Internacional

Experto de ONU llama a actuar “con algo más que críticas” por construcciones israelíes en Palestina

De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 136 palestinos fueron desplazados a causa de las 76 propiedades palestinas derrumbadas en septiembre.
viernes, 30 de octubre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Michael Lynk, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamó a los países a actuar “con algo más que críticas” y hacer rendir cuentas al estado de Israel por la construcción de asentamientos en territorio palestino. 

Luego de darse a conocer que un comité de planificación del Ministerio de Defensa aprobó a principios de octubre los planes para la edificación de 4 mil 948 viviendas más en esos enclaves, Lynk advirtió que este hecho constituye una grave violación del derecho internacional.

"Mientras los asentamientos israelíes siguen devorando la tierra destinada al Estado palestino independiente, la comunidad internacional observa, a veces se opone, pero no actúa. Ha llegado el momento de rendir cuentas", destacó en un comunicado difundido por la ONU.

Lynk alertó que, con la concesión de este permiso de construcción, el gobierno israelí ha aprobado más de 12 mil 150 asentamientos este año, la cifra más elevada desde que el grupo de activistas Peace Now comenzó su conteo en 2012.

"Si bien Israel abandonó sus planes para la anexión de jure de los asentamientos en agosto, su anexión de facto del territorio palestino continúa a través de este implacable crecimiento de los asentamientos", expuso.

El experto resaltó que ambos tipos de anexión del territorio ocupado palestino representan “claras violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional”, y afirmó que la aceleración del número de asentamientos no hace más que empeorar la situación de los derechos humanos “ya de por sí precaria sobre el terreno”.

La ONU detalló que su Consejo de Seguridad se ha pronunciado sobre los asentamientos israelíes por lo menos en seis ocasiones, desde el año 1979, afirmando que son una "flagrante violación del derecho internacional" y que "no tienen validez jurídica".

En 2016, el Consejo aprobó la resolución 2334 para exigir a Israel el cese inmediato y completo “de todas las actividades de asentamiento", sin embargo, desde 2017 el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz del Oriente Medio informó al Consejo, en 14 ocasiones, que Israel no ha tomado ninguna medida para cumplir con esta obligación.

Lynk también expresó su preocupación por un reciente acuerdo para expandir la cooperación científica entre Israel y Estados Unidos que permitirá la financiación de proyectos en los asentamientos israelíes ilegales.

"Estas modificaciones de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos e Israel van en contra de la Resolución 2334, que pide a todos los Estados miembros que reconozcan la ilegalidad de los asentamientos y que distingan, en sus tratos pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967", subrayó.

Añadió: "Si el Consejo de Seguridad habla con autoridad, entonces la desobediencia de sus instrucciones debe tener consecuencias".

Mientras tanto, la aprobación acelerada de los asentamientos está provocando un incremento de las demoliciones israelíes de casas y propiedades palestinas. Según la organización palestina de derechos humanos Al-Haq, durante julio y agosto se demolieron 177 propiedades, cifra similar a las 186 destruidas durante la primera mitad del año. 

De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 136 palestinos fueron desplazados a causa de las 76 propiedades palestinas derrumbadas en septiembre.

Lynk recordó que las demoliciones también violan el derecho internacional humanitario y contribuyen a una “atmósfera coercitiva” en el territorio palestino ocupado.

"La rendición de cuentas debe estar en la agenda. Los productos de los asentamientos deben ser prohibidos en el mercado internacional. Se deben revisar los acuerdos --existentes y propuestos-- con Israel. Y apoyar la base de datos de la ONU y las investigaciones actuales en la Corte Penal Internacional ", concluyó el experto.