México, D F apro)- La Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió el jueves al Ejecutivo federal a promover una reforma profunda en la legislación en materia de tortura que impida a los servidores públicos que incurran en esos delitos evadir su responsabilidad El llamamiento del "ombudsman" advierte que las modificaciones a la ley se deben centrar en los casos en que corresponda a los funcionarios del Ministerio Público ser los encargados de investigarse así mismos Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador general de la CNDH, afirmó que la institución que en el esquema actual tiene encomendada la función de velar por el respeto de los derechos humanos es el Ministerio Público; pero advirtió que cuando algún servidor de esa instancia es señalado como parte involucrada en la probable comisión de la tortura, se da la paradoja de que pueda actuar "autoinvestigándose", como juez y parte al mismo tiempo Sobre el particular, Plascencia Villanueva consideró que las reformas a la ley deberían de establecer un régimen de impedimentos y excepciones para que sean personas de otra institución distinta a la que pertenece el servidor público señalado, las encargadas de esclarecer los hechos El funcionario de la CNDH destacó lo anterior durante su conferencia magistral "La tortura y su tipificación en el ámbito nacional e internacional", con la cual participó en la mesa de trabajo "Delitos de lesa humanidad", organizado por la propia Comisión y la Universidad del Valle de México El especialista analizó la tortura como una violación grave a los derechos humanos, pero puso especial énfasis en su condición como delito de lesa humanidad, al extremo que reconoció que pese a los innumerables esfuerzos por erradicarla, aún persiste en nuestro país El segundo visitador de la CNDH insistió en que en principio se debe conformar un marco jurídico que permita anular los procedimientos, declaraciones o confesiones en donde se acredite que fueron obtenidas mediante actos de tortura Sostuvo que el sistema penal actual, en ocasiones, permite que persistan algunos problemas que incurrían cuando la policía tenía la facultad de obtener confesiones, porque aunque eso se prohíbe no se interpreta como impedimento para que se interrogue a los indiciados antes de ser presentados al Ministerio Público Por ello, subrayó que la legislación penal procedimental mexicana debe ser reformada, con el propósito de que se establezca la anulación de todas aquellas actuaciones que se realicen con posterioridad a que se haya acreditado la tortura 10/10/02