CARACAS (apro).- Los masivos apagones que han paralizado a Venezuela durante la mayor parte de los días hábiles de este mes no sólo representan para millones de ciudadanos vivir a oscuras, sino también sin agua potable e incomunicados por el escaso transporte público y las fallas en la telefonía y el internet. Es como si el caos se estuviera convirtiendo en parte de la vida cotidiana y como si los venezolanos tuvieran que dedicar gran parte de su tiempo a resolver los estragos que les causa la falta de servicios básicos. Las largas filas de caraqueños que acuden con garrafones y cubetas a recolectar agua al cerro El Ávila y a los ríos que cruzan la ciudad se han convertido en escenas habituales. También las aglomeraciones en las paradas de los autobuses de transporte público, mientras el Metro está sin funcionar. Ante el malestar social que causa la vida cuesta arriba, el gobierno prefiere decretar asuetos para que los venezolanos se queden en sus casas o dispongan del tiempo necesario para buscar agua y comida. De hecho, sólo nueve de los primeros 27 días de este mes –la tercera parte-- han sido hábiles. El resto, han sido no laborables o decretados por el presidente Nicolás Maduro como asuetos. Primero, por las festividades de carnaval, el 4 y el 5 de marzo, y después por los dos masivos apagones, del 8 al 12 de marzo, y el martes y el miércoles de esta semana. Será hasta este jueves 28, en caso de que no haya una nueva falla en el sistema eléctrico, cuando se reanuden las actividades comerciales, productivas y escolares, aunque estas últimas suelen tardar más tiempo en normalizarse. El gobierno mantiene la tesis de que los cortes de energía se deben a “actos de sabotaje” contra el sistema eléctrico central cometidos por Estados Unidos en alianza con la “derecha” opositora venezolana. Maduro ha dicho que el masivo apagón del 7 de marzo, que se prolongó hasta el martes 12 y siguió causando estragos varios días después, se debió a sucesivos ataques “cibernéticos” y “electromagnéticos”. La noche del lunes 25, cuando Venezuela vivía su segundo apagón masivo en menos de un mes, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo el nuevo corte era producto de un “nuevo ataque de la derecha fascista” al sistema eléctrico central, en esta ocasión ejecutado con “herramientas electromagnéticas”. Pero después se hicieron públicas fotografías de un incendio en un transformador en el complejo hidroeléctrico de El Guri –que aporta el 80 por ciento de la energía a Venezuela— y el gobierno señaló que se trató de un ataque “terrorista” de saboteadores “al servicio de la derecha venezolana”. El diputado opositor Jorge Millán, integrante de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, dijo que según trabajadores de la estatal Corpoelec el transformador se incendió cuando ingenieros poco experimentados intentaban reestablecer el servicio. La verdad sobre los apagones también ha quedado atrapada en el terreno de la confrontación política entre el chavismo y la oposición que lidera el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. La verdad está tan eclipsada por la duda, que el segundo hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, dijo hace unos días en su programa de televisión “Con el mazo dando” que la versión oficial —la de los ataques cibernéticos y electromagnéticos al sistema eléctrico-- era “la verdad verdadera”, como si hubiera varios tipos de verdades. Es un hecho que miles de ingenieros y técnicos calificados han renunciado a Corpoelec en los dos últimos años para buscar mejores condiciones de vida en otros países, según ha reportado desde hace varios meses la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos. La semana pasada, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica convocó al cuerpo diplomático acreditado en Caracas para explicarle que desde hace tres años había denunciado la severa crisis que afronta el sector por falta de mantenimiento y por hechos de corrupción. En esa cita, diputados opositores dijeron que el desfalco en la estatal Corpoelec puede llegar a los 50 mil millones de dólares. El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cabas, ha sostenido que es imposible realizar un ataque cibernético al sistema eléctrico central de Venezuela, “porque es analógico y no digital”. Uno de los técnicos consultados por medios locales comentó que argumentar un ataque cibernético al sistema eléctrico venezolano era tanto como decir que se le puede hacer un