VALPARAÍSO, Chile (apro).- Al mediodía del lunes el presidente derechista Sebastián Piñera materializó el cambio de gabinete anunciado el sábado 26, como respuesta a la crisis política derivada del estallido social ocasionado tras el alza de la tarifa del Metro de Santiago. “Chile cambió y el Gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos”, expresó Piñera -cuya aprobación se desplomó hasta alcanzar un 14%- tras el juramento de los nuevos ministros, verificado en ceremonia que tuvo lugar en el salón Montt Varas del palacio de La Moneda. Allí añadió: “nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos, que piden y merecen un Chile más justo y solidario, un Chile con más dignidad y sin abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y menos privilegios, y también un Chile más próspero y un Chile en paz”. Pese a estas palabras, Piñera dejó claro que insistirá en la “agenda social” dada a conocer el martes 22, que no tiene en cuenta la exigencia principal expresada en las masivas movilizaciones iniciadas el viernes 18: remplazar el modelo neoliberal consagrado en la Constitución Política actualmente vigente, dictada en 1980 por el régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Las modificaciones Piñera realizó modificaciones en ocho de los 24 ministerios. Entre los ministros que dejaron su cargo, destaca el jefe del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el primo hermano del presidente Andrés Chadwick Piñera. Este ha sido el más estrecho colaborador del mandatario, tanto en esta como en su anterior administración (2010-14), en la que ejerció como vocero de Gobierno. Con un amplio rechazo entre la ciudadanía, Chadwick es sindicado por sectores de oposición como uno de los principales responsables de la feroz represión desatada en todo el país, tras decretarse el Estado de Emergencia el viernes 18. Este estado de excepción constitucional, que se mantuvo hasta este domingo 27, implica entregar la seguridad a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -dado a conocer este sábado 26- durante el estado de emergencia fallecieron 20 personas, cinco de los cuales fueron ocasionadas por uniformados. Además, hubo 570 heridos por armas de fuego, 126 de ellas con lesiones oculares -la gran mayoría de ellos con pronóstico de pérdida de la vista de un ojo-; y 17 denuncias por abusos sexuales. En la inmensa mayoría de los casos los causantes de estas lesiones fueron militares o carabineros. Así también, tres mil 193 personas fueron detenidas, de las cuales 343 son niños. La represión descontrolada, que trajo a la memoria de la población los crímenes perpetrados en la dictadura militar de Augusto Pinochet, generó una ola de preocupación y rechazo, tanto en Chile como a nivel internacional. Expresión de esto último es el hecho que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció (el jueves 24) el envío a Chile de “una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, la que aún no tiene fecha de arribo. Human Right Watch también informó el envío de una comitiva especial mientras que ya llegó a Chile una misión de Amnistía Internacional. El rechazo a los atropellos contra las personas sumados a su bajísima aprobación como ministro de Interior -estimada en 5% por la consultora Activa Research- hicieron imposible a Piñera mantenerlo.

"Si he fallado pido disculpas porque lo único que he querido es servir a mi país", señaló Chadwick al despedirse de su cargo.

