MÉXICO, D.F. (apro).- En Estados Unidos —nación que padece intensos fenómenos climáticos— existen demandas legales en contra del gobierno y empresas privadas por ocasionar el cambio climático, aunque su éxito ha sido hasta ahora escaso. De triunfar, esas querellas podrían transformar el panorama legal y político de ese país, el segundo mayor contaminador del planeta detrás de China, y donde, a pesar de la evidencia científica, predomina el escepticismo frente al fenómeno del calentamiento global. “Tenemos que hacer estas cosas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que hacer que el gobierno proteja la atmósfera, como algo que nos pertenece a todos”, dice a Apro Alec Loorz, un joven que ganó proyección nacional e internacional porque un abogado que lo representa a él y a cuatro adolescentes presentó una demanda el 4 de mayo de 2011 para obligar al gobierno estadunidense a reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases responsables del calentamiento global. “La gente está abierta a escuchar nuestra voz, necesita saber que el cambio climático está causado por el hombre”, enfatiza Loorz, un estudiante universitario de 19 años, en conversación telefónica desde su casa en Ventura, California. Loorz, sus compañeros y las organizaciones Kids vs. Global Warming y Wildearth Guardians se querellaron contra Lisa Jackson, entonces directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y los secretarios de Comercio, Interior, Defensa, Energía y Agricultura, Los demandantes pidieron a la Corte del Distrito de Columbia que declarara que la atmósfera es un recurso público y que el gobierno de Estados Unidos tiene un deber fiduciario para abstenerse de tomar medidas que la desperdicien o dañen. Además, quieren que la corte defina más claramente los deberes fiduciarios de los acusados al declarar que éstos tienen la obligación de reducir el CO2 y, finalmente, que dictamine que Estados Unidos debe disminuir sus emanaciones contaminantes 6 por ciento anual a partir de este año. Como partes interesadas se sumaron al litigio la Asociación Nacional de Manufacturas y un colectivo de empresas. El 31 de mayo de 2012 el juez Robert L. Wilkins concedió la moción de denegatoria del caso. Argumentó que las oficinas federales y la Ley de Aire Limpio son los reguladores legales de las emisiones, según estipula en su fallo de 11 páginas. Sin embargo, el pasado 22 de mayo, el mismo magistrado rechazó la revisión de su sentencia en otra opinión legal de 11 páginas, por lo cual los acusadores presentaron una apelación el 28 de junio último. Este proceso pertenece a un lote de al menos 12 demandas entabladas alrededor del cambio climático. Al menos cuatro han sido rechazadas y otras ocho están activas. Para Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira y Virgili –en la ciudad española de Tarragona-, se trata de casos muy difíciles de probar, pues implica demostrar una causalidad directa entre el cambio climático y sus consecuencias. "En el cambio climático los daños son difusos. No hay vías jurídicas para individualizarlos. Hay un gran vacío legal”, explica el académico a Apro.   Refugiados climáticos El pueblo de Kivalina se encuentra situado frente a la costa noroccidental de Alaska, al norte del Ártico. Es habitado por 389 esquimales inupiat. En 2008 los pobladores de esta comunidad demandaron a Exxon Mobil Corp. y otras empresas energéticas por volver inhabitable esa zona al liberar gases de efecto invernadero (GEI) que erosionan su tierra y han contribuido al calentamiento global. Los indígenas, que reclaman daños de las corporaciones, señalan que la aldea depende del hielo marino alrededor de su costa para enfrentar tormentas invernales y gran oleaje, pero que en años recientes el hielo se ha formado tarde y se ha derretido temprano, dejándolos expuestos al mar. Varios informes, incluido uno del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Usace, por sus siglas en inglés), predicen que la isla desaparecerá en 2025. Su traslado costaría unos 400 millones de dólares. Usace indicó que entre 2004 y 2005 las tormentas hicieron perder más de 20 metros de terreno a la isla en algunas franjas. En mayo último la Corte Suprema estadunidense se negó a considerar el caso de Kivalina. De esa forma, avaló una sentencia previa de la Corte de Apelaciones del noveno circuito a favor de Exxon, Conoco Phillips, Shell Oil Co. y otras 21 corporaciones. Su postura fue que la Ley de Aire Limpio bloquea el alegato de Kivalina. Otras querellas han corrido la misma suerte. En junio de este año la Corte de Apelaciones del quinto distrito rechazó la querella de propietarios privados del estado de Mississippi, perjudicados por el huracán Katrina de agosto de 2005, porque los temas en cuestión fueron litigados ya en una acción colectiva similar que los acusadores iniciaron el año del meteoro. El caso ya había sido denegado en 2007 por la Corte del Distrito Sur de Mississippi. La primera acción legal buscaba sancionar daños y obtener compensaciones de unas 80 empresas de energía debido a los estropicios ocasionados por Katrina y otras grandes tormentas que golpearon Mississippi. Los querellantes argüían que las emisiones contaminantes producidas por los acusados aumentaron sustancialmente la frecuencia y la intensidad de los huracanes. La corte distrital rechazó el caso porque los