MADRID (apro).- El juicio contra Baltasar Garzón quedó listo para sentencia, luego de que, en su último turno de palabra, el juez argumentó que todas las decisiones jurisdiccionales sobre el llamado caso Gürtel –el proceso judicial contra la mayor trama de corrupción política en España– las tomó basado en la más estricta legalidad. “Asumo todas y cada una de esas decisiones, fueron tomadas reflexivamente, en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas, no sólo las de nuestra carta magna, sino también teniendo en cuenta siempre la protección de los derechos fundamentales”. Añadió: “La única razón de Estado que yo defiendo es la razón democrática de los ciudadanos. Aquí no ha habido razón de Estado (…) Las decisiones que tomé fueron en el ejercicio jurisdiccional”. Suspendido de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, acusado por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, el juez dijo al Tribunal Supremo que las circunstancias concretas del caso le “exigían tomar esa medida como la única posible”, debido a que la cúpula de “la organización seguía dirigiendo desde prisión” un presunto delito de blanqueo de capitales. El juez, internacionalmente conocido por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, abrió aquí un juicio contra un grupo que, recurriendo a actos de corrupción, lograba beneficios de gobiernos de signo político del Partido Popular (PP) y de miembros de esta formación política. Una vez encarcelados los principales cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, la unidad contra delitos fiscales de la policía, la fiscalía y el propio juez tuvieron elementos de que algunos abogados eran parte de la trama para el blanqueo de capitales, a fin de poner a salvo de la justicia grandes sumas de dinero que guardaban en el extranjero. Por ese motivo, Garzón ordenó la intervención de las comunicaciones en prisión de Correa y Crespo. A raíz de ello, el abogado Ignacio Peláez, representante legal del empresario José Luis Ulibarri, presentó la primera denuncia contra el juez por el delito de prevaricación. Peláez visitó a los dos presos, pese a que su cliente, el constructor Ulibarri –vinculado con una supuesta trama inmobiliaria corrupta– estaba en libertad. Durante estos días del juicio, el abogado no logró justificar la legalidad de su visita en prisión a personas que no han sido sus clientes. A la salida del tribunal, este jueves, Baltasar Garzón dijo informalmente a los periodistas que estaba conforme con el juicio, porque quedó claro lo que sucedió y no lo que dicen que sucedió. Es, dijo, la hora del tribunal. En el tercer día del juicio Gürtel, la fiscalía pidió al tribunal la absolución del juez. El fiscal Antolín Herrero, representante del Ministerio Público, aseguró que Garzón tomó una medida “ajustada al fin buscado en la investigación”, en el contexto de lo que llamó un “caso extraordinario”. En el informe de conclusiones, la fiscalía dijo que el juez no vulneró el derecho de defensa cuando intervino las comunicaciones en la cárcel. “No ha habido indefensión material”, como efectivamente no se logró acreditar durante las audiencias, añadió. Por su parte, el abogado acusador, Ignacio Peláez, pidió al tribunal que “ampare” el derecho de defensa porque “el fin no justifica los medios, no todo vale”. Reclamó el derecho “a hablar de forma confidencial y en secreto con mis clientes, por muy rechazables que sean sus conductas”. Subrayó: “No puedo aceptar ir a un locutorio y tener que escribir en un papel lo que quiero decirles. Me niego a vivir en un Estado policial”. El abogado Pablo Rodríguez Mourullo, representante de Pablo Crespo, comparó al juez suspendido con “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha”, y dijo que la “única manera de preservar el derecho de defensa era no escuchando”. El siguiente paso es que el tribunal emita su sentencia sobre ambos delitos, por los que la parte acusadora ha pedido 17 años de inhabilitación de la carrera judicial.