SANTIAGO (apro).- La ratificación de la participación de Chile en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) -mejor conocido como TPP11- está en duda. La oposición ciudadana es enorme y el Parlamento se ha hecho eco de este malestar: dos comisiones de la Cámara de Diputados recomendaron el martes 19 rechazarlo. De concretarse la marginación de este acuerdo, sería un severo golpe para sus principales promotores en Chile: el presidente Sebastián Piñera y su canciller Roberto Ampuero. Pero, fundamentalmente, lo sería para las grandes corporaciones que han diseñado y promovido este tratado. El TPP11 es continuador del Trans Pacific Parternship (TPP) con la única y gran diferencia que ahora lo componen once países, luego del retiro de Estados Unidos (EU). De ahí que sea conocido como TPP-11. La retirada de Washington de este pacto comercial y de inversiones se concretó el 23 de enero de 2017, mediante orden ejecutiva del recién asumido presidente Donald Trump. El CPTPP o TPP11, fue firmado en Santiago de Chile, el 8 de marzo de 2018, tres días antes que la presidenta Michelle Bachelet entregara la banda presidencial a Piñera. Ya entró en vigencia en los siete países que lo han ratificado: México, Canadá, Vietnam, Singapur, Japón, Canadá y Australia. No lo han refrendado Perú, Brunei, Malasia y Chile. Tras la autoexclusión de EU, el TPP11 se promovió –desde Chile- como un acuerdo amigable con la ciudadanía y el medio ambiente. De ahí su nombre “Integral y Progresista”. Pero pronto las organizaciones que se habían movilizado en contra del pacto que lo precedía, constataron que los cambios entre uno y otro eran más bien cosméticos. Prueba de esto es lo señalado por la entonces jefa de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) Paulina Nazal, el 23 de enero de 2017: “el CPTPP mantendrá, en su integridad, el contenido del TPP original”. El proyecto que aprueba este tratado fue enviado por Piñera al Congreso el 29 de octubre. Allí fue analizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que es presidida por el diputado del izquierdista Frente Amplio, Pablo Vidal. Este facilitó que acudieran a dicha comisión representantes de organizaciones que defienden los derechos digitales, la democratización del acceso a los remedios, defensores de las semillas, opositores del sistema privado de pensiones, muchos de los cuales actúan coordinados en la plataforma Chile mejor sin TLC. Aunque las argumentaciones de estos fueron omitidas por los grandes medios; estas comenzaron a hacerse fuertes en organizaciones de base, redes sociales y medios alternativos. En el nivel político, el emergente Frente Amplio (izquierda ciudadana y popular), con sus 20 diputados, dio desde un inicio respaldo a los opositores al TPP11. Con el fin de evitar que la oposición a este acuerdo creciera, el ejecutivo decidió apurar su tramitación legislativa. El 15 de enero le puso “suma urgencia” y un día después la Comisión de Relaciones Exteriores lo sometía a votación. El resultado: 10 votos a favor; dos en contra; y una abstención. De la oposición, sólo los parlamentarios del Frente Amplio (Vidal y Vlado Mirosevic) lo rechazaron. La diputada comunista (PC) Carmen Hertz se abstuvo; mientras que los socialistas (Jaime Toha y Jaime Naranjo), el radical Carlos Jarpa y el democratacristiano (DC) Manuel Matta dieron el “sí”. Por su parte, la derechista coalición Chile Vamos, lo apoyó en bloque y sin fisuras. Pero fue tras esta votación, que comenzó a funcionar con más fuerza la oposición ciudadana al TPP11. Paralelo a las protestas en Santiago, Valparaíso y otras ciudades, la ONG Equidad Chile implementó la web Lista Negra Parlamentaria que incitaba a la ciudadanía a comunicarse con sus parlamentarios para notificarlos que estaban siendo observados; y para advertirles que, si apoyaban el tratado, les harían contracampaña en las próximas elecciones parlamentarias, programadas para 2021. Esta campaña ha tenido una importante acogida. La debacle de la Cancillería La apertura del debate respecto de las consecuencias del TPP11; sumado a la presión ciudadana, derivaron en el inicio de un vuelco en el Congreso en relación con este tratado. Las primeras luces de esto fueron perceptibles el 5 de marzo, en la Comisión de Hacienda de los diputados. Al rechazo del Frente Amplio (diputado Giorgio Jackson) se sumó el del PC (Daniel Nuñez). Los diputados socialistas (Marcelo Schilling