México, DF - Para conocer a cabalidad la verdad sobre los crímenes del pasado, tales como la guerra sucia y la masacre de Tlatelolco, es imperativo contar con una ley de acceso a la información pública que obligue al Estado a brindar datos al respecto, dijo el politólogo Jesús Silva Herzog Márquez En la conferencia "Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental", organizada por la UNAM, el especialista, junto con académicos, estudiantes y activistas como Raúl Alvarez Garín, miembro del Comité 68-98, se refirió al papel de una ley de acceso a la información en el esclarecimiento de los delitos del pasado en México El Gobierno federal ha puesto a la disposición del público el contenido de los archivos policiacos y políticos de las últimas décadas Sin embargo, esta apertura no está respaldada por una legislación al respecto, sino que es discrecional Vicente Fox se ha referido en numerosas ocasiones a la necesidad de aprobar una ley de acceso a la información, misma que se encuentra en preparación y que, a pesar de las promesas, aun no ha sido concluida Silva Herzog Márquez dijo que el Estado debe asumir un compromiso con el pasado, en el sentido de castigar a quienes quebrantaron la ley Sin embargo, consideró equivocado esperar que sea el propio Estado quien llegue a la verdad del pasado a través de una Comisión de la Verdad Hacer tal cosa, dijo, sería tanto como permitir que se escribiera una versión oficial de la historia, y eso sólo ocurre en los regímenes autoritarios La forma correcta, afirmó, es a través de una ley de acceso a la información pública que permita a la ciudadanía investigar por sí misma En tanto, Alvarez Garín, uno de los exmiembros del movimiento estudiantil de 1968 que lograron se iniciara la investigación judicial de los hechos de ese año, dijo que este caso aún se encuentra inmovilizado por intereses políticos Es "decepcionante" e inadecuado, apuntó, que antes de que se concluyan las indagatorias, la fiscalía especializada en el caso esté adelantando "opiniones de exoneración" a favor de los responsables de los hechos del 68 En lugar de ofrecer garantías de que se llegará al fondo del asunto, agregó, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto "parece que tiene una constante preocupación por dar tranquilidad y seguridad a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que estamos reclamando" Agregó que a pesar de que la Procuraduría General de la República no ha cumplido totalmente la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juez primero de distrito, Tereso Ramos, aprobó el informe que al efecto le entregó la PGR La falla se encuentra, aseguró, en que la PGR no se pronunció sobre la aplicabilidad de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada en 1952, que establecería que los delitos del 68 no han prescrito y se podrían considerar de lesa humanidad La dependencia, expresó, no se pronuncia en ningún sentido en relación con este instrumento, con lo cual ese estatus de los delitos no queda claro Debido a esto, informó, ya se presentó un recurso de inconformidad ante la SCJN14/03/02