propietarios carecen de fundamento jurídico y sus reclamos no pueden ser resueltos debido a que las cortes no pueden atender “cuestiones políticas como el cambio climático”, según el dictamen. Los acusadores apelaron ante el tribunal del quinto circuito y un panel de tres jueces revirtió en 2009 el fallo de la corte. Argumentaron: aunque los primeros carecían de razón en varios de sus alegatos, podían mantener su caso por molestia pública, transgresiones y negligencia. Luego de la sentencia del panel, nueve jueces del quinto circuito concedieron la petición de los acusadores de la revisión del caso a cargo de todo el tribunal. Pero uno de los jueces se excusó, por lo cual sólo ocho atendieron el expediente. Entonces, declinaron el amparo, porque éste no podía ser tramitado sin el quórum y con lo cual mantuvieron el fallo de la corte distrital. Los acusadores entablaron un nuevo litigio en 2011, rechazado por la corte por falta de jurisdicción y fallas en la presentación de los alegatos. El quinto circuito revisó esa sentencia, derivando en la reafirmación de la decisión del tribunal distrital. En 2004 los gobiernos de seis estados —entre ellos Nueva York, Virginia y California— presentaron de manera conjunta una demanda contra empresas energéticas contaminantes. Pedían que la justicia les impusiera límites en las emanaciones de CO2. Argumentaron que este gas contribuye al cambio climático y por lo tanto deriva en una “molestia pública”. Pero los jueces respondieron que la EPA está mejor preparada que los jueces federales para abordar los costos y beneficios de reducir las emisiones. Las autoridades estatales apelaron. En junio de 2011 la Corte Suprema dispuso que los estados no pueden invocar leyes federales para obligar a las generadoras eléctricas a reducir GEI. Determinó que mediante la Ley de Aire Limpio el Congreso ha facultado a la EPA y los reguladores estatales a establecer las normas sobre contaminación para las industrias, postura que favoreció a American Electric Power Co., Duke Energy Corp., Xcel Energy Inc., Southern Co. y la paraestatal Tennessee Valley Authority —que figuraban entre las acusadas—. La arena internacional ha servido de base para la persecución de cambios legales en países como Estados Unidos. Un caso histórico es el de 43 niños que iniciaron una acción colectiva a inicios de los noventa  en contra del Departamento de Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas para proteger bosques antiguos ante el intento de talarlos de varias empresas. Aunque un tribunal distrital rechazó el caso por considerar que los infantes carecían de personalidad jurídica, la Corte Suprema del archipiélago lo revirtió y favoreció a los acusadores, sentando un precedente nacional e internacional. En 2009 los Estados Federados de Micronesia se querellaron en los tribunales de la República Checa en contra de CEZ Corporation, que pretendía alargar la vida útil por 30 años de la mayor central eléctrica del país alimentada con carbón, sin el uso de tecnologías limpias. Los magistrados fallaron a favor de Micronesia, aunque la empresa prosiguió con su plan, pero obligada a compensar las emisiones contaminantes. En 2011 Palau, un estado insular altamente vulnerable al cambio climático, pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el principio de daño transfronterizo por el fenómeno, la cual aún no se ha materializado. Ese principio pertenece al derecho consuetudinario internacional que estipula que un Estado tiene el deber de prevenir, reducir y controlar el riesgo de daño ambiental para otros Estados. Esta norma fue desarrollada y aplicada en una sentencia de 1941 sobre polución atmosférica proveniente de una fundidora de cobre en Trail, en la provincia canadiense de Columbia Británica y propiedad de Consolidated Mining and Smelting Company, que contaminaba el aire en Estados Unidos, dañando el campo y los cultivos. Un tribunal de arbitraje condenó a Canadá a pagar una compensación de 428 mil dólares a su vecino.   Sin desmayo Loorz no está dispuesto a cejar en sus intentos porque su país combata el cambio climático. El activista, quien estudia artes liberales en la canadiense Universidad de Quest, comenta que “la gente está lista para elevar su voz. Ha sido un activismo muy poderoso. Mucha gente joven se ha vuelto más activa” y reclama que el sistema legal estadunidense está “diseñado a la antigua”. “Los jueces se preocupan más por su propio bienestar y se olvidan del interés de la gente”, cuestiona Loorz, quien se volvió activista a los 12 años, luego de ver el documental Una verdad incómoda, del exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore. De prosperar la apelación podría cambiar el panorama político y legal en torno al cambio climático. Pero debe vencer resistencias de políticos, jueces y empresarios. Loorz denuncia el poder del lobby industrial. “Es muy influyente, tienen mucho poder y mucho dinero”, resalta. El gobierno del presidente demócrata Barack Obama ha instaurado varias regulaciones para que las compañías que expandan plantas industriales existentes o construyan otras apliquen formas para disminuir sus emisiones de CO2. La EPA debe proponer en 2014 regulaciones para plantas generadoras existentes, un sector no regulado. Para Pigrau, se necesita otro tipo de leyes, pero “los Estados no quieren asumir su responsabilidad internacional”.