Ciudad de Guatemala - En mayo del 2000, pocos meses luego de subir al poder, el mandatario de Guatemala Alfonso Portillo puso a disposición del público archivos militares en los que aparecen los nombres de más de 650 mil guatemaltecos que fueron sujetos a vigilancia, control y posible sentencia de muerte durante los gobiernos militares y la lucha contra la guerrilla Los interesados acudieron por cientos a verificar si, como sospechaban, sus nombres o los de sus familiares, amigos o compañeros de actividad se encontraban en esos archivos "Esto es una muestra de que el Estado tenía control total sobre la sociedad", dijo a Proceso el Procurador de los Derechos Humanos, encargado de la divulgación de este archivo, Julio Arango Juan Ordóñez fue uno de los primeros en buscar su nombre Temprano, a los pocos días de abierto el archivo, llegó a la oficina de consulta de la PDH y llenó su solicitud Esperó unos cuantos minutos frente a la computadora hasta que le confirmaron que su nombre no aparecía Colaborador del área de Pastoral de la Iglesia católica, Ordóñez describió la tensión de la espera: "fue como esperar el resultado de un examen de sida" Aparecer en la lista, dice, pudo haber significado, en los años de la contrainsurgencia, la muerte, desapariciones, juicios extrajudiciales "Tal vez mi compromiso no llegó a tanto", comenta Federico Merck no corrió con tanta suerte En cuestión de minutos la máquina le proporcionó su código en el archivo, el 219215 Cinco de sus hijos y una sobrina aparecen también Agrónomo, Merck aseguró que nunca participó en política, que acudió a la consulta por simple curiosidad y que aparece en la lista "por mala suerte" "Uno ni se imagina lo que pueden hacer con esa información, ojalá se haya destruido la matriz de ese archivo", opina Romilio Orellana, conserje que hace años recibió amenazas de muerte de un militar y con su hermano aparece en el archivo, "tal vez porque mi padre toda su vida fue liberacionista" En cinco días, unos 500 ciudadanos acudieron a consultar el archivo Aproximadamente el 50 por ciento de ellos apareció en el registro, dijo Rodolfo Palma, auxiliar de la PDH Acudieron personas de distintos estratos sociales y de los más diversos oficios, pero sobre todo estudiantes, periodistas, activistas de Derechos humanos y sindicalistas Ahí estuvo ya Mario Polanco, dirigente de una organización de desaparecidos durante el conflicto armado, la exlegisladora Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, otra organización que agrupa a víctimas de la guerra, y el dirigente de la Central de Trabajadores Guatemaltecos, Manuel Pinzón Otros no pudieron atestiguar su inclusión en la lista: El arzobispo de Guatemala Juan Gerardi aparece con el código 132672 También están la antropóloga Myrna Mack, el diputado Héctor Klée Orellana y el periodista Jorge Carpio Todos fueron asesinados en la década de los noventa No figuran en cambio otros desaparecidos y asesinados durante los setenta y ochenta, como Oliverio Castañeda, Manuel Colom Argueta o Alberto Fuentes Mor, lo que implicaría que se trata de un registro actualizado Las listas negras El hallazgo de los archivos fue accidental, dijo Edgar Gutiérrez, secretario de Análisis Estratégico (SAE) de la Presidencia, una de las dependencias creadas para suplir la vieja estructura de inteligencia militar guatemalteca, a raíz de la firma de la paz Refirió que un técnico que trabajaba en la depuración del archivo de la SAE se encontró con tres archivos que le llamaron la atención por su tamaño: su información equivalía al contenido de 40 disquetes Cuando logró abrir los archivos, descubrió que en uno de ellos figuraban los nombres de 650 mil personas, cada una de ellas identificada con un código, en un segundo archivo aparecían 127 mil personas con presencia pública, sobre las que se mantenía el seguimiento de sus apariciones en la prensa El tercero, denominado "el catálogo", contiene más de mil descripciones que pueden ayudar a configurar el perfil de una persona según profesión u oficio, características físicas, psicológicas, lugares de vivienda, números de cédula y pasaporte, filiación política, país de origen, antecedentes penales Desde el domingo 7 de mayo del 2000, copia de los archivos se encuentran en poder de la Procuraduría de Derechos Humanos El 5 de abril de ese año la SAE entregó los expedientes al Ministerio Público (MP) y a la Misión de Observación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) El MP, Ramiro Coronado, declaró que aún y cuando puede presumirse la responsabilidad del Ejército en la elaboración del archivo no hay elementos para comprobarlo Gutiérrez comentó que "aún es poco tiempo" para que esa información provoque sanciones a los posibles responsables Dijo que analizar si el archivo constituye un "elemento de prueba" le corresponde al Ministerio Público Señaló que la decisión de exhibir este archivo muestra la voluntad gubernamental de "modificar la naturaleza de los organismos de inteligencia, pues si las reformas políticas constitucionales los dejan intactos no hay posibilidad de encaminarnos a un verdadero Estado democrático" ?