QUITO, Ecuador (proceso.com.mx).- Todos los pronósticos anunciaban para Lenín Moreno una oposición intransigente, belicosa y cargada de tensiones, al ser el “heredero” de Rafael Correa. Ocurrió todo lo contrario. A pesar de ello ha tenido tres vicepresidentes en su haber. Ninguno de ellos le ha sumado popularidad ni estabilidad. Al ganar la segunda vuelta electoral en abril de 2017, Moreno tuvo una reñida disputa con su rival, el banquero Guillermo Lasso, que devino en una coalición de derechas, socialdemocracias e izquierdas en contra del candidato oficial de Alianza PAIS. El resultado fue estrecho: Moreno 51,16% y Lasso 48,84%. Con ese escenario la oposición se preparó para una arremetida bajo el libreto que había usado en contra de Correa durante los diez años de su mandato: lidiar por “ampliar las libertades” y derogar la Ley de Comunicación, eliminar los decretos a favor de un modelo más estatista de la economía (entre ellos el impuesto a las herencias y de la plusvalía) y combatir la corrupción, como una bandera de lucha que se había configurado a través de varias denuncias contra personajes y autoridades públicas. La respuesta de Moreno, enfática en cada intervención, fue que su gobierno sería de “mano extendida” y también dejó entrever que corregiría algunas de las políticas públicas de su antecesor. La oposición no le creyó hasta que empezó a tomar medidas y distancias con Correa. La primera fue denunciar que no le habían dejado la “mesa servida” y, por el contrario, Ecuador afrontaba graves dificultades económicas. Al mismo tiempo convocó a un proceso de diálogo nacional que empezó por reunirse con todos esos sectores que se habían opuesto febrilmente a Correa: los banqueros, los dueños de los medios de comunicación, empresarios, grupos gremiales y sociales. Con todos ellos cambió el enfoque político y puso en agenda otro relato que, de a poco, lo encumbró en las encuestas. A su vez, Correa y sus seguidores tomaron distancia y algunos se separaron del gobierno. Con este panorama, incluso la denominación de Revolución Ciudadana desapareció de la publicidad y del discurso oficial de Moreno y de la mayoría de sus ministros. El eslogan pasó a ser “El gobierno de todos”. Con Correa rompió contacto y desde el 12 de junio no se volvieron a ver ni a conversar. Un mes después el exmandatario partió para Bruselas, donde reside desde ese mes del 2017. Los ataques mutuos no cesan hasta ahora y esto condujo a la división de su partido (Alianza PAIS) que ha dado lugar a una nueva realidad electoral, en la que ninguna de las facciones tendría éxito en las elecciones municipales del 2019. “Perseguido político” En Ecuador, el binomio presidencial es determinante en la búsqueda de candidatos, así como en la misma gestión gubernamental. De hecho, los movimientos políticos definen la dupla electoral en función de las posibilidades regionales, de género y de vinculación a determinado sector económico o social. Cuando asumió la Presidencia del Ecuador, el 24 de mayo de 2017, el mandatario andino llegó de la mano de Jorge Glas Espinel, un vicepresidente reelecto (fue compañero de papeleta de votación con Correa en 2013), con un peso político específico en las provincias costeras de su país, por haber dirigido la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto de abril de 2016. Al mismo tiempo con una férrea oposición de la derecha nacional, un ataque virulento de algunos medios de comunicación y con cierta resistencia dentro de su propio partido. La razón: sobre él pesaban sospechas de corrupción por los contratos en las mayores obras de infraestructura, como hidroeléctricas y, los llamados por Correa, proyectos estratégicos para el cambio de la matriz productiva. Algunos de esos contratos fueron adjudicados a la empresa brasileña Odebrecht. Tras una campaña mediática muy fuerte, señalando responsabilidades en supuestos actos de corrupción contra Glas, Moreno tomó distancia de su vicepresidente, aún cuando en un encuentro de ministros le pidió que se concentrara en sus labores. De todos modos ya se sentía el enfriamiento de las relaciones y fue Glas quien el 2 de agosto de 2017 le envió una carta a Moreno, donde en lo fundamental dijo: “Sé a lo que me enfrento por denunciar de manera frontal lo que está pasando y la posible aplicación de un paquetazo (medidas económicas de tinte neoliberal) contra mi pueblo”. Y acotó: “Se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada”. Cerró con la siguiente denuncia: “Pero hoy se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucaram, al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país: la banca del Feriado Bancario, los malos empresarios acostumbrados a explotar a sus trabajadores, los de las barcazas, los que pretendían quebrar al Estado para privatizar y hacer grandes negocios, los seudo-sindicalistas acostumbrados a tener privilegios”. Tras esta carta, Moreno le retiró las funciones, la seguridad personal y hasta el uso de los vehículos oficiales. Todo terminó ahí entre los dos ganadores de la primera y segunda vuelta electoral. Glas fue acusado por la Fiscalía y el 3 de octubre fue detenido, tras la aceptación de la Asamblea de que sea procesado, como él mismo lo pidió bajo el argumento de que confiaba en la justicia y no tenía nada que