Lector atento de la realidad social mexicana, John M. Ackerman nos entrega su nuevo libro: El mito de la transición democrática. Nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, editado por Planeta en su sello Temas de hoy. En esta obra, Ackerman, colaborador de Proceso e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalla las tribulaciones del establishment en su accidentado tránsito a la democracia, no sin mencionar la genuflexión de los partidos políticos y magistrados, el avasallante poder de la mediocracia y, por supuesto, los ímpetus de una sociedad que comienza a organizarse. Con la autorización de la editorial, aquí se presentan fragmentos del libro, que ya se encuentra en circulación. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como un momento histórico de colapso sistémico equivalente en profundidad al derrumbe político y económico que tuvo lugar en 1994–1995, al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el inicio del mandato presidencial de Ernesto Zedillo. Los acontecimientos de hace dos décadas (crisis financiera, corrupción del rescate bancario, levantamiento armado en Chiapas, magnicidios políticos, etcétera) develaron la gran mentira de la supuesta llegada de la “modernidad” anunciada por Salinas y sus intelectuales orgánicos a partir de 1988. De la misma manera, los eventos recientes (contrarreformas “estructurales”, conflictos de interés y corrupción, movilización social, violencia desbordada, represión y crímenes de Estado, etcétera) han ratificado el carácter fantasioso tanto de la supuesta “transición democrática” proclamada en el año 2000 por Vicente Fox Quesada, como el “momento mexicano” declarado por Peña Nieto y sus corifeos en 2012. México se encuentra frente a un doble fracaso histórico. La “liberalización” económica ha fortalecido las cadenas de la desigualdad, la impunidad y la pérdida de soberanía. Y la “democratización” política ha centralizado el poder en las manos de un círculo cada vez más reducido de los mismos políticos corruptos de siempre. Un simbólico botón de muestra de la ausencia de cambios fundamentales a lo largo de las últimas dos décadas lo constituye la figura de Jesús Murillo Karam. Durante el fraude electoral de 1988, el exprocurador –hoy mundialmente famoso por su cansancio– fungía como representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral. Ayer como hoy, su cinismo no tuvo límites. La noche de la “caída del sistema”, que impondría a Carlos Salinas de Gortari en Los Pinos, Murillo se hizo el ofendido frente a los cuestionamientos por parte de la oposición a la confiabilidad de los resultados, “No voy a permitir epítetos al partido mayoritario… o que se ponga en duda la legalidad del proceso. Ni a usted ni a nadie le voy a permitir. En 2014, Murillo actuó de la misma manera en respuesta a las demandas de transparencia y justicia para los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, masacrados y desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero… Hoy, los gobernantes repiten la misma fórmula al desconocer a los padres de familia como interlocutores e imponer su versión de los hechos del 26 de septiembre de 2014. El “Todos somos Ayotzinapa” de Enrique Peña Nieto y la “verdad histórica” de Murillo Karam no son más que dos ejemplos contemporáneos de la continuidad de siete décadas de hipocresía, suplantación y simulación institucionalizada…. * * * Por fortuna se encuentra en marcha un importante relevo generacional cuya función histórica será precisamente rescatar a la nación frente a los fracasos del ciclo político pasado con respecto a la modernización de la economía y la democratización del país. Entre 1970 y 1990, los habitantes entre 12 y 19 años se duplicaron. De 1990 a 2000 este grupo creció más de 40%. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), hoy el tamaño de la población juvenil ya se encuentra en su máximo histórico de 38 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de la población mexicana. En general, las condiciones están dadas para el surgimiento de un fuerte movimiento de indignación ciudadana a favor de una democracia más justa y verdadera. Sin embargo, también existe el riesgo de que este sano nivel de insatisfacción y desconfianza se convierta más bien en desilusión, depresión e inacción,­ en lugar de abrir paso a mayores exigencias ciudadanas… * * * El nuevo gobierno entonces decidió que su primer paso al llegar a Los Pinos sería lanzar una contraofensiva ideológica y represiva en contra de los movimientos sociales y la izquierda