CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la grave crisis migratoria y el ascenso de gobiernos nacionalistas y xenófobos en Europa y Estados Unidos, otra minoría trashumante ha vuelto a estar en la mira: los gitanos. La nota discordante la dio esta semana el nuevo ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, representante de la ultraderechista y abiertamente racista Liga Norte, quien además de amenazar con expulsar de la península a unos 500 mil refugiados de África y Medio Oriente, anunció su intención de realizar un censo de los romaníes y echar fuera a todos los que estuvieran en situación irregular. “A los gitanos italianos, por desgracia, habrá que quedárselos”, remató. La propuesta levantó una ola de indignación en los núcleos políticos italianos, incluido el Movimiento 5 Estrellas (M5E), socio de la Liga en la coalición de gobierno, que la tachó de “inconstitucional”; aunque se sabe que en los acuerdos previos de ambas formaciones ya se hablaba de desmantelar los campamentos provisionales donde viven unos 30 mil de los alrededor de 160 mil gitanos que hay en Italia (0.2% de la población total). Asociaciones de defensa de la minoría gitana, que son las que siguen más de cerca su situación, calificaron de “ignorante” al ministro y explicaron que sus propuestas son irrealizables porque la Constitución italiana prohibe “cualquier distinción por sexo, raza, lengua, credo, opinión política o condición personal y social”; y porque 43% de los gitanos son italianos, muchos otros ciudadanos comunitarios de países del este de Europa y otros más apátridas como producto de la disolución de la antigua Yugoslavia. Con algunos remanentes nómadas, pero ahora mayoritariamente sedentarizados, los 12 millones de gitanos que se distribuyen en el espacio europeo enfrentan una situación similar. Exceptuando España, que tiene la más nutrida y antigua presencia gitana, la mayoría de las comunidades romaníes se asentaron en el este europeo; pero la implosión del bloque socialista, la guerra de los Balcanes y la continuada crisis ecónómica provocaron en los dos últimos decenios el último gran flujo migratorio de los gitanos hacia Europa occidental. Y ahí se toparon con el rechazo y la marginación. La Unión Romaní consignó hace unos quince años que “son muchos los roma que han tenido que huir del este y centro de Europa ante la creciente ola de racismo y violencia. Esto los ha obligado a solicitar refugio o asilo político en los países de la Unión Europea (UE), pero con frecuencia las autoridades fronterizas les impiden el ingreso y, si lo logran, los gobiernos emprenden rápidamente acuerdos de repatriación”. Así, muchos se quedaron en un limbo jurídico. En este contexto, durante una conferencia regional sobre los gitanos europeos celebrada en 2003 en Budapest, la capital húngara –cuyo ejecutivo, Viktor Orban, entretanto ha convertido en ley una batería de medidas antiinmigrantes– se planteó cómo abordar esa nueva situación y, en 2005, se firmó la declaración de la “Década de la Integración de los Roma” en Europa. A la fecha, son doce países los que participan, todos con una significativa minoría gitana: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España Hungría, Macedonia, Montenegro, República Checa, Rumania y Serbia. Cada uno de ellos desarrolló un Plan de Acción Nacional con metas e indicadores prioritarios de trabajo. Y a ellos se sumaron también Estados Unidos y Eslovenia como observadores. La iniciativa incorporó además a un impresionante grupo de organismos internacionales: el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de la Salud, los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los Refugiados (ACNUR), la Vivienda (HABITAT), la Infancia (UNICEF) y la Cultura (UNESCO); el Consejo de Europa y su Banca de Desarrollo; la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos (OCDE); la Oficina Europea de Información sobre los Roma y el Centro Europeo de Derechos de los Roma, y un sinnúmero de fundaciones de la “sociedad abierta”. Según la declaración, esa iniciativa no debía convertirse en una institución burocrática más, sino que los gobiernos debían asignar recursos para obtener resultados a corto plazo y ajustar sus planes al financiamiento de los donantes internacionales, multinacionales o bilaterales. Pero sobre todo, debían integrar a los gitanos en todos los niveles del programa. “Nada sobre nosostros sin nosotros”, fue la proclama de los roma para esa “Década”, de modo que ellos elaboraron los planes, fijaron los objetivos y quedaron a cargo de su monitoreo. Pero cinco años después, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, constataba que a pesar de todos esos esfuerzos conjuntos “el sentir contra la etnia gitana continúa siendo fuerte en Europa”. Y advirtió que esos prejuicios podrían aumentar como resultado de la recesión económica, a la par de las prácticas discriminatorias y la violencia. Denunció inclusive que la marginalización y estigmatización de los gitanos “se inflaman a menudo con una retórica incendiaria por parte de fuerzas que buscan