temer. Posteriormente vino un largo y tortuoso camino judicial que lo condenó a seis años de prisión bajo la acusación de “asociación ilícita”, con el Código Penal de 2011, cuando los delitos supuestamente se habrían cometido cuando ya estaba en vigencia el nuevo Código, por el cual debería pagar una condena de cinco años máximo y con derecho a reclusión domiciliaria. Esto junto a lo que la defensa siempre señaló (que no hay una sola prueba que evidencie el cometimiento del delito por el cual es acusado) ha dado paso una serie de acciones políticas y legales en organismos internacionales para señalar a Glas como perseguido político, bajo los mismos argumentos con los cuales se denuncia los casos de Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. “Intereses oscuros” El nuevo vicepresidente del Ecuador, un radiodifusor y economista de 35 años, Otto Sonnenholzner, no es un completo desconocido en los medios de comunicación: en representación de los negocios de su familia (emisoras en la ciudad de Guayaquil) presidió la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, un gremio de dueños de medios de comunicación y fue uno de los más feroces opositores a la promulgación de una Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por Rafael Correa en junio de 2013. Y al mismo tiempo, está casado con la hija de uno de los hombres más ricos de Guayaquil y sus nexos familiares y económicos lo ubican en la zona de privilegios políticos y sociales de las clases altas ecuatorianas. Es él quien reemplazó desde el 10 de diciembre a María Alejandra Vicuña, quien ejercía el cargo desde el 6 de enero de 2018. Vicuña reemplazó a Glas tras el cese de sus funciones y estaba considerada una persona de izquierda, militante del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, anexo a Alianza PAIS. Por esa organización fue electa asambleísta en dos ocasiones en los años 2009 y 2013. Con Lenín Moreno ejerció el ministerio de Obras Públicas. Hija de un antiguo dirigente comunista, fue considerada por los medios privados y la derecha ecuatoriana como una “infiltrada” correísta en el gobierno de Moreno. Nunca aceptaron su designación y ella, para reducir la animadversión, tuvo acercamientos con los líderes de la derecha, pero sobre todo criticó a Correa en algunos foros. De poco le sirvió porque, “de la noche a la mañana”, como ella lo dijo, el 26 de noviembre de 2018 cambió su vida para siempre. Un reportaje desde un canal de televisión de un exbanquero de derecha, sin contar con su versión, mostraba la declaración juramentada del exasesor de Vicuña, Ángel Sagbay, cuando ella era asambleísta de Alianza PAIS, en los años, 2011, 2012 y 2013. En el documento, el excolaborador declaró haber depositado entre 300 y mil 400 dólares mensuales cuando laboraba en dos cargos distintos junto a Vicuña. Las consignaciones, según él, se hicieron a la cuenta del Banco de Machala, que tenía como titular a la exasambleísta. “Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasambleísta María Alejandra Vicuña como condición para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)", indica parte de la declaración. Vicuña negó el hecho y acusó a “intereses oscuros” de estar detrás de una componenda en su contra. Finalmente aceptó haber recibido el dinero y ratificó que era parte de la aportación a su movimiento y no que fue de forma obligada. Sus sospechas de una confabulación en su contra tuvieron cierta validez cuando algunos de los ministros de su mismo gobierno le pidieron dar un paso al costado, o al menos pedir una licencia sin sueldo para defenderse con independencia. Antes de agudizar más las disputas, renunció al cargo una semana después de iniciado el escándalo. Previamente, tal como ocurrió con Glas, Moreno le retiró sus funciones, que constitucionalmente tiene la potestad y frente a ello su destino estaba escrito. Y ahora afronta un proceso penal bajo la figura de concusión. Al despedirse manifestó: "Creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: ¡trabajo, reactivación productiva y generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución priorizando siempre a los más pobres! Y si bien, el presidente de la República me ha reiterado su cariño, entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa", decía parte del texto de la dimisión. A diferencia de los poderes y funciones otorgados en su momento a Glas y a Vicuña, ahora el nuevo vicepresidente Otto Sonnenholzner tiene a su cargo la “coordinación general” del gobierno, a su mando están los seis sectores estratégicos y en la práctica tiene mucha más responsabilidad administrativas y políticas que el mismo presidente Moreno. Para quienes hacen comentarios y análisis políticos en los principales medios de comunicación hay una sola teoría al respecto: por la situación de salud de Moreno (con discapacidad desde el año 1998) bien podría renunciar en los próximos meses, daría paso a la sucesión, pero a una persona de “entera” confianza de la prensa y de los grupos empresariales y de la derecha ecuatoriana, aliados del actual gobierno, para con ello dar por cerrado el proceso de “descorreización” del Ecuador. Mucho más cuando en diciembre se aplicaron algunas medidas económicas que anuncian protestas sociales y un escenario de incertidumbre política para el 2019.