La vorágine represora de Erdogan

jueves, 15 de septiembre de 2016
El presidente turco emprendió una cruzada contra los periodistas y la libertad de expresión. A partir del fallido golpe de Estado de julio pasado, Tayyip Erdogan ha encarcelado a más de 100 periodistas y ha cerrado más de 100 medios de comunicación. Pero esto sólo es el capítulo más reciente de una tendencia que comenzó a mostrar en 2007. Ahora incluso se volteó contra el grupo que lo ayudó a construir su carrera, y pareciera que aprovecha la intentona militar para fortalecer su poder. Entre administrativos y periodistas, los empleados presentes en las instalaciones del diario Azadiya Welat eran 18. Además, había cinco visitantes, incluido un menor de edad. “Alguien” –no se sabe si era un agente gubernamental o un paseante, o siquiera si verdaderamente existe– consideró que tal reunión podría tener objetivos terroristas y dio aviso a las autoridades. La policía tomó el local y arrestó a todos los que halló, incluido el más joven. Mientras se investiga si la acusación es cierta, al diario recibió la orden de cesar su publicación. Eso sucedió el 29 de agosto, en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste de Turquía. Y el pasado viernes 2, dos voceadores que seguían vendiendo el periódico fueron arrestados porque su insistencia en trabajar generó “la fuerte sospecha” de que forman parte de una organización terrorista. Ya dos semanas antes, el 17 de agosto, el diario Ozgur Gundem había corrido la misma suerte. La policía detuvo a 24 de sus trabajadores. La Asociación de Periodistas Turcos denunció que los habían sometido a malos tratos. Eso no fue sorpresa para el medio de comunicación: Ozgur Gundem ha sido objeto de cierres varias veces en los años recientes y ahora estaba bajo amenaza por haber publicado un reportaje sobre un magistrado, con el título de portada “El juez de la corrupción”. En interiores, la pieza fue cabeceada “El juez más útil del régimen palaciego”. Y fue el protagonista de la historia, Bekir Altun, quien ordenó intervenir Ozgur Gundem y detener a sus empleados. Estos operativos forman parte de una ofensiva general contra el periodismo, que en un mes y medio ha llevado a 114 periodistas a prisión, a 2 mil 308 reporteros y trabajadores al desempleo, y al cierre de 102 medios: 45 periódicos, 16 canales de televisión, tres agencias de noticias, 23 estaciones de radio, 15 revistas y 29 casas editoriales. La situación es tan grave que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras denuncia que Turquía ha superado a China como el máximo carcelero de informadores, en tanto que el Comité para la Protección de Periodistas publica un blog semanal titulado Crónica de la Represión (periodística) en Turquía; la entrada del 4 de septiembre, por ejemplo, es una sucesión de encabezados como éstos: “Confiscan grabación de entrevista”, “Policía catea oficina de revista, detiene periodistas”, “Corte encarcela a cuatro”, “Policía cancela pasaporte a esposa de editor”, “Edificio de grupo de medios privado será ocupado por la radioemisora del gobierno”, “Detienen a dos periodistas rusos y su traductor”, “Dos periodistas en arresto domiciliario”, “Reportero encarcelado”, “Reporteros sufren abusos en la cárcel”… Persecución masiva Más allá de una insistencia tan férrea como intimidante, el gobierno turco todavía no ha presentado evidencias que demuestren que la comunidad Hizmet, la organización del clérigo musulmán moderado Fethullah Gülen, es la responsable de haber planeado el fallido intento de golpe militar del 15 de julio, en el que murieron 271 personas. El presidente Tayyip Erdogan, sin embargo, ha convertido la extradición de Gülen, que vive en Estados Unidos, en un asunto de Estado que ha tensado las relaciones con Washington. Ha lanzado, además, una persecución nacional masiva contra todas las personas que puedan tener relación con la comunidad Hizmet, sin