Colombia vive una etapa de violencia selectiva perpetrada por terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos –entre ellos, el ala más radical del gobernante partido Centro Democrático–, quienes aprovechan la pandemia para asesinar con impunidad a quienes les resultan incómodos. Sus principales blancos son exintegrantes de las FARC, líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Un informe reciente revela que este tipo de muertes se incrementaron 20% durante los primeros siete meses de este año, respecto a igual periodo de 2019. BOGOTÁ, Col. (Proceso).- En medio de la pandemia de covid-19, Colombia vive la peor etapa de un fenómeno de violencia sistemática y selectiva contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los victimarios –terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos– tienen dos objetivos en común: evitar que los acuerdos de paz con las FARC lleguen a los territorios y sembrar el terror entre los líderes comunitarios involucrados en su implementación. Sólo entre el 1 de enero de este 2020 y el pasado 26 de julio fueron asesinados 171 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, casi seis a la semana en promedio, cifra superior en 20% a la registrada en el periodo correspondiente de 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, entre el 1 de enero y el pasado 13 de julio, cayeron 36 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a vida civil. Más de cinco al mes, en promedio. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC han sido asesinados 219 exintegrantes de esa antigua guerrilla y 976 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. En el transcurso de este año, al menos uno de ellos ha muerto cada día, pese a que en el primer semestre de este año, como resultado de la parálisis de actividades por la pandemia, en Colombia se redujeron 14% los homicidios y el país registró su tasa más baja de ese delito en 46 años: 23.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, considera que el gobierno del presidente Iván Duque ha creado un “ambiente propicio” para que, en medio de la pandemia, continúe “esta masacre que tiene una caracterización política”. Ese ambiente, explica, se genera por el desinterés del gobierno y los obstáculos del gobernante partido Centro Democrático (CD) para aplicar los acuerdos de paz con las FARC. Duque y el CD –fundado por el expresidente Álvaro Uribe– hicieron de su oposición al pacto de paz con las FARC su principal bandera política. Y desde su llegada al poder, en agosto de 2018, han puesto toda clase de trabas para evitar cumplir los principales puntos de ese acuerdo, que puso fin a un conflicto armado interno de 52 años. El ala más radical del CD incluso prometió “hacer trizas” el pacto. [caption id="attachment_642142" align="aligncenter" width="881"] Duque. Ambiente propicio Foto: Xinhua/Jhon Paz[/caption] González Posso plantea que no es que exista un “centro asesino” que pague a todos los sicarios que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC: “pero sí hay una ideología que promueve la justicia a mano propia y el asesinato”, asegura. "Es una ideología que desconoce los acuerdos de paz y la justicia y que está por la continuidad de mecanismos armados para solucionar los conflictos”. Entonces, agrega, “esos discursos del odio repercuten en las regiones y propician el fenómeno de violencia sistemática y con patrones definidos contra los liderazgos locales que trabajan por los acuerdos”. El presidente de Indepaz dice que con los acuerdos emergió en los territorios un poder social, comunal, indígena y campesino “que es un obstáculo para grupos armados, para latifundistas, para políticos corruptos y choca con la orientación de la política del gobierno, que es fundamentalmente de ocupación territorial militar”.

Movilización virtual

En Colombia, las voces de alerta sobre el repunte de asesinatos de dirigentes comprometidos con la implementación de los acuerdos con las FARC provienen de la oposición, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, algunos líderes de opinión y el movimiento Defendamos la Paz, que aglutina a una amplia gama de dirigentes políticos, sociales, académicos, artistas y activistas humanitarios. El 26 de julio, ante la imposibilidad de realizar protestas presenciales por la emergencia sanitaria, Defendamos la Paz organizó una movilización virtual que incluyó una transmisión en vivo durante todo el día de documentales, testimonios, entrevistas, exhibiciones plásticas y presentación de informes sobre los homicidios. La consigna de la protesta –“El silencio ya no es una opción”– refleja, según los organizadores, “la decisión de sectores cada vez más amplios de colombianos de impedir que la masacre continúe invisibilizada y agazapada en medio de la pandemia de covid-19”. El mismo 26 de julio, un sicario asesinó al líder agrario José Arcila en el apartado caserío El Jaguar, municipio de Corinto, en el departamento de Cauca, donde se han registrado 229 homicidios de líderes sociales en los últimos cuatro años, más que en cualquier otra región del país. Dos días después, en el municipio de Patía, Cauca, la ambientalista afrocolombiana Yaneth Mosquera sobrevivió a un atentado explosivo, pues el artefacto que sus agresores lanzaron contra la vivienda donde pernoctaba golpeó en un vehículo estacionado afuera y estalló. Los mecanismos para sembrar el terror entre los dirigentes sociales no sólo incluyen el asesinato. El programa Somos Defensores documentó que en el primer trimestre de este año ocurrieron 14 atentados, ocho desapariciones forzadas, 115 amenazas y ocho detenciones arbitrarias –por parte de autoridades locales presuntamente coludidas con cacicazgos regionales– contra activistas humanitarios y líderes comunales. [caption id="attachment_642141" align="aligncenter" width="833"] Acuerdo de paz. Desmovilización bajo fuego Foto: AP/Fernando Vergara[/caption] Las víctimas de esas agresiones y homicidios eran hombres y mujeres que trabajaban por hacer valer decisiones judiciales sobre restitución de tierras robadas por terratenientes a comunidades campesinas o que promovían el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en las zonas cocaleras. Varios de los asesinados encabezaban movimientos indígenas o campesinos contra la minería ilegal por el desastre ambiental que ésta causa en zonas protegidas, o bien habían denunciado a políticos corruptos en apartadas zonas rurales en las que estos suelen tener a su servicio a las fuerzas del orden y a grupos criminales. Andrés Chica, líder social de Tierralta, quien huyó de la zona tras sufrir amenazas, dice que los asesinatos de dirigentes comunales se han recrudecido en la pandemia porque los terratenientes, los grupos narcoparamilitares y los políticos corruptos que lucran con los presupuestos para enfrentar la emergencia actúan hoy con mayor impunidad. “El crimen y la política van muy de la mano en las regiones y los narcoparamilitares tienen presencia entre congresistas” a quienes les financiaron sus campañas, sobre todo en la bandada del gobernante CD”, asegura Chica.