y Manuel Monsalve), por su parte, esta vez no lo apoyaron sino que se abstuvieron. Sin embargo, el resto de la oposición (DC, PPD, PR) seguía respaldando este tratado, al igual que toda la derecha. El 13 de marzo el TPP11 debía ser votado por el pleno de los diputados. Pero el Gobierno, temiendo ser derrotado, decidió postergar la definición y derivar el tratado a las comisiones de Agricultura y Trabajo. Esto, con el fin de convencer a los parlamentarios que evidenciaban haber cambiado de postura o que se mostraban indecisos. Pero consiguieron todo lo contrario: las salas del Congreso Nacional que acogieron -el lunes 18 y el martes 19- las sesiones de la Comisión de Agricultura, estaban atestadas por delegaciones campesinas, indígenas y de guardadores de semillas. Ellos, desde casi hace una década, se movilizan cada vez que desde el Poder Ejecutivo se trata de hacer que entre en vigencia el convenio UPOV 91 que privatiza las semillas, en favor de grandes consorcios internacionales. También estuvieron presentes en las mencionadas sesiones, representantes de las asociaciones de exportadores de frutas; y de empresas que comercializan semillas patentadas, entre otras. Pero esta vez el triunfo sería de los más sencillos. Esto, debido a que todos los diputados de oposición votaron “no” al TPP11 e incluso hubo dos de derecha que se abstuvieron. El resultado: 7 por el rechazo, 4 por la aprobación y dos abstenciones. Al terminar ese día, la Comisión de Trabajo también rechazaba el tratado (6 contra 6; y una abstención). Lo sucedido no es menor, puesto que nunca en la historia de los tratados de libre comercio (TLC) signados por Chile, alguno de estos había sido rechazado por una comisión parlamentaria. Y ese martes 19: dos de ellas lo impugnaban. El miércoles 20 era el día programado para la votación en el pleno de los diputados. Sin embargo, nuevamente se postergó la votación, la que quedó programada para el 2 de abril. Las mentiras de la Direcon Con el fin de conseguir aprobar el TPP11, la Cancillería a través de la Direcon, difundió el 15 de enero entre los diputados, una minuta en que refuta las críticas de los opositores al TPP11. El problema es que lo hizo con argumentos engañosos o derechamente falsos, como ha quedado en evidencia en el transcurso de los días. En la nota se afirma que “Chile no es usuario activo del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estado” y que “a la fecha sólo ha sido demandado una vez bajo este sistema en un TLC”. Sin embargo, Chile ha sido demandado al menos en cinco ocasiones ante este sistema. En cuatro de ellas, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y en una ocasión ante un tribunal dependiente de la ONU. Otra mentira contenida en la minuta de la Direcon –de 12 puntos y 7 carillas- dice relación con la orientación de los fallos de los tribunales arbitrales. “Respecto de la crítica general sobre el diseño del sistema en favor de los inversionistas, cabe indicar que las estadísticas internacionales han demostrado consistentemente que los tribunales bajo este sistema fallan la mayoría de las veces en favor del Estado”. No se citan fuentes para avalar esta afirmación. Sin embargo, investigaciones académicas coinciden en establecer que los dichos tribunales tienden claramente a favorecer a los inversionistas, en detrimento de los Estados. El estudio de “Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication (Parte II) de G. Van Harten, publicado en 2016, arroja que en un 72.5% de las resoluciones de controversias los árbitros han fallado en contra de los Estados. En el Punto 5 de la minuta, se resalta que los opositores al TPP-11 sostienen que este tratado “exigiría contar con un sistema de notificación al titular de la patente” de un remedio “para que recurra a los tribunales previo a la comercialización del producto”. Y en la aclaración de este aspecto, la Cancillería expresa: “Este sistema de publicación de solicitudes de permisos de comercialización, ya está implementado por el Instituto de Salud Pública (ISP) desde 2004 (Res. Exenta Nº 5572, 12.07.2004), que permite solucionar las diferencias por medio de la vía jurisdiccional” por lo que el TPP-11 no supondría “obligaciones distintas a las actualmente contenidas en la legislación vigente”. El presidente de la Fundación Equidad Chile, Tomas Lagomarsino, en entrevista con este corresponsal, refuta lo reseñado por la Cancillería.

