MÉXICO, D.F. (apro).- Un Tribunal de alzada de Argentina declaró culpable al expresidente Carlos Menem, de 82 años, del delito de contrabando agravado de seis mil 500 toneladas de armamento y municiones a Croacia entre 1991 y 1995 y a Ecuador en pleno conflicto del Cenepa. La sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal alcanzó también al exministro de Defensa Oscar Camillón, y la pena para ambos exfuncionarios será fijada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3), que los había absuelto. El Tribunal revocó la absolución de Menem y de Camillón pero confirmó la exasesor presidencial y excuñado de Menem, Emir Yoma. Los jueces de la Sala integrada por Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani, absolvieron también a Mauricio Muzi y Enrique Julio de la Torre en tanto que al exjefe de la Fuerza Aérea, Juan Paulik, le ratificó el sobreseimiento por prescripción El caso llegó a instancias de esta Cámara luego de que el Ministerio Público Fiscal y la Aduana argentina apelaran el fallo del 13 de septiembre de 2011 por el TOPE3 absolvió a todos los imputados. Durante el gobierno de Menem se exportaron seis mil 500 toneladas de armamento destinadas oficialmente a Panamá y Venezuela. Éstas fueron desviadas a Croacia, en 1991, en pleno conflicto de la antigua Yugoslavia, y a Ecuador, en 1995, cuando Argentina era un garante en el conflicto del Cenepa con Perú. Los cañones, fusiles y otros pertrechos embarcados en Buenos Aires fueron desviados en una maniobra para eludir los embargos de armas que pesaban sobre Ecuador y Croacia, porque ambos estaban involucrados en conflictos armados en aquel entonces. En el juicio oral, el expresidente y actual senador negó haber tenido responsabilidad en la venta ilegal del armamento y argumentó que durante su gestión “se limitó a firmar decretos de exportación de armas” a Venezuela y Panamá, y que “todos los trámites escapan al presidente”. Como senador, Menem goza de fuero en Argentina lo que lo protege de pisar directamente la cárcel, salvo que se promueva un juicio político. Las leyes argentinas prevén penas de cinco a quince años de prisión por el delito de contrabando de armamento, sin embargo, la defensa del expresidente ya ha adelantado que recurrirá la decisión judicial.