrestó a cuatro mexicanos (dos hermanos de apellidos Zárate Luis y padre e hijo de apellidos Bautista) y 10 costarricenses y decomisó 141 kilos de cocaína, un kilo de heroína, 180 mil dólares en efectivo y siete automóviles de lujo.

Un mes después,  La Fiscalía General descubrió que uno de los costarricenses detenidos, de apellido Campos y apodado Fortachón, traspasó los bienes que administraba a una sociedad anónima llamada Kardani ABC, la cual pertenece a la pareja Alfaro y Mora, ligada a su vez a Hidalgo, la ejecutiva bancaria. Según la fiscalía, Alfaro preside Kardani.

De manera coincidente, la Fiscalía de Puntarenas pidió congelar seis fincas que esta empresa posee en Pérez Zeledón, El Coyol, San Ramón, San Vito, Buenos Aires y Bagaces, poblaciones de la noroccidental provincia de Guanacaste.

El jefe del desembarco de La Familia Michoacana en territorio costarricense fue un mexicano de apellidos Sánchez Mendoza, Tocayito. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó que Sánchez, como “líder del grupo” e instalado presuntamente en Guatemala, envió a los Bautista a esta nación “para coordinar” el transporte de droga, lo que incluía la adquisición de bodegas y vehículos.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, los Bautista contactaron a dos personas “como miembros de confianza para la organización” en Costa Rica: Campos y un individuo de apellido Cruz, alias  Gato. Este último era el “encargado directo de la compra, transporte y envío de la droga a México”.

La dependencia precisó que un mexicano de apellido Hernández González “se encargaba de transportar la droga vía terrestre a Guatemala”.

José María Tijerino, quien hasta el este 1 de mayo fue ministro costarricense de Seguridad Pública,  aseguró a Apro durante una entrevista efectuada en noviembre pasado, que “todos los cárteles mexicanos tienen miembros” en Costa Rica y que los más activos son los de Sinaloa y La Familia Michoacana.

Ello tiene su lógica, pues la posición geográfica de Costa Rica es clave: se encuentra cerca de las bases de producción en Colombia y de los mercados de contrabando y consumo en México y Estados Unidos.