*El auditor de la Federación ordenará el cobro o descuento de 50mmdp de pagarés a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte *De las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2001, el gobierno de Fox no pudo justificar 81,724 mdp México, D F, 28 de julio (apro)- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenará en breve el cobro o descuento de los pagarés a los bancos Banamex, Bancomer, Bital y Banorte por 50 mil 316 millones de pesos, luego de que las autoridades no pudieron justificar el total de las irregularidades detectadas en el rescate bancario, y así mismo, iniciará los procedimientos de responsabilidad penal o administrativa que resulten entre los funcionarios implicados en el Fobaproa Entre los que participaron en el rescate bancario se encuentran Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México; José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda; Martín Werner, exsubsecretario de la SHCP; Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Eduardo Fernández, extitular de la CNBV; Héctor Tinoco, actual vocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario --heredero del Fobaproa--; Pedro Zamora, Guillermo Güemez, Everardo Elizondo, Javier Arrigunaga y Gabriel Reyes Orona Esta tarde, el auditor Arturo González de Aragón detalló a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la respuesta que las autoridades federales le dieron luego de que éste detectó en la cuenta pública de 2001, irregularidades por 339 mil 456 millones de pesos De dicho total, las autoridades no pudieron justificar el manejo de cuentas en distintas áreas de la administración pública, las cuales alcanzan un valor de 81 mil 724 millones de pesos Esto significa que el gobierno de Vicente Fox, hasta el día de hoy, no ha podido aclarar los motivos por los cuáles erogó 81 mil 724 millones de pesos La Comisión de Vigilancia puede decidir en los próximos días si le otorga al gobierno de Fox más tiempo para que presente argumentos sobre las irregularidades por el monto señalado Ahora bien, las irregularidades por 339 mil 456 millones que detectó el auditor las clasificó en tres rubros: 218 mil 657 millones de pesos fueron por operaciones no reveladas adecuadamente conforme a los principios de contabilidad; 75 mil 389 millones de pesos se debieron a “inobservancias de normatividad” y, el tercer rubro, de 45 mil 409 millones de pesos, fue por operaciones indebidas en el rescate bancario En cada uno de los tres puntos, las autoridades presentaron diversas justificaciones, ya sea para aceptar que sí hubo la irregularidad, aclararlas o solventarlas De los 218 mil 657 millones de pesos, y donde se vieron involucradas las entidades de Pemex, Nafin, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) “y otras menores”, las autoridades reconocieron los errores y las solventaron; pero les quedaron pendientes por comprobar 22 mil 201 millones de pesos, que tienen que ver con créditos fiscales pendientes de cobro por parte del SAT En el caso de los 75 mil 389 millones de pesos, por incumplimiento de normas, faltan por solventarse 25 mil 665 millones de pesos La cereza del pastel fue la cifra de 45 mil 409 millones de pesos del Fobaproa En este caso, 12 mil 123 millones se solventaron; quedaron pendientes de análisis 13 mil 018 millones de pesos, pero 20 mil 265 millones no fueron solventados o justificados Si se suman los primeros 22 mil 201 millones con los 25 mil 665, más 13 mil 018 millones, dan la cantidad de 60 mil 884 millones de pesos que son sobre los que la Comisión de Vigilancia tendrá que decidir si ofrece un nuevo plazo a las autoridades para que las aclare plenamente Si a estos 60 mil 884 se le agregan los 20 mil 265 millones del Fobaproa que no fueron solventados, se llega a la suma de 81 mil millones de pesos que el gobierno foxista no pudo justificar al cien por ciento El caso fobaproa Sin embargo, estos últimos 20 mil 265 millones de pesos son los más importantes de toda la revisión de la cuenta pública, ya que en el resumen ejecutivo elaborado por González de Aragón se desprende que ya no habrá más plazo para que justifiquen el gasto y, por tratarse de operaciones irregulares en el rescate bancario, ha considerado iniciar las responsabilidades penales o administrativas de todos aquellos que participaron en el llamando Fobaproa “La ASF está elaborando las comunicaciones correspondientes a las autoridades con el fin de que se proceda en el marco de la ley a efectuar las actualizaciones de los montos anteriores, con el fin de que se recuperan y, en su caso, se descuenten del importe de los pagarés (Fobaproa) y se inicien los procedimientos de responsabilidad que resulten”, señaló En la página nueve del resumen ejecutivo que entregó, González de Aragón estableció: “en relación a las observaciones que a la fecha del presente informe, no fue procedente su solvencia, éstas representan 20,2656 millones de pesos correspondientes a la revisión del Fobaproa-IPAB, y sobre las cuales la ASF se pronunciará para su actualización y descuento de los pagarés del programa de capitalización y compra de cartera” Cuando González de Aragón revisó la cuenta pública del año 2000 detectó irregularidades en la inclusión de Banamex al Fobaproba, y después la de 2001, en la inclusión de Bancomer, Bital y Banorte Así, concluyó que se rescató indebidamente a estos cuatro bancos ocasionándole un quebranto al erario por 45 mil 409 millones de pesos Hasta el día de hoy en que presentó su informe, González de Aragón concluyó que operaciones con un monto de 20 mil 265 millones de pesos no sólo no se debieron realizar, sino que las autoridades hacendarias no pudieron justificar Dichos recursos --a precios de diciembre del 2002--, ascienden a 50 mil 316 millones de pesos, que es la cantidad que ahora está ordenando que se cobren a los bancos o se les descuenten de sus pagarés Sin embargo, este capítulo aún no se cierra ahí, ya que todavía quedaron “pendientes de análisis” 13 mil 018 millones de pesos y si éstos no son aclarados en su totalidad se tendrían que sumar a los 50 mil millones de pesos Pero los alcances de la resolución del auditor van más allá que el simple cobro o descuento a los bancos mencionados, ya que en su resumen final concluye que “se inicien los procedimientos de responsabilidad que resulten”, es decir, que se finquen responsabilidades a las autoridades que en su tiempo participaron en el rescate ilegal de la compra de cartera de los cuatro bancos y entre los que figura Guillermo Ortiz, Jonathan Davis, José Ángel Gurría, Eduardo Fernández, Pedro Zamora, entre otros Actualmente los bancos cuentan con los llamados “pagarés Fobaproa”, sin embargo, de acuerdo con la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), dichos documentos deben intercambiarse por “pagarés IPAB”, pero para que esto se realice, los bancos deben permitir que se les audite nuevamente a lo cual se están negando De dichos pagarés es de donde se les tienen que descontar los más de 50 mil millones de pesos que hoy está ordenando el auditor