importar que en la mayoría de los casos sea improbable que hayan tenido que ver con la intentona. Decenas de miles de presos comunes han sido liberados para que ocupen su lugar los nuevos detenidos, alrededor de 40 mil. Muchos más han sido despedidos de sus trabajos. Con métodos que han sido comparados con los del Opus Dei, y basándose en una red de miles de escuelas que han formado a las élites conservadoras, los seguidores del clérigo tomaron posiciones en la administración pública, el poder judicial, la policía y el ejército, a lo largo de décadas. Gracias a ellos, el presidente Erdogan –entonces aliado de Gülen– pudo enfrentarse y vencer a la coalición de políticos laicos con militares que rigió el país desde que “el padre de la patria”, Mustafá Kemal Atatürk, fundó la república en 1923. Los jueces gülenistas montaron procesos contra oficiales y funcionarios públicos –y también contra periodistas–, acusándolos de conspiraciones para dar golpes de Estado. Parte de las pruebas, hoy se sabe, fueron falsificadas. La alianza entre Erdogan y Gülen se rompió en diciembre de 2013, justo cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa estaban en visita oficial en Turquía. En esa ocasión fiscales gülenistas lanzaron una operación contra una red de corrupción multimillonaria que involucraba al hijo de Erdogan y a varios de sus ministros. El mandatario turco respondió ordenando el despido masivo de jueces, fiscales y policías sospechosos de formar parte de la comunidad Hizmet. A ojos del presidente, sin embargo, la purga no cumplió sus objetivos y el golpe de julio pasado fue la revancha del clérigo exiliado. Fracasó. Y Erdogan decidió erradicar el gülenismo de raíz, cerrando sus escuelas y neutralizando de una forma u otra cualquier posible ramificación. Así incluyó a Hizmet en la triada de “enemigos del Estado”: la organización Estado Islámico, que ha perpetrado varios atentados con bomba que han dejado decenas de muertos en Turquía (y que ha conquistado partes de Siria e Irak); el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), una guerrilla que desde hace 30 años lucha por la autonomía de la población kurda; y lo que él ha llamado –sin ofrecer pruebas de su existencia– la Organización Terrorista Fethullah (FETÖ, por sus siglas en turco). Es difícil imaginar cómo puede trabajar una administración pública que, en pocas semanas reemplaza a sus empleados y funcionarios por otros sin experiencia y exigiéndoles, como único requisito, ser fieles al oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo. Hacia finales de agosto, no obstante, la agencia Reuters calculaba que habían echado a unas 80 mil personas. Censura generalizada Ni los periódicos Ozgur Gundem y Azadiya Welat, ni otros medios como la agencia DIHA, tienen que ver con Fethullah Gülen. Son próximos, en cambio, a la comunidad kurda. Las operaciones en su contra, de todos modos, son justificadas con el argumento de la lucha contra el terrorismo. En realidad, el “estado de emergencia” impuesto a raíz del fallido golpe de Estado ha servido como pretexto para “suprimir la diversidad y el disenso”, según una misión de organismos internacionales que salió del país por Estambul el martes 6, encabezada por Artículo XIX e integrada también por Reporteros Sin Fronteras, la Federación Europea de Periodistas, PEN International y varios capítulos PEN de países del norte de Europa, entre otras. En los tres días que el grupo estuvo en Turquía, fueron detenidos 15 reporteros, lo que elevó la cifra total a 114. Las acusaciones de pertenecer al movimiento gülenista o de tener vínculos con el golpe de Estado “ocurren sin la presentación de ninguna evidencia individualizada de involucramiento en un acto criminal”, anota el primer reporte de la misión. “Además”, continúa, “el decreto (de emergencia) es utilizado para detener arbitrariamente a periodistas que no tienen absolutamente ningún