El nuevo jefe de gabinete es el ingeniero civil Gonzalo Blumel, que hasta la mañana del lunes ejercía como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y como tal estaba a cargo de la agenda legislativa del ejecutivo. De apariencia jovial, su presencia contrasta con el carácter seco y hasta violento de su antecesor. Haciendo eco de lo buscado con su imagen, el vespertino derechista La Segunda tituló este lunes 28 “Un estilo amable ante la crisis”, con foto a página completa de Blumel, rodeado de otros ministros. Sin embargo, el nombramiento de Blumel fue improvisado. En la mañana de este lunes ya se había preparado un decreto en que se nombraba como ministro de Interior al titular de Bienes Nacionales Felipe Ward. No obstante, al filtrarse su nombre a los medios comenzó a circular en redes una declaración -de 2013, al semanario The Clinic- en la que Ward sostenía que “los derechos humanos son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”. La revelación de estos dichos, hizo que Piñera ordenara (cuando la ceremonia de cambio de gabinete estaba por comenzar) nombrar a Blumel como ministro de Interior y trasladar a Ward a la Secretaría General de la Presidencia. Lo anterior da cuenta del nivel de improvisación de la actual administración y de la dificultad que tuvo Piñera para encontrar nombres de peso que estuvieran disponibles para acompañarle en este momento en que su aprobación se encuentra por los suelos e incluso su continuidad al mando del país está seriamente cuestionada. Blumel (41) milita en el derechista partido Evolución Política (Evopoli). Inició su actividad profesional hace poco más de tres lustros en la ultraconservadora Fundación Jaime Guzmán. Más tarde se vinculó al Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios que defiende las políticas neoliberales instauradas por Pinochet y consolidadas en la nunca concluida transición a la democracia, iniciada en 1990. Según señaló el santiaguino diario electrónico El Mostrador, tras conocer el cambio de mando “la presencia de Blumel en el puesto más importante del gabinete es una muestra del poder que detenta en La Moneda el jefe del Segundo Piso (donde operan asesores directos de Piñera)” Cristián Larroulet, “considerado un férreo defensor del modelo y un neoliberal ortodoxo”. Además de Chadwick, dejaron sus cargos ministeriales Felipe Larraín (Hacienda) y Juan Andrés Fontaine (Economía). Ambos no sólo estaban cuestionados por sus políticas económicas concentradoras de la riqueza, sino que también por las burlescas declaraciones emitidas previo al estallido social. Fontaine había sugerido un día después de comenzar la nueva tarifa de Metro -el lunes 7, en entrevista con CNN Chile- que “quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”. Aludía al hecho que hasta las 7 de la mañana se cobra tarifa levemente inferior que la de horario punta. Larraín, por su parte, había comentado por los mismos días, en relación a las constantes alzas de productos de la canasta básica, que el bajo precio de las flores -cuyo valor supuestamente había disminuido un 3%- representaban una excelente oportunidad para los “románticos”. En economía asumió Lucas Palacios, un hombre muy cercano a Piñera. Fue jefe de comando en su la campaña presidencial de 2017 y subsecretario de Obras Públicas, en su anterior administración. Y, pese a los reclamos ciudadanos respecto a la connivencia entre política y negocios, este economista tiene un pasado vinculado a empresas de rubros que ahora deberá regular. Entre 2004 y 2006 fue gerente de finanzas de la empresa pesquera Deep Sea Food. Debe considerarse que actualmente se debate en el Congreso Nacional un proyecto de ley con el que se busca anular la Ley de Pesca aprobada en el anterior mandato de Piñera, la que, como se ha podido comprobar, fue aprobada gracias a las coimas pagadas a parlamentarios por grandes empresas pesqueras beneficiadas con la citada normativa. A cargo de Hacienda estará el economista Ignacio Briones, hasta ahora decano de la Escuela de Gobierno de la universidad privada Adolfo Ibáñez. La actual ministra vocera de Gobierno Cecilia Pérez dejó su puesto a la intendenta de Santiago, la doctora Karla Rubilar, y pasó a ocupar la cartera de Deportes, desplazando a Pauline Kantor. Los que se quedaron Llamó mucho la atención el hecho que en el cambio de ministros no se incluyera a los encargados de Salud, Jaime Mañalich; de Agricultura, Antonio Walker; de Educación, Marcela Cubillos; de Transporte, Gloria Hutt; y de Defensa, Alberto Espina. Mañalich enfrenta el severo malestar de los trabajadores de la salud pública, que han denunciado el “abandono” de esta por parte del gobierno. Walker