Chile: La hora de los "ultras"

martes, 3 de enero de 2012
El Congreso chileno aprobó una reforma con la que crecerá 55% el padrón electoral: millones de jóvenes en edad de votar –y que no habían querido registrarse– quedarán inscritos automáticamente y podrán sufragar en los próximos comicios. Esto ocurre cuando sólo 9% de los chilenos tiene buena opinión de los partidos políticos y nada más 17% aprueba la actuación del Legislativo. VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- La aprobación de la llamada Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario (LIAVV) implica una “revolución” en la política chilena. Esta norma permitirá la incorporación de 55% de nuevos votantes, en su mayoría jóvenes que hasta ahora se habían mantenido al margen de los comicios por no estar inscritos en el padrón electoral. Dicha ley –aprobada el pasado 20 de diciembre en el Senado con 25 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones; y una semana antes en la Cámara de Diputados con 106 votos a favor, uno en contra y una abstención– hará que toda persona al cumplir 17 años quede automáticamente inscrita en los registros electorales y esté habilitada para sufragar a los 18 años. El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, comentó que esta reforma desembocará en “una revolución democrática” al permitir la incorporación de 4 millones y medio de nuevos posibles votantes, pues de los casi 13 millones de mayores de 18 años, sólo 8 millones 300 mil están inscritos en el padrón electoral. Larroulet, uno de los principales impulsores del proyecto, pronosticó que una vez que la ley entre en vigor –aún falta un trámite que podría cumplirse antes de finalizar este mes de enero– habrá “un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones políticas”, que a su juicio “están muy desvaloradas”. En efecto, según una encuesta levantada en agosto y septiembre pasados por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, sólo 9% de los chilenos tiene buena opinión de los partidos políticos y nada más 17% aprueba la actuación del Congreso. También el presidente Sebastián Piñera resaltó la importancia de la aprobación de la ley: “Esta reforma constituye un hecho histórico equivalente al otorgamiento del derecho de voto a las mujeres” en 1949, dijo. Según datos del Servicio Electoral, 95% de las personas entre 18 y 24 años no están inscritas en los registros electorales. Esta cifra es aún mayor entre los jóvenes de sectores de bajos recursos. Con la promulgación de la LIAVV las personas de entre 18 y 30 años –9.2% del universo electoral– serán casi un tercio de los potenciales votantes. Esto implica un rejuvenecimiento del electorado que en la actualidad está compuesto en 60% por mayores de 45 años, cifra que bajará a 42%. La recién aprobada ley forma parte del paquete de reformas políticas de la Agenda Democrática del gobierno de Piñera, que considera también la modificación del cuestionado sistema electoral binominal. Éste ha permitido que la derecha, con un tercio de la votación, haya elegido en los últimos 20 años casi a la mitad de los legisladores, haciendo imposible cualquier modificación de fondo al modelo social, económico y político heredado de la dictadura pinochetista (1973-1990). Con miras a concretar esta última reforma, Piñera invitó a los expresidentes chilenos para conocer sus opiniones: el 26 de diciembre recibió al democristiano Patricio Aylwin (1990-1994) y un día después al socialista Ricardo Lagos Escobar (2000-2006). La primera semana de enero Piñera se reunirá con el actual senador democristiano y exjefe de Estado entre 1994 y 2000, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y con la directora de ONU Mujeres, la socialista Michelle Bachelet. Temores La reforma al sistema electoral fue una de las principales promesas de campaña de Piñera, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 2010. Pero la demora en presentar el proyecto de ley sobre esta materia y el hecho de que cuando lo hizo –10 de diciembre de 2010– no le dio la urgencia legislativa para que el trámite fuera expedito, hizo temer que esta norma no estaría vigente en las próximas elecciones municipales de octubre de 2012. La demora desató un fuerte rechazo en amplios grupos de la población y entre los comentaristas políticos. A principios de noviembre pasado medio centenar de organizaciones civiles lanzaron la campaña Salvemos la Democracia mediante la cual exigieron al gobierno y al Parlamento cumplir con su compromiso de incorporar a los jóvenes a la actividad política mediante la inscripción automática. En la columna “El temor de las élites”, publicada el 30 de noviembre en el diario La Tercera, el politólogo y exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Claudio Fuentes, reflexionó en torno a esta dilación: “¿Por qué este letargo en un tema que no debiese motivar gran discusión? ¿Si Bolivia inscribió a 5 millones de electores en 72 días, por qué en Chile cuesta tanto modernizar un padrón? ¿Por qué no impulsar una inscripción masiva si estamos de acuerdo en que ayudaría a la democracia? La explicación parece simple: una mezcla de conflicto ideológico con la voluntariedad del voto y cálculo de corto plazo de un segmento de la élite que teme perder poder”. La presión ciudadana provocó que el 12 de noviembre el gobierno pidiera una “discusión inmediata” del proyecto de ley, lo que obligaba a aprobarlo o rechazarlo en un plazo máximo de 20 días. El alcalde de Puente Alto y vicepresidente del derechista partido Renovación Nacional (RN), Manuel Ossandón, dio muestras del nerviosismo que la ley ha provocado en la clase política. El 19 de diciembre dijo al diario electrónico Emol que el proyecto tiene “aterrada a la clase política”. Hay motivos para ello. En la mayor parte de las comunidades de la periferia de Santiago los electores crecerán a más del doble, lo que genera gran incertidumbre en los actuales representantes. En Puente Alto los inscritos para votar pasarán de 140 mil a casi 550 mil personas (275% de aumento). Los nuevos inscritos podrán votar desde las próximas elecciones municipales, programadas para octubre de 2012, siempre que el Tribunal Constitucional realice el “control de constitucionalidad” a esta ley antes del 31 de enero próximo. En caso de demorarse, no podrán ejercer su derecho a voto sino hasta las presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2013. En entrevista con Proceso el diputado del centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD), Enrique Accorsi sostuvo que esta ley “es la reforma política más importante de los últimos 30 años”. Asegura que “marcará un antes y un después en el desarrollo de la democracia chilena”. Consultado respecto a las dudas relativas a que la clase política podría buscar algún artilugio para impedir o demorar la aprobación de esta norma, Accorsi responde: “Creo que es imposible. Hoy día el clamor popular es tan grande que impedirá que alguien se reste. Esta iniciativa fue rechazada por la derecha por muchos años y ahora que son gobierno se siente presionada por la soberanía popular. En el país existe un apoyo mayoritario a favor de cambiar la estructura política que tenemos y que busca que ésta tenga mayor representatividad”. Antisistema La reforma política se lleva a cabo en un contexto de renovación de los dirigentes del sector estudiantil, que ha protagonizado las más grandes movilizaciones contra la política educativa del gobierno. Los resultados de las elecciones en las universidades más importantes indican que los estudiantes están optando por posturas radicales y que desechan el camino de los partidos tradicionales, incluidos los de izquierda. Muestra de lo anterior es el sorpresivo resultado de las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), celebradas el 6 y 7 de diciembre, en las que el candidato del movimiento Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, derrotó a la popular líder estudiantil de militancia comunista Camila Vallejo, quien se presentaba a la reelección. Boric, egresado de la carrera de derecho, enarboló en su campaña un discurso extremadamente crítico hacia la clase política, en particular hacia la derecha y la Concertación de Partidos por la Democracia (centroizquierda), pero también hacia el Partido Comunista, al que cuestionó su alianza electoral con la Concertación a la que repetidamente llamó “neoliberal”, acusándola de ser responsable de profundizar el modelo privatizador en la educación durante los 20 años que estuvo en el gobierno (1990-2010). El 11 de diciembre, en el programa televisivo Tolerancia Cero de Chilevisión, Boric afirmó que en 2011 “se instaló un diagnóstico que comparte una gran mayoría del país, salvo quienes están en La Moneda, que es que el sistema educativo no da para más”. Señaló: “En el debate del presupuesto nos dimos cuenta de que en el actual Parlamento es imposible que las demandas del movimiento estudiantil se materialicen”. Agregó que “dado que el modelo actualmente vigente excluye a las grandes mayorías de la toma de decisiones y favorece a una pequeña minoría, los estudiantes apostamos por cambiar el sistema”. La elección de Boric como cabeza de los estudiantes de la Universidad de Chile (la más importante de este país) afectaron la intención del Partido Comunista de conducir el movimiento estudiantil a través de Vallejo y de canalizar la fuerza de éste por vías institucionales. El politólogo Patricio Navia publicó el 9 de diciembre en su habitual columna en La Tercera que “al sugerir que la división derecha-Concertación ya no representa a Chile, la nueva dirigencia estudiantil no dice nada nuevo. Pero al creer que se puede construir democracia sin partidos, abre la ventana a una irrupción populista”. De todas maneras Camila Vallejo –quien fue elegida personaje del año por el periódico británico The Guardian– se mantendrá en las primeras filas de la dirigencia estudiantil: será vicepresidenta de la Fech. El anarquista Felipe Ramírez, del Frente de Estudiantes Libertarios, asumió la secretaría general. La elección de Boric no es la única en la que los sectores de extrema izquierda –a los que la prensa llama “ultras”– se han impuesto. En las votaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso (FEUCV), el 6 y 7 de diciembre, ganó con 35% de los votos la lista de la Unión de Estudiantes de Izquierda (Une, radical) que estuvo encabezada por Pablo Chamorro. En segundo lugar, con 30% de las papeletas, quedó la lista “gremialista”, de los vinculados con la filopinochetista Unión Demócrata Independiente. El tercer lugar lo obtuvo Izquierda Autónoma (23%) y en el último lugar, el pacto de comunistas y concertacionistas que sólo alcanzó 10%. Esto refleja la pérdida de apoyos de la Concertación, que ni en alianza con el Partido Comunista puede alcanzar alguna representación en el activo sector estudiantil. Éste más bien parece haberle dado definitivamente la espalda. Una semana después se registraron las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, en la que la candidata de la Une, Marjorie Cuello, venció al de las Juventudes Comunistas, que también iban con las fuerzas de la Concertación. Este resultado terminó por consolidar la tendencia nacional que está dando el control de las federaciones universitarias a sectores de izquierda ajenos a los partidos tradicionales. Y significó un nuevo revés para el Partido Comunista, que a las derrotas antes reseñadas sumó la de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) que era presidida por el comunista Camilo Ballesteros. En entrevista con Proceso el nuevo presidente de la FEUCV, Pablo Chamorro, dice que el éxito de su tendencia en el sector estudiantil se debe a que “hoy existe una crisis de representatividad del sistema político, de los partidos tradicionales que están presentes en el Parlamento. Y nuestras demandas claramente no encuentran eco en aquellos partidos”. Chamorro asegura que en este momento “está surgiendo desde los movimientos sociales una nueva fuerza política que sin duda encuentra su raíz en los planteamientos históricos de la izquierda”. Sin embargo, asegura que “los partidos que hoy se hacen llamar de izquierda no defienden los intereses del pueblo. Por eso es que los jóvenes estamos construyendo nuestra propia alternativa junto a los trabajadores y a otros sectores sociales”.

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