una ventaja política”. Xenofobia violenta Sus palabras resultaron válidas particularmente en Europa del Este, donde los roma se han llevado la peor parte por el surgimiento de movimientos, partidos y gobiernos ultranacionalistas y xenófobos. Uno de los casos más graves se dio en Hungría, donde milicias del partido Jobbik asediaron e incendiaron una comunidad gitana, matando a varios de sus miembros, incluidos niños. Pero actos de protesta y de violencia contra los gitanos también se han suscitado en otros países firmantes de la “Década”. Si bien más esporádicos y menos violentos, en el occidente europeo los ataques contra los roma tampoco dejan de ocurrir y, en general, la población muestra una clara animadversión frente a los asentamientos gitanos, muchos de ellos ilegales y donde, junto con la miseria, se hacinan la insalubridad, el desorden y la delincuencia. Los principales países occidentales, por su parte, han mantenido una posición ambigua. En 2012, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel inauguró en Berlín un monumento en honor de los 500 mil gitanos exterminados por el régimen nazi y prometió luchar contra su actual discriminación. Al mismo tiempo, sin embargo, su gobierno impulsaba un programa de repatriación de miles de romaníes a Kosovo. En Francia, ese mismo año, el socialista presidente François Hollande desalojó a cientos de familias gitanas de asentamientos ilegales en los suburbios de París. No los expulsó a sus países de origen como su antecesor el derechista Nicolás Sarkozy, en 2010; pero los dejó en la calle. Y situaciones similares se han repetido en Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda e Italia, ya antes de que Salvini y su Liga Norte ascendieran al poder. Tal vez, según las estadísticas, la única que conviva un poco mejor con su comunidad gitana sea España, integrada por unas 750 mil personas, la mitad de ellas en Andalucía. Ello no significa empero que no haya actos aislados de violencia, que se mantenga un rezago en relación con el resto de la población, y que ésta siga teniendo prejuicios hacia los gitanos. Pero en general, a pesar del ambicioso programa para su integración, la precariedad económica y la exclusión social siguen igual para los gitanos en Europa, y a veces peor. En 2012, el Centro Europeo de los Derechos de los Roma, con sede en Budapest, informó que “todo indica que la crisis económica ha afectado a este grupo de forma desproporcionada, aun cuando sus índices de empleo siempre han sido bajos”. Ese mismo año, un informe conjunto de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (AEDF) y el PNUD, elaborado sobre encuestas realizadas en Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania, confirmó que “la situación de los gitanos en materia de empleo, educación, vivienda y sanidad es deplorable”. Según las estadísticas, sólo 15% de los jóvenes romaníes había finalizado la enseñanza secundaria superior; menos de 30% de los adultos contaba con empleo remunerado; cerca de 45% vivía en casas que carecían de cocina, retrete, ducha, agua caliente o electricidad. Y, en 40% de los hogares gitanos, alguno de sus miembros se había acostado con hambre, porque no había dinero suficiente para comprar alimentos. En 2016, al culminar la “Década de Integración Gitana” y tras otra serie de encuestas, la AEDF consignó que “los gitanos siguen afrontando una discriminación intolerable”, ya que mientras sólo el 17% de los europeos vive en riesgo de pobreza, la tasa para ese colectivo asciende hasta 80%. Y agregó que dada la magnitud de los recursos invertidos en los últimos años y la acción de las políticas comunitarias y nacionales, “la falta de progresos demuestra que han sido un fracaso, porque muchas veces se aportan sólo datos y no soluciones”. Discriminados en primer mundo En abril pasado, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el director de la organización, Michael O’Flaherty, volvió a dibujar el mismo escenario, al denunciar que “la discriminación que sufren los gitanos en la Unión Europea llega a tales extremos, que muchos de ellos afrontan situaciones comparables a las de países en vías de desarrollo”, pese a vivir en una de las regiones más ricas del mundo. Peor aún, el jefe de la sección de integración de romaníes y migrantes de la AEDF, sentenció que “se trata de una exclusión social específicamente porque son gitanos”. Y acusó que son el racismo y la discriminación los que llevan a este colectivo a sufrir carencias en aspectos esenciales como la salud, la educación y el empleo. Algo que con frecuencia el resto de la sociedad ve como “normal”, creándose un círculo vicioso. Pero no todo son malas noticias para los gitanos. Desde enero de 2018, por primera vez una abogada gitana, Sara Giménez, representa a España ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Ahí, su labor será participar en el control y la revisión de leyes, políticas y medidas en materia de racismo y otras formas de intolerancia de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Una de sus primeras tareas será confrontar a Matteo Salvini.