MADRID (apro).— Al anunciar el recurso de inconstitucionalidad que el gobierno de España presentó hoy contra la Ley y la convocatoria para el referéndum de Cataluña, el presidente Mariano Rajoy enfatizó que “no se va a celebrar ese referéndum de autodeterminación ilegal”. “Esa consulta, por más que se pretenda imponer de una manera atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. Ni el gobierno ni los tribunales pueden tolerarla bajo ningún concepto”, dijo y añadió que “la convocatoria supone un claro acto de desobediencia a las instituciones”. Exigió al gobierno catalán que preside Carles Puigdemont, que “no sigan avanzando al precipicio institucional”, que “abandonen esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el estado de derecho no se va a plegar a sus bravatas”, dijo en una larga comparecencia ante la prensa, luego de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que tomó la decisión de impugnar la ley. Pidió al gobierno de Cataluña que “dejen de forzar la voluntad de la gente” y que “no liquiden sus propias instituciones”. “La imagen que dio ayer el Parlament” de Cataluña, con la aprobación de la ley del referéndum del 1 de octubre, dijo, “es uno de los mayores golpes que ha sufrido Cataluña en toda su historia. Renuncien a imponer por las bravas aquello que no logran ganar democráticamente”. Lanzó un mensaje de tranquilidad a los funcionarios catalanes, a los que –dijo—no se les puede obligar a cometer un acto ilegal, en alusión a los funcionarios del gobierno regional y alcaldes que se busca implicar en la organización del referéndum. El recurso ante el Tribunal Constitucional es contra la inconstitucionalidad de la ley, impugna el decreto de convocatoria a la cita electoral que firmó Puigdemont y el decreto para la designación de los miembros de la Signatura Electoral. A través de la Abogacía del Estado, el gobierno español pidió que en el fallo del TC se notifique personalmente a Puigdemont, a todos los miembros de su gabinete relacionados con la organización del referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña. Se prevé que esa notificación también se envíe a altos directivos de los medios de comunicación públicos de Cataluña, para que se evite la propaganda del referéndum. Poco antes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció la presentación de otra querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum. También anunció otras querellas criminales contra los miembros de la Mesa del “Parlament” catalán, por hacer el trámite legislativo de una ley que la fiscalía considera ilegal, con base en las sentencias precias dictadas por el Tribunal Constitucional. El fiscal Maza dio instrucciones a las fiscalías catalanas que investiguen tres posibles delitos en la organización del referéndum, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. “Igualmente se van a cursar las órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos preparados para la celebrar el referéndum ilegal”, dijo. Mientras tanto, el “Parlament” catalán celebra hoy su sesión en la que se inscribió la llamada ley de desconexión, con la cual se busca normar el proceso para independizarse de España, en caso que en el referéndum gane el sí a la creación de una nueva república catalana.