VALPARAÍSO (apro).- La confrontación que mantiene el Pueblo Mapuche en contra del Estado chileno y las empresas forestales, que ocupan y explotan su ancestral territorio –el Wallmapu–, ha vivido este último mes momentos álgidos que han reflotado en los medios el debate político e histórico relativo a las causas de este centenario conflicto. La reciente huelga de hambre de la Machi Francisca Linconao ayudó a desbloquear en los medios este conflicto, en el que se combina la represión policial con la rebeldía mapuche, la que se expresa en los cada vez más repetidos atentados incendiarios contra intereses empresariales. Para mejor comprender las claves de este tema, entrevistamos a dos de los principales referentes del pueblo mapuche: el periodista, escritor y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Pedro Cayuqueo; y a Daniel Melinao, werken (vocero) de la aguerrida comunidad Wente Winkul Mapu, ubicada en la comuna de Ercilla (Región de La Araucanía). “No existe voluntad de diálogo” Pedro Cayuqueo, que el 2013 obtuvo el Premio al Periodismo Iberoamericano Samuel Chavkin otorgado por la Universidad de Nueva York, y que fue director fundador del hoy extinto periódico Azkintuwe, expresa que “el caso de la machi Francisca Linconao se inscribe en una política de criminalización de la protesta social mapuche, cuyo inicio, en tanto política de Estado, podríamos situar en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)”. Cayuqueo, que es autor de Esa ruca llamada Chile (Catalonia 2014), recuerda que fue bajo esa administración que se comenzó a utilizar la Ley Antiterrorista “traspasándose al ministerio del Interior la ‘carpeta mapuche’, hasta entonces situada en el ministerio de Desarrollo Social y en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)”. Sostiene que entonces “se pasa de un abordaje social, en que los indígenas son vistos como población pobre beneficiaria de programas de desarrollo, a un abordaje de seguridad pública, en que son considerados como una amenaza terrorista". Añade Cayuqueo: “A partir de entonces, el tratamiento del conflicto político pendiente entre el Estado y las naciones originarias, la mapuche en particular, es aquel de la criminalización de la protesta social, de la persecución de sus liderazgos y del uso de leyes de excepción para contener al movimiento mapuche”. En ese sentido, afirma que el caso de la machi Linconao “no difiere mucho de otros que han llamado la atención de la comunidad internacional en años anteriores”. Estima que el asesinato del matrimonio de los Luchsinger-Mackay, que asume como un delito grave, “bien podría ser investigado por la ley común, sin embargo, es calificado como ‘acto terrorista’ y es usado como excusa para encarcelar a dirigentes sociales y una autoridad religiosa mapuche cuya responsabilidad en el crimen es del todo dudosa”. Afirma que este episodio “es una prueba más de la continuidad de una política de Estado que desde 2001 a la fecha se mantiene inalterable: la política de criminalización de la protesta indígena en Chile”. Cayuqueo, que actualmente dirige el periódico Mapuche Times, afirma que “esta política de criminalización mapuche” que califica como “impresentable en democracia e inconducente en cualquier régimen de gobierno”, ha tenido como principal consecuencia “un incremento de la violencia política mapuche”. En relación con esto, manifiesta “que el aumento de acciones de sabotaje, los enfrentamientos con la fuerza pública y rudimentarias formas de lucha armada dan cuenta de un escenario que se agrava en el tiempo”. Aporta un dato para consolidar su relato: “Si al año 2001 la violencia política era reivindicada como método de lucha solo por una organización mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) –en la que él militó entre 1998 y el 2000-, ahora hay al menos cinco grupos que la asumen como un camino válido, uno de ellos Weichan Auka Mapu, formado en 2016 y cuyo blanco predilecto han sido los ataques a iglesias en la zona sur”. “Es innegable que este escenario actual donde la violencia política gana legitimidad como método de lucha, es claramente en respuesta a la violencia estatal y al impune accionar policial en zonas rurales”. Cayuqueo da cuenta “que la evolución de estos grupos ha sido casi de manual: zonas militarizadas, caracterizadas por el abuso policial y el encarcelamiento de dirigentes, donde militantes jóvenes radicalizan su accionar primero para la autodefensa de sus comunidades y luego dan el paso hacia la propaganda armada”. Asegura que, para poner fin a este ciclo de la violencia, la receta es el “diálogo político: no existen atajos. Lo han señalado la mayoría de los sectores mapuche organizados, incluso la CAM propuso una ‘tregua’ al Estado en 2016, pero no existe voluntad política del actual gobierno en abordar con visión estratégica el problema. Y ello redundará, me temo, en más violencia y drama humano en los próximos meses”. Cayuqueo subraya que el movimiento mapuche, desde hace un siglo, ha empleado dos estrategias de lucha política: “Por un lado, las institucionales, es decir, la lucha político electoral y las demandas al Estado por más y mejores políticas públicas. Y por otro, las extra institucionales, caracterizadas por la protesta social y la desobediencia civil pacífica”. “Esta dualidad de estrategias de lucha se mantiene hoy, con la diferencia que la protesta