¿Un objetivo así es alcanzable con la presencia de un sector muy cuestionado del Ejército dentro del aparato de gobierno, y con la presencia de Efraín Ríos Montt (exdictador y actual presidente del Congreso de Guatemala)? ?Nosotros aceptamos el reto de hacer esto para provocar estos cambios Lo veíamos como un déficit de la transición política y el presidente nos apoya En el alto mando del Ejercito encuentro voluntad para hacer estos cambios En el Ministerio de Gobernación, donde aún no existe una dirección de inteligencia, también hay anuencia para abrirse y crear un nuevo sistema Por supuesto que hay sectores que se van a resistir, ésos son los dilemas ?Pero pareciera que están predominando las resistencias Hay versiones de enfrentamientos en el sector militar, entre el presidente Alfonso Portillo y Ríos Montt ?La diferencia hoy día con esta integración del gobierno que usted ha descrito es que por primera vez desde la institucionalidad del Estado se levanta ese tema, siempre fue desde la sociedad civil, desde las comisiones de búsqueda de la verdad Golpe al Ejército El núcleo del espionaje ha sido la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como la D-2, la cual forma parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional y su personal llegó a estimarse en 2 mil efectivos Otro servicio de inteligencia denominado "Archivo" lo operó el Estado Mayor Presidencial En 1993 éste se reorganizó con el nombre de Secretaría de Inteligencia de la Presidencia A partir de la firma de los Acuerdos de Paz y el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en 1996, se planteó la necesidad de trasladar las funciones de inteligencia al poder civil El Acuerdo restringe la actuación de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa a tareas vinculadas con la defensa externa, y prevé la creación de un Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de la Información que dependerá del Ministerio de Gobernación y estará destinado al control del crimen Adicionalmente, el acuerdo incluyó la creación de una Secretaría de Análisis Estratégico bajo la jurisdicción de la Presidencia Estos vacíos, señaló a Proceso Bertrand de la Grange, vocero de Minugua, favorecen el surgimiento de aparatos de inteligencia paralelos operados por grupos de poder vinculados al Ejército De ahí que la misión de Naciones Unidas considere vital el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la creación de una inteligencia civil Respecto de los archivos secretos, los Acuerdos de Paz prevén transferir los relacionados con la seguridad interna al Ministerio de Gobernación y los relacionados con la defensa de la soberanía al Ministerio de la Defensa El artículo 31 de la Constitución de Guatemala señala la ilegalidad de los registros y archivos de filiación política y garantiza el derecho de las personas a conocer lo que de ellas conste en archivos El gobierno de Portillo se comprometió a promover la tipificación del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de información política sobre los habitantes de Guatemala Director del Centro para Acción Legal en Derechos humanos, Frank La Rue destacó que no puede soslayarse el contexto que rodeó la divulgación del archivo: "El nivel de enfrentamiento entre el presidente del Congreso Efraín Ríos Mont y el presidente Portillo se exacerbóo más allá de lo que esperábamos: hasta ahora había una lucha por la hegemonía en el partido (Frente Revolucionario Guatemalteco) pero pesaba siempre la alianza política que los ha mantenido juntos Esta alianza se empieza a resquebrajar por el control del Ejército" En esta pugna, apuntó La Rue, figuran militares cercanos al presidente Portillo, como Jacobo Salán Sánchez, un coronel retirado encargado de la seguridad presidencial al que se vinculó con actividades de contrabando; y el general retirado Fernando Ortega Menaldo, asesor del presidente "Ríos Montt tenía al coronel César Augusto Ruiz, que es miembro de la Iglesia Verbo, destituido hace días como jefe de Estado Mayor de la Defensa", precisó ?¿Qué implicaciones tiene la divulgación del archivo? ?Parecería que sirve a varios propósitos; es un golpe más a ciertos sectores del Ejército del pasado, confirma que el Ejército monitoreó a la población civil guatemalteca Aquí el hecho es político, demostrar que el Ejército tenía un servicio de inteligencia capaz de acumular tanta información, pero lo que se presenta es sólo una lista de nombres con códigos, quien tenga el código y el acceso al banco de datos podría encontrar la información, pero eso no lo han dado Y añade: "Veo al sector portillista dándole un golpe a cierto sector del Ejército, y por otro lado mejorando la imagen de Portillo y de Edgar Gutiérrez en el aspecto de derechos humanos ?¿Cuál es su valoración en torno del cumplimiento de la oferta de reestructurar el aparato de inteligencia? ?Creo que se ha caminado muy poco, el Estado Mayor Presidencial supuestamente ha desaparecido; se ha quedado otra cosa con otro nombre pero es lo mismo, un grupo de militares protegiendo a Portillo ?Fuera del impacto inicial de la difusión del archivo, ¿qué otros efectos pueden preverse de su divulgación? ?Podría tener mas efectos si alguien lo lleva a proceso legal y si es que hay espacio, porque información real no hay Creo que en un momento en que hay procesos por genocidio iniciándose en España y en el país, difícilmente el Ejército va a liberar información porque tiene temor de que sea utilizada para los procesos legales La información, que podría provenir de lo que se conoció como el Archivo de la Presidencia, destaca por su amplitud; "en un país de 10 millones de habitantes es 6% de la población, eso indica que aquí cualquiera que expresa una opinión crítica es visto como un enemigo del Estado" La Rue dijo también estar seguro de que cientos de personas asesinadas y desaparecidas durante la guerra están ahí(Proceso 1230 29 de mayo del 2000)