BUENOS AIRES (apro).- El kirchnerismo cumple diez años en el poder. Y lo celebra con un nutrido programa de festejos. Este sector del peronismo, reunido en torno al Frente para la Victoria, se presenta como un modelo de crecimiento con inclusión social, en contraposición con el modelo neoliberal de los 90, que sumió al país en la crisis más profunda de su historia. El 25 de mayo de 2003 —un año y medio después del estallido social de diciembre de 2001— Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina. Su mujer, Cristina Fernández, lo sucedió en el cargo en 2007 y fue reelecta, en 2011, para un segundo mandato, que finaliza en 2015. La celebración central de estos diez años de “gobierno K” tendrá lugar el 25 de mayo próximo, en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. El lema de la convocatoria coincide con el balance oficial: “La década ganada”. Se supone que Cristina Fernández será la única oradora de un evento que oficiará, asimismo, como manifestación de apoyo a la Presidenta. Se espera una concurrencia importante, compuesta por las agrupaciones políticas y las organizaciones sociales, culturales, sindicales y de derechos humanos que acompañan las políticas del kirchnerismo. Los festejos seguirán el 26, 27 y 28 de mayo en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Hacia esa ciudad marchó Néstor Kirchner, dos días después de haber asumido el cargo de presidente. Los docentes de la provincia llevaban tres meses sin cobrar el sueldo. Kirchner logró destrabar el conflicto. La figura de Cristina Fernández —al igual que en su momento la de Néstor Kircher– desata sentimientos encendidos y encontrados. La polarización actual en torno a la presidenta resume apoyos y rechazos a su gobierno, su estilo, su género. Quienes la defienden sienten que Cristina encarna un proyecto “nacional y popular”, en línea con el primer peronismo (1946-1955) y con otros gobiernos de centro-izquierda en la región. Los que la atacan no terminan de acuñar una figura con capacidad y liderazgo que pueda disputarle el centro de la escena. La oposición se encarna así, principalmente, en las denuncias y los reclamos de los multimedios, que acusan al gobierno de corrupción, de atacar la “prensa independiente”, de disfrazar la tasa de inflación y tratar de someter al Poder Judicial. Estos consorcios —con fuerte llegada a los sectores económicos altos y medios— se beneficiaron de su apoyo a la última dictadura militar (1976-1983) y al gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Su credibilidad es cuestionada por buena parte de la sociedad. Néstor Kirchner y Cristina Fernández remontaron con gran éxito la crisis de representatividad de la clase política argentina, sintetizada por el reclamo extendido durante y después del estallido social de 2001: “Que se vayan todos”. El modelo K presenta disrupciones y continuidades con la matriz neoliberal heredada. Todos los indicadores sociales mejoraron a lo largo de la década. Y las clases dominantes han sido las mayores beneficiarias del enorme crecimiento económico experimentado en dicho periodo. “El gobierno no goza de la voluntad política e ideológica de las clases dominantes que siguen atadas al discurso hegemónico de las últimas cuatro décadas, que por simpleza de vocabulario llamo neoliberal”, explica a Proceso el doctor en Ciencias Sociales Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, con sede en Buenos Aires. “El cambio político operado por el kirchnerismo, aunque no necesariamente de paradigma económico, no cae bien a las clases dominantes tradicionales”, sostiene. “Esos sectores económicos, aunque estén ganando mucho dinero, critican las políticas oficiales”. Pingüino Néstor Kirchner, que debía a sus facciones y su procedencia patagónica el apodo de Pingüino, asumió la primera magistratura de Argentina el 25 de mayo de 2003. Kirchner no llegó a ganar las elecciones presidenciales. En la primera vuelta recogió apenas 22% de los votos, siendo superado por el expresidente Carlos Menem (1989-1999), que obtuvo 24%. De cara al balotaje (segunda vuelta), sin embargo, las encuestas daban ganador a Kirchner por amplio margen. Menem prefirió retirarse de la contienda antes que enfrentar una derrota. Días antes de que Kirchner asumiera la Presidencia, la alta aristocracia de Argentina, a través de José Claudio Escribano, un alto ejecutivo del diario La Nación, le extendió un revelador pliego de condiciones: Alineamiento automático con Estados Unidos. Encuentro con el embajador estadunidense y con los grandes empresarios. Condena a Cuba. Reivindicación de la guerra sucia. Medidas excepcionales para combatir la criminalidad. “Usted y yo tenemos visiones distintas del país”, habría contestado Kirchner: “Como es difícil que podamos ponernos de acuerdo, sería importante tratarnos con respeto.” Como para no dejar lugar a dudas, el 21 de agosto de 2003, el Congreso derogó, a instancias del presidente Kirchner, las leyes de Obediencia debida y Punto final, que mantenían impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Néstor Kirchner asumió como política de Estado esta aspiración de los organismos de derechos humanos y de buena parte de la sociedad argentina. De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de los Derechos Humanos, entre 2007 y marzo de 2013 hubo mil 459 condenas en el marco de estas causas. Al mes de marzo de este año hay 788 personas detenidas: 59.4% en unidades penitenciarias y 37,7% con prisión domiciliaria. Kirchner protagonizó otro gesto de alto impacto el 24 de marzo de 2004. Ese día, en que se cumplía el 28 aniversario del golpe de Estado de 1976, el presidente hizo descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de la Nación. Desde la oposición se reprocha a Néstor y Cristina Kirchner demostrar un interés en la materia que no habían tenido durante los años de plomo. Julio Gambina, por su parte, advierte claroscuros en la política de derechos humanos del Gobierno. “Los juicios son producto de la lucha social por los derechos humanos de variadas organizaciones y del conjunto de la sociedad, que mantiene la presión por el juicio y castigo”, sostiene. “El gobierno acompañó esos procesos junto al establecimiento de la ley antiterrorista y la judicialización del conflicto social”, objeta. Gambina se refiere a la aprobación de la Ley Antiterrorista impulsada por el kirchnerismo, en diciembre de 2011, a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establecido en 1989 por el G-7 (las siete naciones más ricas del mundo) para combatir el lavado de dinero. “En algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos”, advirtió Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, frente a Radio Nacional de Córdoba (23/11/2011). Otro de los problemas acuciantes que ha tenido que enfrentar el kirchnerismo es el de la deuda externa, que había entrado en cese de pagos en diciembre de 2001. El 14 de enero de 2005, el gobierno abrió uno de los canjes de deuda más abultados de la historia, consiguiendo una aceptación de 76% de los acreedores, con una quita estimada en 63 mil millones de dólares. El porcentaje de aceptación se elevó a 93% en 2010, tras la segunda apertura del canje. En la actualidad, el gobierno lidia en los Tribunales de Nueva York, EU, contra los “fondos buitres”. Estos hedge funds poseen aún 7% de los bonos de la deuda pública argentina. Reestatización Néstor Kirchner denunció incansablemente a los organismos multilaterales de crédito como cómplices de la crisis terminal que sacudió a Argentina. El 13 de diciembre de 2005, el país saldó los 9 mil 810 millones de dólares que adeudaba al Fondo Monetario Internacional (FMI). Se liberó de este modo de las revisiones anuales a las que dicho organismo sometía a la economía argentina. Desde el establishment y los grandes medios se critica al gobierno por no haber podido regresar al mercado internacional de crédito. Desde el sector opuesto se critica la falta de auditoría sobre la deuda externa y la permanencia del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la cual Argentina debe someterse a las decisiones de esta institución del Banco Mundial cada vez que tiene un diferendo con alguna empresa multinacional. También en política exterior el kirchnerismo ha delineado un rumbo propio. Los reclamos por la soberanía argentina de las islas Malvinas se hacen oír en todos los foros internacionales, a favor o en contra. El alineamiento incondicional con EU se resquebrajó. La relación bilateral entre ambos países es muy buena, según admiten diplomáticos de