* Proceso 1399 destaca las inconformidades y presiones en el instituto México, D F, 27 de agosto (apro)- El martes 26, Julio César Méndez Rubio, secretario ejecutivo del Instituto para el Ahorro Bancario, y Margarita de la Cabada, secretaria adjunta jurídica, renunciaron nuevamente a sus cargos en el IPAB, en protesta por los cambios de última hora que se hicieron, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al comunicado del instituto donde fijaba su posición sobre las auditorías que se tienen que hacer a los principales bancos del país Mario Di Constanzo comentó a ”Apro” que, efectivamente, como publicó Proceso en su edición que está en circulación, los funcionarios del instituto le renunciaron a Francisco Gil Díaz, como presidente de la junta de gobierno del IPAB, pero por segunda ocasión se las rechazó La tarde del martes, la junta de gobierno canceló su reunión donde establecería los alcances de las auditorías que se deben realizar a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte por el Programa de Compra y Capitalización de Cartera (PCCC) del Fobaproa La reunión se pospuso para la próxima semana, una vez concluido el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, con el objetivo de no crear especulaciones antes del evento Se espera que la próxima semana las renuncias se hagan patentes de nuevo El malestar de los miembros del IPAB radica en que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio luz verde para celebrar las llamadas auditorías de “gestión, existencia y legalidad (GEL)”, el mismo instituto, por órdenes de Hacienda de última hora, se tuvo que autolimitar y difundir un comunicado de prensa, donde estableció que, a pesar de la resolución judicial, no podría realizar la de “legalidad”, ya que no cuenta con los llamados “documentos de trabajo” del auditor canadiense Michael Mackey La instrucción, contraria al mismo espíritu de la ley del IPAB en cuanto a las auditorías, fue el detonante para que, por segunda ocasión renunciaran tanto Méndez Rubio como Margarita de la Cabada La primera ocasión sucedió en abril, luego que autoridades de Hacienda, algunos diputados del PRI --encabezados por Jorge Carlos Ramírez Marín-- y los abogados de los cuatro bancos más importantes del país, pretendieran aprobar un “convenio” en la Cámara de Diputados, de última hora, para fijar los términos de referencia de las auditorías que se deben realizar a las instituciones de crédito En aquella ocasión los actores se desentendieron del IPAB y nunca le pidieron su opinión, cuando es la autoridad competente la que deberá realizar las auditorías, con el propósito, entre otras cosas, de disminuir el costo fiscal del Fobaproa para el gobierno federal En aquella ocasión, como ahora, las renuncias llegaron al escritorio del secretario de Hacienda y les fueron rechazadas, sin embargo, se espera que la próxima semana las dimisiones se hagan públicas y se consume lo que Proceso adelanta en su edición de esta semana El problema será quiénes ocuparán ambos cargos; en la secretaría ejecutiva se especula que podría ser el subdirector Alfredo Vara Alonso, aunque se presupone que su cercanía con Gil Díaz podría ser motivo de veto Otro con probabilidades sería Bernardo González Aréchiga, aunque esto sería difícil, ya que él decidió renunciar al cargo de vocal en abril pasado, al no estar de acuerdo con la forma en que se han estado manejando los asuntos en el instituto Y finalmente se habla de que un buen prospecto sería el excontralor del IPAB, el panista tradicional de Baja California, Fortunato Álvarez, y que fue quien detectó las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron tanto los cuatro bancos como autoridades del entonces Comité Técnico del Fobaproa, al incluir a estos cuatro bancos en el llamado PCCC sin estar calificados para ello, y que por cierto, en la actualidad, son motivo de las discusiones para disminuir el costo fiscal del Fobaproa Sin embargo, esto también es poco probable, ya que luego de hacer sus descubrimientos, Fortunato Álvarez hubo de renunciar al cargo por presiones