Hacienda y la purga en el IPAB (Primera de dos partes)

martes, 11 de noviembre de 2003
* La estrategia de la CNVB protegió a banqueros * Se pretendía no regresar créditos irregulares México, D F, 10 de noviembre (apro)- Autoridades de Hacienda y funcionarios de la CNBV operaron, desde junio del 2002, su estrategia para controlar el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y liquidar, desde ahí, el rescate bancario conocido como Fobaproa y con un beneficio para los banqueros El último movimiento se realizó en octubre pasado, cuando se hizo “una purga” en el área jurídica del propio IPAB, a la vez que ubicaban en puntos clave a quienes aprobaron en 1996 el ilegal rescate Dichos cambios podrían disminuir las posibilidades de recuperar los 45 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como operaciones irregulares del Fobaproa Dolores Padierna, actual diputada del PRD e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y quien impulsó en la 57 Legislatura una investigación sobre el caso, detalló lo anterior, lo cual fue corroborado por Mario Di Constanzo, exsecretario técnico de la comisión para investigar el IPAB y el mismo que en la actualidad mantiene un litigio con el instituto para acceder a las actas del comité del Fobaproa y de la Junta de Gobierno del IPAB Adelantaron también que al rescate bancario, el cual se juega en dos pistas: la jurídica --por los amparos interpuestos por Banamex, Bancomer, Bital y Banorte para evitar que se les auditen--, y la política --donde el propio Presidente de la República ha entrado en defensa de los banqueros y contra la ASF--, se ha sumado un nuevo actor: la Cámara de Diputados La intervención del Congreso se debe a que el presidente Vicente Fox interpuso dos controversias constitucionales para evitar se concretara la orden del titular de la ASF, Arturo González de Aragón, de descontar más de nueve millones de pesos a Banamex La primera controversia fue contra el propio auditor, misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en favor de Fox el pasado 4 de noviembre, y la segunda, contra la Cámara de Diputados, interpuesta el 6 de octubre anterior Los abogados de la Cámara se enteraron un día antes del fallo adverso hacia el auditor, por lo que se dieron a la tarea de elaborar y afinar una serie de argumentos para responder a Fox, e intentar recuperar los 9 mil millones de pesos de los activos de Banamex, según se desprende del proyecto de contestación de demanda y del cual tiene copia Apro Pero no sólo eso, los diputados formarán de nuevo parte activa en el caso Fobaproa, al reactivar la Comisión para Investigar el Funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Cifipab) La purga La intromisión de Hacienda en el caso Fobaproa se empezó a trazar en junio del 2000, y la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por controlar el IPAB es cada día más evidente, sostuvo la diputada Dolores Padierna La historia es la siguiente: Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca y Ahorro de la SHCP --primo hermano de quien fuera director del Fobaproa y actualmente director de Operaciones de Banamex, Javier Arrigunaga--, elaboró en junio del 2002 un documento denominado “Revisiones e intercambio de pagarés Fobaproa, antecedentes, alcances y estrategia” En dicho documento se definen las estrategias para influir en los diputados federales que, en abril de este año, buscaban la elaboración y firma de un convenio con los cuatro principales bancos del país, y donde aceptarían someterse a auditorías para poder concluir el intercambio de pagarés Fobaproa por pagarés IPAB En el documento elaborado por Luis Mancera, y del cual tiene copia Apro, se buscaban modificar las condiciones bajo las cuales se realizarían las auditorías y que habían sido fijadas por el IPAB el 14 de mayo del 2002 Los cambios tendrían como beneficiarios últimos a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, a los que se les realizarían auditorías ligth Sólo como dato, un mes antes de elaborar la estrategia, Luis Mancera se había desempeñado como director jurídico de Avantel, la cual había sido propiedad de Banamex La estrategia fijada en dicho documento fue puesta en marcha por Agustín Carstens, entonces subsecretario de Hacienda, pero fracasó cuando los diputados federales se percataron de los alcances de dicho convenio, los que ya habían sido alertados por algunos funcionarios del IPAB que no estaban de acuerdo La pretensión de establecer un convenio tan favorable para los bancos, tuvo como punto de partida eliminar los hallazgos del auditor canadiense Michael Mackey, del contralor del IPAB, Fortunato Álvarez, y del propio auditor superior de la Federación, quienes habían detectado operaciones irregulares en el llamado Programa de Compra y Capitalización de Cartera (PCCC) y al cual se habían acogido los cuatro principales bancos del país La consecuencia de dichos movimientos ilegales representa, en la actualidad, para el gobierno federal un costo de 45 mil millones de pesos En este monto se incluyen los 9 mil millones de Banamex

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