MÉXICO, D.F. (apro).- Human Rights Watch (HRW) pidió al presidente estadunidense Barack Obama cumplir con las obligaciones asumidas por ese país para investigar actos de tortura y otros abusos a detenidos, presuntamente autorizados por su antecesor George Bush y altos funcionarios de su administración. El organismo internacional de derechos humanos denunció, en un comunicado, que el gobierno de Obama “no ha cumplido las obligaciones asumidas por Estados Unidos conforme a la Convención contra la Tortura, de investigar este tipo de actos y otros malos tratos a detenidos”. Además de Bush, en el informe de 107 páginas se pide investigar al exvicepresidente Richard Cheney; al exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet. Según el reporte de HRW, algunos presos sufrieron asfixia por inmersión, fueron encerrados en cárceles secretas de la CIA o fueron trasladados a otros países donde sufrieron tortura por órdenes de los exfuncionarios mencionados. El director de HRW, Kenneth Roth, criticó que Obama haya considerado estos actos de tortura como “lamentables decisiones políticas”, en lugar de crímenes. Y advirtió que la decisión del Ejecutivo estadunidense, de terminar con los abusos en los interrogatorios, “podría ser revertida fácilmente”, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra la tortura. El organismo refirió que, en agosto de 2009, el procurador general estadunidense, Eric Holder, designó a John Dirham como fiscal federal adjunto para que investigara las denuncias por abusos a detenidos, pero limitó esa labor a los actos no autorizados. Roth sostuvo que "el patrón de abusos del gobierno de Estados Unidos en varios países no fue el resultado de acciones individuales, sino consecuencia de decisiones tomadas por altos funcionarios estadunidenses que decidieron ignorar las reglas". Por ello consideró que si el gobierno de Obama no lleva a cabo las investigaciones, otros países deberían juzgar a los exfuncionarios estadunidenses involucrados en esos actos ilegales, de acuerdo con la legislación internacional vigente.