Informe preocupante

Un informe presentado el 27 de julio por Indepaz, el movimiento Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, que congrega a 15 organizaciones sociales, identifica como responsables de esta ola de homicidios a sicarios, narcoparamilitares, disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y se dedican a negocios ilícitos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de la fuerza pública. El informe documenta caso por caso y sus autores tienen presencia en todo el territorio nacional, en especial en las zonas más apartadas, donde ocurre la mayoría de las agresiones. Los grupos narcoparamilitares más activos son las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo, los Caparrapos y La Mafia, que tienen relaciones de negocios con los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Varios de ellos actúan en alianza con terratenientes que se niegan a restituir predios robados a campesinos, con políticos involucrados en casos de corrupción y actividades criminales y con caciques locales. Para el arzobispo de Cali, Óscar Darío Monsalve, la masacre de líderes sociales y exguerrilleros es parte de una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz que firmó con las FARC en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos. Para el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el asesinato reiterado de líderes sociales en Colombia no se ajusta a la definición de genocidio, pero muchos de los homicidios “constituyen crímenes de guerra porque son cometidos por actores del conflicto armado”, como las AGC, las disidencias de las FARC y el ELN. “Y todos estos homicidios constituyen gravísimos abusos frente a los cuales el gobierno colombiano tiene una obligación, conforme al derecho internacional, de tomar medidas para prevenir estos crímenes y asegurarse que los responsables sean llevados ante la justicia”, señala Vivanco. Según datos de la ONU, la tasa de impunidad en los casos de homicidios de dirigentes sociales se sitúa “en torno a 95%”; la Fiscalía General de la Nación, en cambio, afirma que ha aclarado 58% de los casos. Para González Posso el manejo de las estadísticas que ha hecho el gobierno sobre este fenómeno es “lamentable, pues lo que intenta es ocultar sus fallas en prevención, contención y no impunidad de los autores materiales y sobre todo intelectuales de estos crímenes”. El gobierno afirma que sólo hay 405 “casos confirmados” de asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos desde 2016 y que esos datos son los que reporta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Pero el propio exrelator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, ha dicho que esa cifra “no representa el universo total” de los homicidios, porque los informes son parciales y hay varios casos en proceso de verificación.

Gobierno con otros datos

El 20 de julio, al rendir ante el Congreso un informe de su segundo año de gestión, Duque aseguró que durante su gobierno se han reducido en 35% los homicidios de líderes sociales, lo cual no está sustentado en ninguno de los informes sobre el fenómeno. Por el contrario, según la base de datos de Indepaz, durante el gobierno de Duque (del 7 de agosto de 2018 al 15 de julio pasado) fueron asesinados 573 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25% más que en lapso igual del último tramo del gobierno de Santos. Para la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien está investigada por la Corte Suprema de Justicia por el presunto ingreso de dinero del paramilitarismo a su campaña al Congreso en 2002, la principal razón de los homicidios de líderes sociales es el control territorial que buscan ejercer grupos armados ilegales. Forst, en cambio, ha mencionado que el conflicto agrario está en el centro del problema y que miembros de “la policía y el ejército” se encuentran entre los perpetradores de los asesinatos. Según el exrelator, los mayores riesgos los corren los líderes sociales que defienden “el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente frente a los intereses de grupos criminales y actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales”. Luego del crudo diagnóstico de Forst, presentado en marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la ministra colombiana del Interior, Alicia Arango, afirmó que en su país son asesinadas más personas por robo de celulares que por ser líderes sociales. “No entiendo por qué tanto escándalo cuando lo que quiero decir es que en Colombia matan a mucha gente”, aseguró. La oficina local de la ONU señaló en un informe ante el Consejo de Seguridad del organismo, el 3 de julio, que la protección a la vida “está en primer lugar de las prioridades para la construcción de la paz en Colombia” y alertó sobre los asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en medio de la emergencia por covid-19. “La paz no puede ser otra víctima de la pandemia”, apunta el informe. Pero en Colombia no pasa un día sin que ocurra una agresión contra dirigentes sociales. La noche del 29 de julio un grupo armado mató en el resguardo indígena Ñambi Piedra Verde, suroccidente del país, al exgobernador del territorio, Fabio Alfonso Guanga. En el ataque, también fue asesinada la indígena Sonia Bisbicus, de 24 años, y dos menores de edad resultaron heridos de gravedad. Y el 30 de julio la ONG Global Witness publicó un informe en el que ubica a Colombia como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 64 activistas de esas causas asesinados en 2019, la tercera parte del total global, lo que atribuyó “a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras”. Este reportaje forma parte del número 2283 de la edición impresa de Proceso, publicado el 2 de agosto de 2020, y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí