México, D F (apro)- Con el firme propósito de achicar la distancia que lo separa del PRD en la preferencia electoral en la Ciudad de México ?-la diferencia es mayor de 30 puntos, según el más reciente sonde de opinión realizado por el gobierno capitalino--, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal hace a un lado principios y normas de conducta internas Sin ningún recato y en sentido contrario a lo que dictan sus postulados, los panistas traban alianzas; protegen intereses de grupos; defienden legalmente a prestadores de servicios, proveedores o empresarios afectados por la autoridad, y utilizan sistemáticamente información confidencial o restringida con fines políticos o personales Además, reviven una vieja práctica del priismo, con la compra de testigos, tal como quedó en evidencia el jueves 24 de enero, cuando, en medio del linchamiento orquestado por el PAN contra el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, Octavio Romero Oropeza, por supuestos actos de nepotismo, la diputada local del PRD, Clara Brugada, sorprendió a Luis Moyá, asesor de los legisladores panistas Salvador Abascal y Federico Döring, en el aeropuerto internacional de esta ciudad La perredista dijo haber sabido más tarde que Moyá procedía de Villahermosa, Tabasco, adonde había viajado con la encomienda de traer a la capital a Marta Cubas, a quien "le pagaron para declarar en la televisión detalles de sus relaciones amorosas con el exdirigente estatal del PRD en Villahermosa y actual oficial mayor" Según Cubas, Romero Oropeza y ella fueron amantes y procrearon una niña Döring pretendía invitar a la señora al debate televisado que sostendría al día siguiente con el oficial mayor, donde supuestamente probaría que éste incurrió en prácticas de nepotismo Pero la treta se vino abajo cuando la legisladora del PRD sorprendió a Moyá y a la mujer en la terminal área, donde, por cierto, los esperaba un representante del Grupo Industrial Pachuca, hasta hace poco uno de los principales proveedores de zapatos de seguridad del GDF La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal investiga actualmente la denuncia de Döring, pero también la sustracción de documentos oficiales Aprovechándose del equilibrio de fuerzas que existe en la actualidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde ningún partido alcanza la mayoría absoluta, los panistas tratan igualmente de acomodar la legislación vigente al interés de ciertos grupos sociales o de poder afines a su partido o afectados por actos de gobierno de las autoridades capitalinas Por ejemplo, desde hace rato tratan de hacer cambios a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada aprobada por el PRD en la anterior Legislatura Los panistas buscan quitarle ciertos candados, tal como lo demanda de tiempo atrás un grupo de personajes ligados a la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), a un sector la Iglesia católica y a Víctor García Lizama Este último fue presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), desde donde, cobijado por el manto del altruismo, construyó un imperio personal y familiar, debido a lo cual en 1998 el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, lo destituyó y cambió las reglas de juego del funcionamiento de la asistencia privada en la Ciudad de México Aprobada en el anterior período ordinario de sesiones, la polémica Ley de Establecimientos Mercantiles contiene, asimismo, disposiciones contrarias al interés general, por lo que el propio López Obrador tuvo que vetarla Elaborado por el panista Miguel Angel Toscano, dicho ordenamiento eliminó el derecho de opinión de los vecinos como requisito indispensable para que la autoridad administrativa autorice el establecimiento de un giro negro en la ciudad A contracorriente con las medidas dispuestas por el GDF para retirar de la vía pública y de las principales vialidades los anuncios espectaculares, el mismo Toscano impulsa también una iniciativa de Ley de Anuncios y Publicidad Exterior que, entre otras medidas, autoriza, con ciertas restricciones, la colocación de anuncios espectaculares en arterias viales primarias de la capital Como antes lo hizo con Rosario