“Actualmente, cualquier persona o laboratorio en Chile puede revisar las solicitudes de registro sanitario que se hacen en el ISP a través de un buscador y, en esto, tiene razón la DIRECON. Sin embargo, en cuanto a que no existen nuevas obligaciones, eso es falso”, dice.

Lagomarsino complementa sus dichos:

“En caso de aprobarse el TPP-11, además de la notificación, Chile deberá proveer un tiempo para que el laboratorio recurra a los tribunales previo a entregar el registro sanitario y, por tanto, que pueda ser distribuido en nuestro sistema de salud. Esta diferencia de tiempo podría llegar a varios años dependiendo de lo que se demore la Justicia en resolver. Esto implicará retrasar el tiempo de ingreso de medicamentos genéricos. Es por esto que el TPP11 sí exigirá mayores obligaciones para nuestro país, al contrario de lo que ha señalado DIRECON en su minuta”.

La simple lectura del artículo 18.53 del capítulo de Propiedad Intelectual del TPP11 no deja lugar a dudas sobre este Punto. El jefe de la Direcon, Rodrigo Yáñez, concedió la tarde del miércoles 20 una entrevista -a Radio Duna- que es muy indicativa del estado de ánimo que reinaba en el ejecutivo, tras las derrotas en las comisiones de Trabajo y Agricultura. Saliéndose del tono protocolar que suelen tener los funcionarios de Cancillería, Yañez arremetió:

“Gran parte de la Nueva Mayoría (coalición de centroizquierda que congrega al PC, PS, PR, DC y PPD) está renegando de una política de Estado que durante 30 años ha traído enormes beneficios […] el avance que hemos tenido en las últimas décadas, con todo lo que nos falta, se debe al sector exportador como motor de desarrollo”.

En la entrevista acusó al Frente Amplio de “estar en contra de esta política de estado que ha tenido Chile en torno al libre comercio”. Yáñez, destacó en la entrevista que entre los firmantes del TPP11 está México, destacando que su presidente Andrés Manuel López Obrador “ha celebrado y ha continuado la política del anterior gobierno de México” en relación con el TPP11. Pero esto tampoco es verdad: el 14 de marzo el jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo, dio a conocer que el gobierno mexicano revisará el TPP11. “Lo vamos a estudiar para ver cómo afecta, y si tenemos que hacer algún ajuste dentro del marco legal, lo haremos”. Razones del rechazo

“Si hubieran tenido una actitud un poco más dialogante con los diputados, en vez de esa actitud arrogante y acelerada, no habrían generado en tantos de ellos una sensación de que alguien les estaba tratando de pasar gato por liebre”. Es lo que señaló en entrevista con Apro el Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Hassan Akram.

Este dice que la manera en que la Cancillería ha defendido el tratado “ha sido nefasta” para sus propios propósitos:“en vez de entrar en un diálogo abierto con los críticos; de tratar de entender sus argumentos y rebatirlos con seriedad, hicieron una campaña de desprestigio y sistemáticamente han mentido acerca de lo que estos dicen”. Según Akram –que expuso en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Agricultura de los diputados- este proceder “dio más fuerza a los que están en contra del tratado puesto que fácilmente pudieron demostrar que lo que dice el gobierno sobre las críticas son malas respuestas”. La vocera de la Plataforma Chile mejor sin TLC la periodista Lucía Sepúlveda expresó -en entrevista- que la presión social ejercida desde los distintos territorios y por diversos sectores sociales, ha sido la clave en el creciente rechazo de los parlamentarios a este acuerdo. Sepúlveda asegura que junto a su organización continuaran presionando “para que los parlamentarios que aún dudan, sepan que en la próxima elección nadie olvidará a quién haya votado a favor de entregar a las grandes corporaciones transnacionales nuestra salud, las semillas y la soberanía”. De todos modos, Sepúlveda advierte que “está en marcha una maquinaria en que el gobierno y sus aliados en los medios de comunicación, los agronegocios, las farmacéuticas y las mineras se jugarán con todo para impedir el rechazo al TPP”.