BOGOTÁ (apro).- El fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, dijo hoy que su país debe plantearse la posibilidad de sacrificar que se imparta justicia plena en los crímenes de lesa humanidad que hayan cometido los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a fin de alcanzar la paz con esa guerrilla. Al participar en un foro sobre víctimas del conflicto armado interno, organizado por la editora general del diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo, Montealegre planteó la conveniencia de que los guerrilleros desmovilizados tras un eventual acuerdo de paz con el gobierno puedan recibir penas alternativas de prisión, como trabajo comunitario, incluso en los casos en que hayan cometido crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos. “Lo que tenemos que hacer aquí es una ponderación del costo-beneficio, no en términos económicos, sino en términos de protección de derechos humanos. Si bien hay un sacrificio, una restricción de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ¿cuál es la ganancia en materia de democracia y derechos fundamentales para el país? La desarticulación de los grupos armados al margen de la ley, la superación por la vía del diálogo de un conflicto que tiene más de 50 años”, señaló el fiscal general. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC desarrollan en La Habana una negociación política que busca poner fin a un conflicto armado interno que se ha prolongado durante 50 años y que ha dejado 218 mil muertos, 25 mil desapariciones forzadas y 5.7 millones de desplazados, equivalentes a 12% de la población del país. Las partes, que instalaron la mesa de conversaciones en noviembre de 2012, están por concretar un acuerdo sobre el tema “Drogas ilícitas”, punto número cuatro de la agenda, y enseguida procederán a debatir el asunto que se considera más polémico y difícil de resolver de toda la negociación: víctimas y reparación, frente al cual la derecha colombiana acusa al presidente Juan Manuel Santos de pretender un pacto de impunidad con las FARC porque les permitiría a los jefes guerrilleros pagar con penas alternativas a la prisión los crímenes de guerra que hayan cometido. Para el fiscal Montealegre, las penas alternativas representarían un sacrificio en términos de justicia para las víctimas, pero Colombia debe preguntarse “si no es más poderoso para el Estado desarticular las organizaciones que han cometido graves violaciones a los derechos humanos que producir sentencias (penales) individuales”. El funcionario recordó que la guerra interna en Colombia ha producido más de 6 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos, desplazados y personas secuestradas, además de 300 mil graves violaciones a los derechos humanos. Montealegre consideró que las penas alternativas a guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, a las cuales se oponen también organismos de derechos humanos de Colombia y del exterior, se aplicarían luego de que los presuntos responsables de esos crímenes fueran sometidos a procesos penales, juzgados y sentenciados. “Desde luego, sólo se podría llegar a suspensión de condenas si hay una superación del conflicto armado”, subrayó. De acuerdo con el fiscal, “desde luego habría un costo, un costo en términos de justicia tradicional, en el sentido de que no va a existir pena privativa de la libertad y que van a crearse penas sustitutivas, pero ese es el costo, y los beneficios serían superar el conflicto”. El foro Víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación fue convocado por el diario El Tiempo y contó con la participación de víctimas del conflicto, juristas, dirigentes humanitarios y funcionarios públicos que coincidieron en la necesidad de que la mesa de negociaciones en La Habana reconozca los derechos de las víctimas. El director del diario, Roberto Pombo, dijo que los medios de comunicación están llamados a jugar un papel en el reconocimiento del país a las víctimas, dándoles voz y protagonismo, y en la construcción de la paz en un escenario de posconflicto tras un eventual acuerdo entre las partes. Las conclusiones del foro serán enviadas a los delegados del gobierno y a las FARC que protagonizan los diálogos de paz en la capital cubana, a fin de que las incorporen como insumo a ese proceso.