Robles, constantemente el PAN se ha ocupado de poner piedras en el camino a López Obrador Asuntos relacionados con el Horario de Verano, los espectaculares, las preparatorias populares y, más recientemente, la construcción de un segundo piso en el Periférico y Viaducto han tenido que ser dirimidos indistintamente por autoridades administrativas o judiciales Aun así, en ningún caso Acción Nacional ha visto la suya Hace un par de semanas recibió un duro revés, cuando la Corte aprobó la llamada "ley Robles", la cual despenaliza el aborto en casos de malformación genética y violación Arrastrado por el ala dura de su partido, el propio dirigente del PAN en la capital, José Luis Luege, abandonó su actitud benevolente, conciliatoria, y le entró a la guerra sucia contra el GDF Cobijado en la polémica de la construcción del segundo piso del Periférico, Luege trata de dar vida a un viejo proyecto de un tren suburbano diseñado por la transnacional canadiense Bombardier Concarril El excandidato del PAN a la jefatura de Gobierno en la contienda pasada y actual secretario de Gobernación, Santiago Creel, fue en 1992 secretario del Consejo de Administración de la empresa Posteriormente, Fauzi Handam apareció como representante legal Luege desestimó tales argumentos: "Esa es una excusa infantil que no tiene fundamento" Uno de sus argumentos para oponerse a la construcción de la nueva vialidad es que la inversión debiera destinarse mejor a alentar el servicio público, cuando en su paso por la ALDF Luege sirvió de escudo a Oscar Espinosa Villarreal para acabar con Ruta-100 En la guerra sucia que libran panistas y perredistas, varios legisladores federales y locales panistas aparecen igualmente como apoderados legales y representantes oficiosos en juicios y controversias legales promovidos por personas físicas y morales inconformes por actos de gobierno de anteriores y de la actual administración capitalina, lo cual contraviene sus propios principios y normas éticas Según el Código de Etica interno de Acción Nacional, en vigor desde el 18 de diciembre último y que este sábado 9 fue refrendado ante el presidente Vicente Fox, los servidores públicos con cargos en los tres niveles de gobierno, así como legisladores federales y locales, y militantes y simpatizantes, deben abstenerse de interceder en casos que involucren a familiares o amistades o que signifiquen un conflicto de intereses El punto 12 recomienda específicamente a los panistas rechazar cualquier procedimiento que privilegie ventajas personales o de grupo y, más aún, abstenerse de utilizar información en beneficio propio, de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a sus respectivas responsabilidades Sin embargo, estos principios no son aplicados en la práctica por los diputados locales del PAN He aquí varios casos: En 1989, el entonces Departamento del Distrito Federal expropió un terreno ubicado en la zona del Ajusco medio, a la altura del kilómetro 10 de la carretera Ajusco-Picacho, el cual formó parte en algún tiempo de la exhacienda San Nicolás Eslava La superficie afectada entonces fue de 219 mil 950 metros cuadrados y la propiedad pertenecía a la empresa Comercializadora Mexicana SA de CV, según documentos en poder de los reporteros Sin embargo, pasaron 10 años y las autoridades capitalinas nunca hicieron efectivo el pago de la indemnización correspondiente, por lo que la empresa afectada buscó la protección de la justicia y en 1999 promovió un juicio ordinario civil contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal El asunto quedó clasificado con el número 327/99 El 16 de febrero de 2000, las autoridades judiciales concedieron la razón legal a los quejosos y ordenaron al jefe de gobierno a pagar los daños causados a la parte afectada Inconforme con la resolución, el GDF apeló, pero sus esfuerzos fueron vanos, porque un par de meses después, el 27 de abril, la Sexta Sala ratificó la sentencia, en segunda instancia Pero como el GDF siguió sin cumplir con el mandamiento judicial a pesar del revés, el 6 de febrero de 2001 el representante legal de la empresa afectada, Héctor Marino Rendón Romero, promovió un incidente de ejecución de sentencia