política en sus múltiples manifestaciones. Ello con el fin de generar una ventana de oportunidad suficientemente grande para poder imponer algunas reformas clave durante los primeros años de gobierno sin generar una reacción social de mayor envergadura. La contraofensiva ideológica del régimen es el contexto y trasfondo para las constantes agresiones a periodistas y activistas desde la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, la insistencia en promover un Pacto por México para cooptar a la oposición, la exclusión de las voces críticas de la prensa nacional, los incesantes viajes internacionales y mensajes publicitarios del presidente, así como el estímulo a grupos supuestamente “anarquistas” que protagonizan choques violentos durante marchas pacíficas. En 2010 hubo un primer ensayo de la estrategia totalitaria con el lanzamiento de la Iniciativa México (IM) por Televisa y TVAzteca y otros medios de comunicación con el fin de calmar los ánimos sociales durante el centenario de la Revolución Mexicana, Recordemos que esta iniciativa dividió a la sociedad de manera radical. No fue generosidad sino mezquindad entonces la que motivó a las televisoras a lanzar el proyecto de Iniciativa México. Desde entonces se veía su claro interés por controlar la sucesión de 2012 ante el vacío de poder generado por el gran fracaso del gobierno de Calderón. Beatriz Pagés resumió con particular claridad los propósitos de la IM cuando escribió, en El Universal, el 12 de junio de 2010, que “busca crear futuros prospectos a la Presidencia de la República y que está dirigido a descubrir líderes sociales naturales o incluso, ¿por qué no?, a fabricarlos con el poder de las cámaras y reflectores”. * * * El Pacto por México, que inauguró Peña Nieto al tomar posesión, no fue otra cosa que la continuidad de la Iniciativa México y el establecimiento de facto de un “gobierno de coalición”. Su objetivo era reemplazar los necesarios debates públicos sobre el futuro de la nación por negociaciones tras bambalinas entre los mismos políticos de siempre. Peña Nieto quiso evitar a toda costa someter sus propuestas al debate parlamentario o a la deliberación ciudadana. El nuevo pacto PRIANRD tampoco contó con participación social. No se convocó a la presentación de propuestas de la sociedad ni se circularon con la ciudadanía los borradores o documentos de trabajo. El pacto fue un documento negociado por políticos de dudosa trayectoria, sin liderazgo social y de espaldas a la ciudadanía. Desde el principio. No se podía esperar nada bueno de ello. La forma es fondo. La verdadera esencia del Pacto por México no fueron las propuestas plasmadas en el documento que firmaron los presidentes de los partidos políticos, sino el discurso de “unidad” excluyente basado en un proyecto de “audacia totalitaria”. * * * La irresponsabilidad de 2006 fue reemplazada en 2012 por un cinismo deplorable que hundió a las instituciones en un desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las rodillas y recurrió a argumentos sumamente problemáticos con respecto a la posible “determinancia” o relevancia de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento las movilizaciones multitudinarias obligaron a los magistrados a tomar algunas medidas para por lo menos simular que estaban haciendo su trabajo. Por ejemplo, se atrevieron a tomar en serio la posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no existía ordenamiento jurídico que expresamente considera esa posibilidad. Asimismo, aprovecharon el “dictamen de validez” de la elección presidencial para señalar con todas sus letras que se habían cometido violaciones graves a la Constitución. Aceptaron, entre otras irregularidades, que el excesivo protagonismo del (ex)presidente Fox durante la campaña había “puesto en riesgo la validez de la elección presidencial”. Los magistrados también reprocharon fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) haber violentado el marco jurídico al adquirir propaganda en radio y televisión. Gracias a la fuerte presión social, los juzgadores también recontaron casi 10% de las casillas electorales. Las instituciones electorales supuestamente autónomas también tuvieron un comportamiento abiertamente parcial hacia el candidato del PRI. Por ejemplo, en su informe sobre las elecciones de 2012, una comisión de observación electoral de la Unión Europea (UE) criticó duramente al IFE por su inacción con respecto al tema de la compra y coacción del voto. Este mismo informe también señala numerosas deficiencias en el monitoreo