ambos países. Se acabaron, eso sí, las “relaciones carnales” que preconizaba Guido di Tella, ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem. La expresión alimentó sátiras y caricaturas que tenían al excanciller por incómodo protagonista. En noviembre de 2005, durante la IV Cumbre de Presidentes de América, celebrada en la ciudad de Mar del Plata, el presidente argentino lideró junto a sus pares brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y venezolano, Hugo Chávez, el entierro de la aspiración estadunidense de crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La apertura política y económica hacia los países vecinos se intensificó notablemente. Néstor Kirchner fue uno de los principales impulsores de la Unasur, la Unión de Naciones Suramericanas, constituida en 2008. El ex presidente argentino ocupó el cargo de secretario general de la Unasur desde mayo de 2010 hasta su muerte, en octubre de ese año. La sede permanente de la entidad, que se construye cerca de Quito, en Ecuador, llevará por nombre “Néstor Kirchner”. El kirchnerismo revirtió parcialmente la ola privatizadora emprendida durante la década neoliberal. En marzo de 2006, Kirchner anuló por decreto la concesión del servicio de agua, en manos de la francesa Aguas Argentinas, creando una empresa estatal. En noviembre de 2008, ya bajo la presidencia de Cristina, se reestatizó la administración de los fondos previsionales y el sistema de jubilación. En diciembre del mismo año, el Estado se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas, empresa que fuera saqueada durante la gestión privada a cargo de la española Iberia. El proceso de reestatización se continuó en abril de 2012 con la petrolera YPF, en manos de Repsol. Se acusó a la empresa española de destinar las utilidades para expandirse globalmente, descuidando la inversión y el desarrollo en Argentina. A partir de 2010, el país ha tenido que volver a importar petróleo y gas por una cifra que supera los 10 mil millones de dólares anuales. Herencia Al gobierno le gusta confrontar sus logros con la herencia que recibió de los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003). La precarización del mercado laboral impuesta durante estos mandatos llevó el índice de desempleo a 21,5% (mayo de 2002) y el de pobreza a 57,5% (octubre 2002). La informalidad laboral registró su pico histórico (49,1%) en el tercer trimestre de 2003. Con el fin de reactivar la economía, el kirchnerismo alentó una fortísima política de subsidios para la producción, el transporte, el consumo energético, con el fin de beneficiar a los sectores de bajos ingresos. Se mantuvo un tipo de cambio administrado y alto, que generó un fuerte superávit comercial y de divisas. El PIB argentino tuvo un crecimiento anual promedio de 7,2% entre 2003 y 2012, y se estima que crecerá 3,5% en 2013. Los adjudicatarios de las privatizaciones hechas en los 90 recibieron subsidios millonarios con el fin de mantener bajas las tarifas y la economía en movimiento. La deficiente prestación de los servicios concesionados también se mantuvo. El 22 de febrero de 2012, una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra la cabecera del andén en la Estación Once, en Buenos Aires, provocando 50 muertes y alrededor de 700 heridos. Desde la oposición se denunciaron prácticas corruptas para eludir controles. La justicia ha procesado a funcionarios del área de Transporte y ejecutivos de la empresa concesionaria. De acuerdo con los datos oficiales, el índice de desempleo alcanza hoy a 6,9% de la población económicamente activa. La tasa de pobreza se redujo a 5,4%. Mientras que la expansión del empleo en esta década ha registrado tasas no conocidas en la historia económica argentina, los salarios son bajos y se mantiene una elevada precariedad laboral (33.6%). De aquí se desprende que gran parte de la riqueza que se crea socialmente es apropiada por los sectores más ricos de la economía. El boom de la construcción que se vivió en Argentina en la última década no benefició a las clases bajas. La cantidad de villas de emergenca y de sus pobladores ha aumentado en la última década, constata Raquel Rolnik, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Vivienda Adecuada, en un informe del 6 marzo de 2012. A causa