MÉXICO, D.F. (apro).- Las empresas chinas de telecomunicaciones, en especial Huawei, enfrentan un momento ambivalente: negocios boyantes en regiones como Latinoamérica y, al mismo tiempo, fuertes señalamientos en países como Estados, Unidos, Gran Bretaña y Australia. El revés más reciente se escenificó en el Parlamento británico, cuyo Comité de Inteligencia y Seguridad, presidido por el diputado sir Malcolm Rifkind, que elaboró en junio último el informe Participación extranjera en la Infraestructura Nacional Crítica. Las implicaciones para la seguridad nacional. El documento, consultado por Apro, plantea que el Reino Unido no ha hecho lo suficiente para garantizar que el equipo tecnológico fabricado por empresas extranjeras, en particular Huawei, no represente una amenaza para dicha infraestructura nacional crítica. “La mayoría de temores alrededor de Huawei se refiere a sus supuestos vínculos con el Estado chino. China es sospechosa de ser uno de los principales autores de ataques cibernéticos estatales, que se concentran en espionaje y la obtención de información. En este contexto, los supuestos vínculos entre Huawei y el Estado chino son preocupantes, pues generan sospechas sobre si las intenciones de Huawei son estrictamente comerciales o políticas”, cita el texto, de 29 páginas. El reporte concluye en que “parece que la sospecha considerable con la cual los políticos tanto en Estados Unidos como en Australia continúan apreciando que Huawei predomina principalmente por la supuesta influencia del Estado chino, la cual, desde su punto de vista, hace de Huawei un riesgo para la seguridad”. Huawei Technologies Company fue fundada en 1987 por Ren Zhengfei, exoficial del Ejército Popular de Liberación. Una de sus especialidades es el tendido de la infraestructura para la tecnología Evolución de Largo Plazo (LTE por sus siglas inglesas), el estándar para redes inalámbricas de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales. A pesar de los señalamientos, la compañía ha podido operar libremente en América Latina. En Ecuador, el proveedor de infraestructura LTE es Huawei. Colombia cuenta con el apoyo de Huawei, la también china ZTE y la sueca Ericsson para conducir las pruebas de su red de cuarta generación, lo que ocurre de manera similar en República Dominicana. En octubre de 2012 el Comité Especial Permanente de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos fustigó a Huawei y ZTE por sus prácticas en territorio de este país. En su Reporte de investigación sobre asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos  planteados por las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y ZTE, del 8 de octubre de ese año y revisado por Apro, el Comité resaltó que “ninguna de ellas fue transparente con información detallada sobre sus relaciones formales o interacción regulatoria con las autoridades chinas”. “Huawei, en particular, falló en proveer de información sobre su estructura corporativa, historia, propiedad, operaciones, arreglos financieros o administración”, sostiene el informe de 60 páginas, cuya elaboración fue encabezada por los representantes Mike Rogers y Dutch Ruppersberger. El Comité concluyó en que Estados Unidos debe ver con suspicacia la penetración continuada en su mercado de telecomunicaciones por parte de empresas chinas y recomendó que “el Comité sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos debe bloquear adquisiciones, compras o alianzas que involucren Huawei y ZTE, dada la amenaza” a los intereses de seguridad nacional de ese país. En marzo de 2012 el gobierno australiano decidió excluir a esa corporación de su Red Nacional de Banda Ancha, propiedad del gobierno. La corporación ha rechazado las acusaciones y ha defendido su independencia frente al régimen chino.   Competencia anulada Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones, enfatiza a Apro que “el tema sea de espionaje, y no de desplazar a la competencia china frente a la norteamericana. Es imposible no despejar suspicacias” ante las conclusiones estadunidense y británicas y recalcó: “Habría que preguntarnos qué tanto se trata de proteger a la industria estadunidense frente a la extranjera, que es muy competitiva”. En varios foros, Huawei ha defendido el desarrollo de la banda ancha, una manera de justificar también sus negocios. En su intervención “Análisis del impacto socioeconómico en la asignación de 700 MHz” durante la XXI Reunión del Comité Consultivo Permanente II de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones escenificada en la ciudad colombiana de Cali del 8 al 12 de abril de este año, Huawei Technologies de México expuso que “la banda ancha universal puede mejorar los servicios al mismo tiempo que reduce costos. Por ejemplo: se pueden introducir las tabletas a las escuelas, lo que genera ahorros en la impresión y distribución de manuales, mejora el desempeño de los estudiantes en los exámenes y resulta en un uso más eficiente del tiempo de los profesores y de otros recursos educativos. En términos de salud pública, la banda ancha puede resultar en que más personas tengan acceso al conocimiento médico, consultas remotas y menores costos por paciente”. La empresa también identificó oportunidades en áreas como la vigilancia de seguridad pública, banca, control de tráfico, gestión energética y una mayor transparencia gubernamental. En la Segunda Conferencia Internacional del Espectro, realizada en México en octubre de 2012, Huawei defendió la nueva tecnología. En su presentación “Usando LTE para desarrollar aplicaciones de banda ancha que contribuyen a la sociedad” del 16 de octubre de ese año, Manuel Vexler, gerente de mercadotecnia de IMS/NGN (Internet Multimedia Subsystem/Next Generation Networks), expuso que LTE determina el uso de banda ancha móvil en servicios sociales y de seguridad y reduce el costo por bite a través de eficiencia mejorada del espectro. En ese mismo foro participó también Patrick Kaiser, director de Mercadotecnia de Productos Móbiles de Huawei en Estados Unidos, con el tema “Planeación fronteriza entre México y Estados Unidos de 700 MHz y APT”. Ambos países tienen un memorándum de entendimiento sobre coordinación de políticas en telecomunicaciones y seguridad transfronteriza. El 19 de septiembre de 2012 el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones recomendó al gobierno la adopción del estándar Asia-Pacífico (ATP, por sus siglas en inglés) para la banda de 700 MHz, en contraposición con el esquema USA 700, utilizado también en Canadá. Ambos presentan diferencias fundamentales, pues el segundo destina 74 MHz para uso comercial y 34 MHz para la seguridad nacional, mientras que el primero reserva dos bloques para banda ancha. Instalada en México a inicios de la década pasada, Huawei es proveedora de equipos de todas las compañías de telefonía celular en el país, donde en 2012 vendió unos 800 millones de dólares. En las cortes de Estados Unidos la empresa china y sus filiales locales enfrentan desde 2012 al menos 26 demandas por violaciones de patentes, precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el Comité de la Cámara de Representantes. En México Javier Tejado Dondé, fundador y consejero del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, prendió una voz de alarma en la columna “¿Espionaje a EU desde México?”, publicada el 23 de julio en el diario Reforma. “A Huawei no la han dejado entrar a Estados Unidos por riesgos de espionaje y la red que va a construir el gobierno mexicano le daría su siguiente mejor opción: cubrir la frontera sur de ese país en la misma frecuencia que los servicios de emergencia norteamericanos y a tiro de pájaro de la base naval de San Diego, que alberga a la flota norteamericana del Pacífico y que se encargaría de cualquier conflicto en la región asiática”, argumentó el también director de información de Televisa.