en el Juzgado 55 de lo Civil, con el objetivo de obligar al gobierno de la ciudad a cubrir los adeudos motivo de la expropiación, así como los intereses moratorios, que en conjunto suman alrededor de 70 millones de pesos Las autoridades capitalinas buscaron echar abajo ese recurso, pero ellas mismas frustraron cualquier posibilidad de modificar el rumbo del procedimiento al presentar sus argumentos legales en forma extemporánea Así, el 23 de febrero de 2001, el juez José Luis de Gyves Marín condenó al jefe de gobierno a pagar a Comercializadora Mexicana SA de CV, 70 millones 32 mil 680 pesos "por concepto de liquidación del costo del predio, así como por los intereses moratorios anuales que han transcurrido del 28 y 29 de junio de 1989 al 28 y 29 de junio del 2000" A sabiendas de que el titular del GDF no puede disponer de ningún centavo si no es con la aprobación expresa de la Asamblea Legislativa, el juzgador dio cinco días de plazo a la autoridad para hacer efectivo el pago o, de lo contrario, advirtió, se procedería al embargo de bienes que ampararan el monto de dicha cantidad Hasta ahí, todo iba bien Sin embargo, el 19 de noviembre del año pasado el asunto adquirió otro cariz cuando el juez 55 de lo Civil hizo llegar a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la ALDF, que preside el panista Salvador Abascal Carranza, copia certificada de la sentencia interlocutoria del 23 de febrero, a fin de que, según argumentó en el oficio 2699, el adeudo, motivo del juicio, fuera incluido en el Presupuesto de Egresos correspondiente a este año, según consta en el oficio 2699, en poder de los reporteros No es común que representantes del Poder Judicial sigan este tipo de procedimientos, según corroboraron los reporteros Una semana después, el 26 de noviembre, el procurador Fiscal del GDF, Eugenio Robles, recibió un manuscrito del diputado Abascal Carranza, con la siguiente recomendación: "Estimado Eugenio, este es el documento (copia) que hablamos el viernes pasado, para que puedas procesar el monto en el presupuesto Te agradezco tu atención y te envío un abrazo" Al calce, aparece la firma del presidente de la Comisión de Hacienda El nombre del diputado Abascal Carranza figura también en la controversia administrativa que la Oficialía Mayor del GDF libró en días pasados con uno de sus principales proveedores de zapatos, Grupo Industrial Pachuca Abascal aparece en documentos oficiales como gestor legal, junto con su compañero de fracción, Federico Döring Traición a los principios En entrevista con "Apro", Octavio Romero resume la historia del caso en el que el PAN lo acusa de nepotismo Explica que cuando comenzó a revisar las licitaciones de compra de zapatos para los trabajadores del sindicato, advirtió que la empresa propiedad de Guillermo Márquez Ramírez y sus filiales tenían por lo menos tres años de cubrir las necesidades de calzado del GDF En busca de conseguir mejores precios y calidad, como lo marca la política de austeridad impuesta por López Obrador, el oficial mayor entró en contacto con directivos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) y éstos se quejaron de que Grupo Industrial Pachuca proveía de zapatos de seguridad al gobierno capitalino desde 1992, lo cual, en su opinión, dejaba sin oportunidad a otras empresas del ramo Según Romero, posteriormente decidieron enviar al laboratorio los zapatos suministrados por la empresa hidalguense y los dictámenes corroboraron las quejas recibidas: los zapatos no cumplían con las normas mínimas de calidad y, peor aún, las adquisiciones fueron realizadas con base en especificaciones, características y cantidades fijadas por el Sindicato Unico de Trabajadores del GDF, no por la autoridad Al indagar descubrió, asimismo, que el grupo de Guillermo Márquez había participado en los tres últimos concursos con tres empresas distintas --Grupo Industrial Pachuca, Tenería de Pachuca y Calzado Gigante--, con lo cual lograron vender al GDF 80 mil pares de zapatos de seguridad Debido a esos antecedentes, la Oficialía Mayor no quiso saber más de esa empresa y el año pasado decidió celebrar un convenio con la Canaical A raíz de ese hecho, Gerardo Márquez