del crecimiento económico, el valor de la tierra y de los alquileres —que se orienta por los ingresos del sector de más alto poder adquisitivo— se disparó muy por encima de los salarios. Para los sectores más bajos, el acceso a la vivienda se ha tornado inaccesible. El kirchnerismo hizo avanzar los Convenios Colectivos de Trabajo. También pactó durante años con los burócratas sindicales, los llamados “Gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT), para asegurar la gobernabilidad. El asesinato del militante Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, puso de relieve la “tercerización” de la economía, que trajo consigo el proceso de privatización de los 90, con el fin de disminuir costos y fragmentar a los trabajadores. Uno de los “Gordos” de la CGT, José Pedraza, dirigente histórico de la Unión Ferroviaria, manejaba empresas que lucraban con la “tercerización”, ofreciendo a los ferrocarriles mano de obra barata y quedándose con la diferencia. Pedraza fue condenado a 15 años de prisión en abril de 2013. Se le consideró autor intelectual del asesinato del joven, producido durante una manifestación de trabajadores del ferrocarril que reclamaban que se les incorporara a la planta permanente. El kirchnerismo se congratula por haber recuperado para la política decisiones que durante la década de los 90 eran tomadas por el mercado. “Siempre es el Estado el que aplica la política, no el mercado”, refuta Julio Gambina. “En los 90 hubo una legislación que favoreció a la reestructuración regresiva del Estado, la economía y la sociedad. Su esencia se mantiene en esta década. No hay reversiones de las privatizaciones ni de la concentración económica y la extranjerización de la economía.” Gambina sostiene que los grandes beneficiarios de la evolución económica en estos diez años son “el sector vinculado a la soya, los sectores de la megaminería a cielo abierto, las terminales automotrices, tres casos en los que el capital es mayoritariamente externo”. Cristina Cristina asumió en diciembre de 2007 su primer mandato después de ganar las elecciones con 45% de los votos. En marzo de 2008 se hizo pública la Resolución 125, que fijaba retenciones móviles a la exportación de productos agropecuarios, básicamente de la soya y sus derivados. Las entidades que representan al agro realizaron un lockout patronal (un paro de labores empresarial) con bloqueos de carreteras, lo que produjo desabastecimiento en las ciudades. Argentina dedica hoy 19 millones de hectáreas al cultivo de soya con el fin abastecer el mercado de “biocombustibles” y forrajes en Europa y China. “Es una política que empezó con Menem y continua agravada en el presente”, resume Julio Gambina. El monocultivo de soya transgénica requiere de una extensa aplicación de agroquímicos. Se estima que en 2012 los campos argentinos fueron rociados con 340 millones de litros de estos plaguicidas y fertilizantes. Los daños a la salud y el medio ambiente han sido largamente denunciados por grupos ecologistas y estudios académicos. En las zonas de producción de soya se constata el aumento de casos de cáncer y malformaciones congénitas. El Estado argentino calla frente a los perjuicios sanitarios, ambientales y sociales que conlleva este modelo de producción agrícola. El silencio es igualmente estruendoso entre los grandes multimedios de comunicación. El gobierno proyecta, a través del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020, extender aún más la superficie sembrada. Durante el virulento conflicto entre el gobierno y el “campo”, el Grupo Clarin —el conglomerado de medios más grande de Sudamérica— se puso del lado del “campo”. Desde entonces, la relación entre el Gobierno y Clarín es de guerra abierta. En octubre de 2009, el Congreso Nacional, a instancias de la presidenta, sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El cumplimiento efectivo de dos artículos de esta ley de carácter antimonopólico obligaría al Grupo Clarín a desprenderse de buena parte de sus licencias y sus activos. El 17 de abril de 2013, el holding obtuvo un fallo favorable de la Cámara Civil y Comercial Federal. Finalmente será la Corte Suprema de Justicia la que dirima la disputa. El Grupo Clarín factura anualmente 6 mil 700 millones de dólares —2 mil millones