social de los años 60 o 70, incluso en tiempos de la dictadura militar, eminentemente pacífica y de autodefensa, hoy adquiere en algunas zonas como Ercilla, Vilcún, Tirúa y Lleulleu un tono de mayor radicalidad y violencia en la praxis”. Asegura que “este salto en la praxis política, que puede ser también un salto al vacío, no me niego a esa posibilidad, va acompañado también de un salto y una maduración en el discurso ideológico mapuche”. Lo explica: “hoy, conceptos como autodeterminación y autonomía están presentes de manera transversal en el movimiento mapuche”. En la misma línea, hace notar que la reivindicación por la "tierra" ha dado paso a una reivindicación del "territorio". Asegura que “hoy estos conceptos cruzan desde las organizaciones que apuestan por la vía institucional, como por ejemplo los alcaldes mapuche que gobiernan hoy nueve comunas en Wallmapu, hasta los sectores más anti sistémicos o rupturistas”. Concluye en este sentido que “el gran salto cualitativo del movimiento mapuche en la última década ha sido pasar de la demanda social por ‘desarrollo con identidad’ y beneficios sociales diferenciados, a la utopía nacional mapuche y el sueño del autogobierno”. Aduce que este “es un salto ideológico sin precedentes y prueba irrefutable del fracaso de las políticas de asimilación y chilenización de nuestro pueblo impulsadas por el Estado”. Cayuqueo manifiesta “como intelectual mapuche y militante de la causa de mi pueblo” que “ve con preocupación la negligencia de los gobiernos para buscar una salida política al conflicto”, pero comprende “que son grandes intereses económicos los que están en juego” partiendo “por el capital nacional y trasnacional vinculado a las grandes madereras”. Expresa Cayuqueo que “hoy la lucha mapuche cuestiona no solo el patrimonio territorial de esos grupos económicos –que tienen sobre el millón y medio de hectáreas de bosques artificiales en el Wallmapu, más del doble que todos los mapuche- sino también el propio modelo económico neoliberal, extractivista, que sostiene y da viabilidad a esa industria”. Estima además que “la autoafirmación nacional mapuche” y los discursos de autodeterminación y autonomía “van en directa ruta de colisión con esta fantasía del Estado-Nación que hemos heredado del siglo XIX”. Se refiere al “Chile blanco, descendiente de europeos, monocultural y ‘sin indios’ que Domingo Faustino Sarmiento, Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña Mackenna teorizaron casi como destino manifiesto”. En síntesis, señala: “hoy las dos grandes batallas del movimiento mapuche son: el cuestionamiento del modelo económico neoliberal y del modelo de Estado y de sociedad racista que heredamos del siglo XIX. En torno al futuro de esta nuestra lucha no puedo sino ser un optimista”. “Todas las formas de lucha son válidas” Daniel Melinao es uno de los dirigentes mapuches más perseguidos por el Estado. Esto se debe fundamentalmente a la radicalidad con la que su comunidad Wente Winkul Mapu ha enfrentado al Estado y a las empresas forestales en la lucha por la recuperación del territorio. Actualmente cumple condena de prisión domiciliaria nocturna (541 días) por su supuesta participación en el ataque incendiario contra el retén Chol Chol de Carabineros, verificado el 2 de octubre de 2014. Antes había sido inculpado por el supuesto asesinato del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, quien murió durante un allanamiento de la Wente Winkul Mapu, el 2 de abril de 2013, hecho por el cual fue absuelto en los dos juicios que se le hicieron por dicho caso. “Los distintos gobiernos de Chile no han tenido ni la capacidad ni la voluntad política de resolver un problema que nace de un derecho legítimo que tenemos las comunidades mapuches, de reclamar las tierras que nos han sido usurpadas. Claramente han tomado un camino equivocado”, asegura. Fundamenta: “Cuando nosotros demandamos los territorios que están en manos de empresas forestales y latifundistas, la única respuesta del Estado es la represión, la aplicación de ley antiterrorista y militarización de la zona mapuche”. Afirma que la mejor expresión de ese proceder es la instalación –en 2016- de una base policiaco-militar en Pailahueque (Ercilla), que fue construida sobre un liceo que hasta 2013 formaba a mapuche como técnicos y que tiene capacidad para atender el trabajo de hasta mil agentes. Allí opera actualmente la recién creada Zona Especial de Control de Orden Público, dedicada única y exclusivamente a la represión de los mapuche. Acusa que su pueblo ha sido históricamente discriminado y despojado de sus tierras. “Las empresas forestales vinieron a plantar en el patio de nuestras casas. Ni siquiera respetaron nuestros cementerios”. Consultado respecto a cuál es la aspiración central del pueblo mapuche, respondió: “La demanda concreta ya no es por arreglo de caminos ni por viviendas, lo que estamos pidiendo es la devolución del territorio y también el derecho a la autonomía y a la libre determinación. En relación con las acciones de sabotaje y ataques incendiarios perpetrados por mapuche radicalizados, expresó que “las comunidades siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, a conversar. Pero el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las demandas del pueblo mapuche”. Expresó que en ese contexto “todas las acciones de resistencia que se realizan son válidas”.