presentó, el pasado 10 de octubre, una denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal, bajo el argumento de que la Oficialía Mayor había transgredido la Ley de Adquisiciones al adjudicar directamente la licitación En dicha querella administrativa, que finalmente no prosperó, figuran como representantes de la empresa afectada para consultar expedientes y coadyuvar en el proceso administrativo, los nombres de los diputados locales del PAN Salvador Abascal, Federico Döring y Federico Mora, así como el de uno de sus asesores, José Luis Moyá Este último trabajó en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y después de pasar por el PRD encontró acomodo en las filas del PAN El propio Döring hizo suya la queja en su momento y hasta promovió un punto de acuerdo para llevar a la ALDF al oficial mayor El jueves 31 de enero, la Contraloría resolvió el procedimiento y encontró elementos de sobra para inhabilitar a Grupo Industrial Pachuca para participar en futuras licitaciones del GDF durante los próximos dos años Según el dictamen, la empresa actuó con dolo y mala fe, amén de incumplir con los términos de los contratos celebrados anteriormente con la administración pública local Consultado al respecto, Döring niega tener relación alguna con Grupo Industrial Pachuca y, menos aún, fungir como representante legal de la misma "Es una mentira falaz, el nombre que aparece en el documento no es el mío", argumenta Según el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, Luis Moyá fue quien utilizó su nombre y el de sus compañeros sin su consentimiento El oficial mayor del GDF aporta otro elemento que exhibe el maridaje entre los panistas con ciertos grupos de interés Sostiene que a pesar de haber sido alertado a tiempo de las irregularidades cometidas por el grupo zapatero hidalguense, el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, el panista Arne aus den Rutehn Hagg, le compró una dotación de zapatos a un precio de 270 pesos el par, 50 pesos más caros de los que adquirió finalmente el GDF, según consta en el contrato 294 Principal artífice de la iniciativa que convalidó el Fobaproa, el senador Fauzi Hamdan funge, igualmente, como apoderado legal del grupo de empresas que obtuvieron la concesión en administraciones pasadas de parabuses, Mobiliario Urbano con Publicidad Integrada (Mupis) y buzones, con quienes el GDF libra en la actualidad una feroz batalla legal en los tribunales, en busca de anular los convenios respectivos dado que, en su opinión, no representan ningún beneficio para la autoridad La concesionaria de los parabuses y del mobiliario con publicidad integrada de piedra fue inicialmente Copasa, pero ésta cedió sus derechos después a Eumex, cuyo propietario, Antonio Jesús Torres Martínez, enfrenta dos denuncias penales y una civil El GDF presentó también una queja formal en la Secretaría de Gobernación contra el empresario de origen español porque trabaja en México con visa de turista En el acta constitutiva de la empresa ?escritura número 108685--, Fauzi Hamdan Amad figura como secretario del Consejo de Administración, aunque en documentos del juicio aparece como representante legal El senador del PAN defiende también los intereses legales de la concesionaria de los buzones Stoc SA de CV, filial de Eumex que fue demandada por el GDF, debido a que nunca pidieron permiso para instalar mupis encima de los buzones y de comercializar la publicidad El gobierno capitalino acaba de ganar el juicio, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda comenzó a retirarlos de la vía pública Lo último: hace unos días, un grupo de diputados del PAN visitó inesperadamente al jefe del Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, con el único propósito de ofrecerle un trato: que dejarían de hacer ruido con el proyecto del segundo nivel del Periférico si aceptaba entrarle al proyecto del Tren Suburbano La respuesta de López Obrador fue tajante: "No hay trato" Con apenas 137 por ciento de la intención del voto de los capitalinos por 40 por ciento del PRD, el PAN no se mide: esta dispuesto a todo, incluso a traicionar sus propios principios éticos, como lo demostrado reiteradamente