de los medios de comunicación electrónicos llevado a cabo por el IFE. Y en un estudio reciente, un servidor ha documentado el comportamiento parcial tanto del IFE como del TEPJF con respecto a la regulación de la equidad de las campañas electorales en los medios de comunicación. El IFE y el TEPJF también se negaron a llegar al fondo de las múltiples denuncias con respecto tanto al rebase del tope de campaña como a la posible utilización de recursos ilícitos en las elecciones. Llama la atención que, al aceptar la relación “indirecta”­ entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam haya utilizado precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el entonces coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugirió que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE, sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil inicialmente aceptadas, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado. Así que lo más grave de los fallos del TEPJF en 2012 no fue entonces su “letrismo” jurídico o carácter “minimalista”, sino su profunda inconsistencia interna. Es evidente que los magistrados se autolimitaron y abdicaron a su responsabilidad constitucional de garantizar la celebración de elecciones auténticas y libres. Pero lo que más indigna no es el burocratismo del TEPJF, sino la hipocresía de los magistrados. En el momento cúspide de su indolencia el máximo tribunal en materia electoral se atrevió a presumir su supuesto activismo. Es cierto que falta aprobar una nueva ley que regule explícitamente las prohibiciones constitucionales respecto a la utilización electoral de recursos públicos. También se requiere de un nuevo ordenamiento sobre el uso político de la publicidad gubernamental para premiar y castigar a diferentes medios de comunicación, algo por cierto prometido por el propio Enrique Peña Nieto en innumerables ocasiones antes de su toma de posesión. Pero las ausencias en esta materia no se suplen con nuevas e ilegítimas instancias para la negociación de la aplicación de la ley, sino con un verdadero trabajo legislativo, una activa participación ciudadana y un decidido fortalecimiento al estado de derecho. Las elecciones “intermedias” celebradas el 7 de junio de 2015 confirmaron la consolidación de un sistema de fraude institucionalizado en México. Si bien hubo algunas sorpresas democráticas, como el sólido desempeño del nuevo partido Morena en la capital del país y la victoria de candidatos supuestamente “independientes”, como Manuel J. Clouthier. y Jaime Rodríguez en el norte, en general, los procesos electorales federales y locales fueron marcados por la misma compra de voluntades, cerco mediático, acarreo de votantes y represión a líderes, que han caracterizado la fallida “transición” democrática. La total incapacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar las constantes e insultantes violaciones a la ley por parte del Partido Verde demostró que el “nuevo” instituto es en realidad más de lo mismo. Y la imposición de elecciones a punta de pistola frente a las protestas magisteriales de Guerrero y Oaxaca confirmó una vez más el fuerte déficit de legitimidad de las instituciones públicas del país. El nuevo gobierno federal, y sus aliados en los partidos políticos, los gobiernos estatales y los medios de comunicación, le apuestan al miedo, la paranoia, la violencia y el sectarismo. La mejor respuesta desde la sociedad sería invertir nuestro tiempo en la construcción de nuevas redes públicas de confianza, debate, crítica y propuesta. El poder del dinero y el de la fuerza son grandes, pero el de la verdad, la cultura y las redes sociales es mayor. Nos encontramos en una situación de fraude electoral institucionalizado y consolidado. Al parecer, la mejor forma en que un ciudadano puede defender la soberanía popular e influir en las políticas públicas sería por medio de la protesta social, aunque el surgimiento del nuevo partido ciudadano Morena genera esperanza hacia el futuro. Es por ello que los maestros disidentes y los jóvenes activistas son nuestros demócratas más destacados. A quienes les incomodan las protestas habría que recordarles que estas manifestaciones son síntomas de un problema estructural más profundo de ilegitimidad democrática. En lugar de caer en el perverso juego del linchamiento mediático, habría que trabajar arduamente para desplazar a la caduca clase política con nuevos liderazgos juveniles, así como recuperar el espacio político-electoral como un escenario de competencia auténtica y debate informado.­