es un férreo defensor de la privatización del agua natural, establecida en la Constitución de 1980 y refrendada en el Código de Aguas, de 1981. No es para menos: él mismo ha sido denunciado de poseer -a través de diversas empresas- derechos de aprovechamiento de agua de 29 mil litros por segundo, que alcanzarían para proveer las necesidades básicas de 12 millones de personas. Cubillos, una de las protegidas del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán, fue mantenida en Educación pese a ser una promotora de la represión contra los estudiantes secundarios, a través de proyectos como “Aula Segura”, aprobado en el Congreso hace un año. Sin duda que el reciente estallido social es, en parte, heredero del malestar ocasionado entre los estudiantes ante la represión impulsada por Cubillos. Hutt fue sorpresivamente mantenida en sus funciones, pese a que su mal manejo de la crisis por el alza en el Metro detonó la emergencia que tiene al país convulsionado como pocas veces en su historia. El ministro Espina, uno de los halcones del gobierno de Piñera, fue mantenido por este en su cargo sin considerar la responsabilidad que le cabe en las muertes y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas militares en los diez días en que la seguridad del país fue confiada las Fuerzas Armadas. Reacciones El cambio de ministros fue severamente criticado en redes sociales por personeros de la oposición. La senadora democratacristiana por Atacama Yasna Provoste, expresó en Twitter: “Esto es más de lo mismo. Cuando uno ve los nombres que han rotado, el único rostro nuevo es el del ministro de Hacienda, que ha sido un defensor de bajarle los impuestos a los más ricos que es (contra) lo que hoy se manifiesta en la ciudadanía”. El alcalde de Recoleta y probable carta presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, manifestó en la misma red social que “este #CambioDeGabinete es una medida que no resuelve en nada la crisis profunda en la conducción del país. No se toca educación, salud ni transporte, donde se expresan y agudizan con descaro las desigualdades entre los chilenos y chilenas”.

El senador izquierdista Alejandro Navarro fue más allá en sus críticas asegurando que “los millones de chilenos y chilenas protestan contra la desigualdad, contra la corrupción, contra la evasión de impuestos, contra las colusiones, contra las continuas alzas, eso es lo que debe cambiar, pero el presidente Piñera aun no lo entiende. O no le importa”. Añadió: “entran nuevos jugadores a la cancha, pero es el mismo partido y lo está perdiendo por goleada. No basta con cambiar nombres, el pueblo demanda una Nueva Constitución. Es urgente que alguien le informe a Piñera que el proceso constituyente ya empezó”.

Como consigna en El Mercurio de Valparaíso de este martes 29, Navarro -que militó hasta hace un lustro en el Partido Socialista- manifestó que “Piñera no puede pretender que con un cambio de nombres nos olvidemos de los muertos, los torturados y la violación a los derechos humanos. Que lo sepa de una vez el presidente y que lo sepan también todos aquellos que han abusado y violado los derechos humanos; los vamos a perseguir toda la vida”, reiteró el senador. Remató: “¡Al que hay que cambiar es a Piñera!” En la “calle” también se hizo sentir el rechazo a este ajuste ministerial. Masivas manifestaciones se registraron la tarde del lunes. En Santiago estas convocaron a decenas de miles y concluyeron en la quema de un local de McDonald’s en pleno centro de la capital. Expresiones de la rebelión popular también se vivieron en caminos y ciudades de todo el país. En la centrosureña ciudad de Linares un grupo de manifestantes quemó una plaza de peajes. En la cordillera de la Región de Antofagasta los trabajadores de La Escondida -la mina de cobre más grande del mundo- iniciaron una huelga de 24 exigiendo al gobierno que solucione las demandas planteadas por la ciudadanía. Para este martes 29 se espera una masiva protesta frente a La Moneda, en la que se exigirá su renuncia. Todo apunta a que el curso político sugerido por Piñera con esta y otras medidas antes anunciadas, no está disminuyendo la caldera social iniciada el viernes 18. Recordemos que el martes 22 el jefe de Estado anunció una agenda social que, entre otras medidas, considera un aumento inmediato de 20% (26 dólares) en la pensión básica solidaria; y el incremento en 70 dólares (50 mil pesos) del Ingreso Mínimo Garantizado, el que alcanzará los 350 mil pesos mensuales para todo trabajador con jornada completa. Estas medidas en nada tocan los fundamentos del modelo e incluso implican más traspasos de fondos fiscales a grandes grupos económicos.