de dólares más que Televisa—, de acuerdo con datos de 2010. Posee 301 empresas de televisión por cable, televisión abierta, radios, diarios, portales web, editoriales, distribución de libros, imprentas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Clarín de haber crecido de manera meteórica durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), tras haberse quedado de manera espuria con Papel Prensa, la mayor fábrica de papel de diarios de Argentina. Desde los medios afectados se presenta la Ley de Medios como “inconstitucional” y como un ataque a la “prensa independiente”. El kirchnerismo ha avalado algunas leyes de claro signo progresista. La Asignación Universal por Hijo (2009) es un subsidio al que pueden acceder todos los niños cuyos padres no tienen un trabajo registrado o están desocupados. La Ley de Matrimonio Igualitario, de 2010, permite el casamiento civil de personas del mismo sexo. En 2012 se sancionaron las leyes de Muerte Digna y de Identidad de Género. Cristina fue reelecta en el cargo, en 2011, con 54% de los votos. El segundo en las preferencias, el socialdemócrata Hermes Binner, consiguió apenas 18%. A falta de candidatos que puedan aglutinar a los descontentos, y a tono con la prédica de los multimedios, en Buenos Aires y otras ciudades grandes de Argentina se han llevado a cabo diferentes convocatorias. Los manifestantes han batido sus cacerolas y se han expresado contra una eventual “re-reelección” de la primera mandataria en 2015, contra “la corrupción”, “la inseguridad”, “la inflación”, “el cepo cambiario”, “el uso abusivo de la cadena nacional”, entre otras consignas. La inflación es un talón de Aquiles del gobierno. Mientras que para el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de 2012 ascendió a 10.8%, para consultoras y universidades privadas la cifra superó 25%. Las discrepancias en las mediciones comenzaron cuando el organismo fue intervenido por el gobierno en 2007. El acuerdo de precios realizado entre febrero y mayo de este año, y un segundo congelamiento que el gobierno impulsa desde junio hasta las elecciones legislativas de octubre, han sido un reconocimiento implícito de un problema que el gobierno niega en público. El Grupo Clarín, a través de su periodista estrella, Jorge Lanata, ha acusado a Lázaro Báez, un empresario muy allegado a Néstor y Cristina Kirchner, de sacar del país millonarias sumas de dinero con destino a paraísos fiscales. También ha acusado al fallecido expresidente Kirchner de haber hecho transportar bolsos llenos de dinero hacia una bóveda que los Kirchner habrían hecho construir en la casa de descanso en la provincia de Santa Cruz. La calidad de las pruebas exhibidas hasta ahora no muestra mucha consistencia. El gobierno, por su parte, ha dado luz verde a una investigación por lavado de dinero, que involucra a los más altos ejecutivos del Grupo Clarín, y que fuera denunciada por Hernán Arbizu, expresidente de J.P. Morgan en Argentina. La justicia ha quedado como árbitro de la disputa. Tanto el gobierno como Clarín se han acusado mutuamente de cooptar o presionar a magistrados. En mayo de 2013, el Congreso aprobó un paquete de leyes cuyo objetivo es la “democratización de la justicia”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusa a la corporación judicial de defender los intereses del Grupo Clarín, evitando así que este enorme multimedios cumpla con la ley antimonopolios sancionada en 2009. También fustigó a los jueces que impidieron al Estado recuperar el predio donde la Sociedad Rural Argentina realiza sus exposiciones. Al igual que con el monocultivo de soya, los medios opositores no fustigan al Gobierno por apoyar la megaminería. La minería a cielo abierto es una actividad altamente contaminante, que consume gran cantidad de agua, casi no genera empleo, deja al fisco sólo un porcentaje ínfimo de sus inmensas ganancias y, a los lugareños, los pasivos ambientales. A partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, el gobierno nacional restringió severamente el uso de la represión policial en marchas y actos de protesta social. El gobierno guarda silencio, sin embargo, cada vez que los gobiernos provinciales responden con represión policial y persecución judicial a quienes reclaman contra las mineras.