vínculo con el movimiento gülenista, incluidos muchos representantes de la oposición y de grupos minoritarios”. El grupo señaló que la policía detiene a los periodistas por días sin presentarles cargos ni darles acceso a un abogado ni a sus familias; son sometidos a golpizas y mantenidos en celdas atascadas y sin acceso a medicamentos. Todo esto “ha creado una atmósfera de autocensura generalizada”, concluye el texto. Bülent Kenes fue editor del influyente diario en lengua inglesa Daily’s Zaman, que formaba parte del Feza Media Group, que controlaba televisoras, radioemisoras y el periódico turco Zaman, uno de los mayores. En marzo, cuatro meses antes del golpe, un juez puso el grupo bajo el control de interventores gubernamentales. Ordenó que se hiciera lo mismo con el Koza-Ipek Media Group, que poseía los diarios Bugün y Millet, y los canales Bugün TV y Kanaltürk. El lunes 5, la gubernamental Corporación Turca de Radio y Televisión anunció que ocupará el moderno edificio del Feza Media Group porque es “muy adecuado” para instalar sus oficinas, y que utilizará el equipo y el mobiliario de ambos grupos mediáticos. En ese edificio trabajaba Bülent Kenes cuando era intocable: Zaman era la voz más poderosa del gülenismo y por más de una década, mientras duró la alianza con Erdogan, Kenes ordenaba reportajes que golpeaban a los enemigos del régimen y escribía artículos para defender los actos de Erdogan y destrozar a sus críticos. A sus antiguos aliados, Erdogan hoy los llama terroristas. Para explicar su larga y estrecha relación con ellos, ahora sólo dice que fue un error, a pesar de que sin su apoyo no habría podido ni alcanzar el poder ni retenerlo frente a la amenaza del ejército. Es una contradicción que no limita sus acciones: además de llamarlos de esa forma, los trata como si en verdad lo fueran. Tampoco los ahora perseguidos son capaces de justificar la naturaleza de su respaldo a Erdogan, tan eficaz a la hora del juego sucio e ilegal. Bülent Kenes ha pasado a la clandestinidad para evitar la cárcel. En las semanas recientes, la policía ha entrado a su casa en dos ocasiones. “No sé cuándo podré regresar”, le dijo al periódico financiero Wall Street Journal, según publicó éste en su edición del martes 6. “Me anularon el pasaporte, he tenido que ir (escondiéndome) de casa en casa, yo creo que las cosas sólo se pondrán peor”. Aunque la represión contra los periodistas ha alcanzado niveles extraordinarios en estos meses, en realidad empezó por lo menos desde 2007, cuando Erdogan era primer ministro, siempre con el apoyo de los jueces y los medios gülenistas. En 2008 rompió con otro de sus aliados, Aydin Dogan, dueño del grupo mediático Dogan Holding (que tenía el periódico Hürriyet y el canal CNN Türk), al que el año siguiente acusó de evasión fiscal y le impuso una multa de 2 mil 500 millones de dólares, casi el valor total de las empresas. Desde Today’s Zaman, se consideró que la ofensiva fue justificada. “La verdad no nos dimos cuenta de las verdaderas intenciones de Erdogan”, le dijo Bülent Kenes al Wall Street Journal, al admitir que debió haber defendido a sus colegas periodistas frente a los ataques del gobierno. “Cuando veo mi historia, me critico por no haber mostrado más simpatía por sus casos”. Los jueces gülenistas tuvieron en la cárcel, por más de un año, al periodista de investigación Ahmet Sik, por publicar un libro sobre la infiltración de la comunidad Hizmet en la policía. Muchos de los juristas que lo enviaron a prisión duermen hoy en ella, al igual que varios de los periodistas que en aquel momento apoyaron el proceso en su contra. “Lo que les hacen a los medios de Gülen me lo hicieron a mí ayer y te lo harán a ti mañana”, reflexionó Sik en charla con el diario británico The Guardian (29 de agosto). “Por eso es importante que siempre defendamos la libertad de expresión”.

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