ataque cibernético a un refrigerador. Desde octubre del año pasado, Cabas había advertido que la infraestructura eléctrica sufría una crisis estructural y que estaba al borde “del colapso”. De hecho, el apagón que se inició el 7 de marzo no sorprendió cuando se produjo, sino cuando comenzó a prologarse más allá de lo “normal”. Los cortes de energía eléctrica y de abastecimiento de agua potable en Venezuela son parte de la vida cotidiana. Pero nunca había pasado más de un día sin electricidad en todo el país. En esta oportunidad, la dimensión del desastre la dio el propio presidente Maduro cuando decretó el lunes 11 como día de asueto nacional “para terminar de restablecer el sistema” y, después, extendió la suspensión de actividades laborales hasta el miércoles 13. Es decir, Venezuela estuvo paralizada siete días como resultado de ese primer apagón masivo, y los niños regresaron a la escuela hasta el lunes 18. Un día después, varios estados del país volvieron a quedar a oscuras por un nuevo corte generalizado de energía. Y el lunes pasado ocurrió lo mismo en la gran mayoría de las regiones de Venezuela, con lo cual el gobierno decretó dos días de asueto que deberían concluir este jueves, siempre y cuando la falla sea reparada. El diputado José Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dice a Proceso que los daños económicos del corte eléctrico del 7 de marzo ascienden a unos 2mil millones de dólares, que equivalen a cerca del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. Y ese cálculo, indica el economista del opositor partido Primero Justicia, no incluye el costo de los saqueos de comercios y centros de abasto que se produjeron en diversas ciudades del país durante el prolongado apagón. Sólo la empresa La Polar, principal productora de alimentos, estimó en 5.6 millones de dólares los daños por saqueos y destrucción de equipos en sus plantas. Ese primero corte masivo de energía fue de tal magnitud sobre la vida de los venezolanos, que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo la semana pasada que el apagón agravó la severa crisis que vive el país en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos. La falta de energía, dijo Bachelet al presentar un informe sobre Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, redujo aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, “y también ha afectado gravemente a los hospitales”. “Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas”, señaló la alta comisionada, y dijo que el prolongado apagón simboliza los graves problemas de infraestructura que afronta el país. La oposición y gremios del sector salud han denunciado que durante el prolongado corte que se inició el 7 de marzo fallecieron decenas de niños y pacientes en los hospitales, que en la mayor parte de los casos carecen de plantas de energía. El gobierno rechazó en forma tajante que esto haya ocurrido. Pero cuando apenas se estaban cuantificando los daños del masivo corte, ocurre otro más que sumará más estragos sociales y económicos e intensificará, sin duda, el debate político. La cotidianidad cuesta arriba Los venezolanos, que mayoritariamente subsisten con salarios de 5.45 dólares al mes o con en el “rebusque” en el sector informal, están tan habituados a ir cuesta arriba en su vida cotidiana que los apagones y sus secuelas no los han sorprendido fuera de forma. Al producirse un corte de energía, todos sacan las velas y las lámparas de baterías que suelen tener a la mano por los reiterados cortes de luz. También tienen listos los garrafones y cubetas para recolectar agua en los ríos y arroyos que cruzan sus ciudades. “Estamos habituados al caos, y estos apagones son como un escalón más de una larga escalera de adversidades que hemos estado sufriendo durante años”, dice el sociólogo Ignacio Ávalos, quien considera que los cortes de energía y sus estragos son, precisamente, “la constatación del caos en que vivimos”. “Lo más sorprendente -afirma- es que a los ciudadanos ya no les sorprende nada”. Si no hay agua, es lo normal, si escasea el transporte público, es lo normal, si la comida no se puede comprar porque la hiperinflación se devora el salario, es lo normal y, si en esa normalidad caótica hay un corte de energía eléctrica que dura una semana, “pues ya no sorprende”. El ciudadano venezolano “está resignado a la adversidad porque la considera inevitable, y se ha vuelto muy resistente a ella”, asegura el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).