México, D F 5 de septiembre - México es un país joven, dicen las cifras demográficas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que dan un escaso cinco por ciento del total del pastel poblacional al sector de la tercera edad Aunque pequeño, en este grupo se refleja el dramático contraste que vive todo el país: mientras la mayoría de las personas mayores de 65 años padece la escasez de servicios y depende de una paupérrima pensión, unos pocos privilegiados, que fueron altos funcionarios durante su madurez, cuentan con una pensión que además de ser excesivamente generosa, suele agrandarse con reformas que en el futuro beneficiarán a sus autores Gracias a los avances tecnológicos que dan una mayor esperanza de vida y también al control natal, la estrecha parte de la pirámide ocupada por los "adultos en plenitud" amenaza con ensancharse a tal grado, que en un futuro no muy lejano (se prevé que para 2030) ese cinco por ciento se convertirá en diez El porcentaje podía ir creciendo hasta alcanzar en las siguientes décadas, el 23 por ciento de adultos mayores con el que cuentan países como Alemania, Italia y Japón De acuerdo con el INEGI, actualmente cuatro millones, 750 mil 311 personas tienen más de 65 años en México Un alto porcentaje de esta cifra cuenta sólo con sus magras pensiones para subsistir, y éstas a su vez dependen de las aportaciones o impuestos que pagan 31 millones 557 mil 497 personas económicamente activas Sin embargo, ante el viraje del panorama demográfico de México, dentro de unas tres décadas, esos más de 31 millones de personas que hoy son jóvenes o adultos se irán acercando al momento de su jubilación, al tiempo que una nueva generación, más reducida debido al descenso en las tasas de natalidad, llegará al ámbito laboral y llevará el peso de los gastos sociales que implica una sociedad con un alto porcentaje de adultos en plenitud Por otro lado, las pensiones y demás atenciones especiales para las personas mayores, se mantendrán durante plazos cada vez más largos, debido al aumento en la esperanza de vida que en la actualidad pronostica 73 años para los varones, y 77 para las mujeres Recientemente, en el marco de la conferencia virtual "Fondos de retiro, actualidad y perspectivas, el caso del Instituto de Servicios y Seguro Social para los Trabajadores del Estado (ISSSE), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)", el profesor de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, José Antonio Morales Castro, detalló que "la gravedad del asunto se centra en que el monto requerido para validar estos derechos es creciente en forma exponencial, lo que se traduce en serias presiones fiscales, al convertirse en pasivos contingentes para los gobiernos, pues se estima que para enfrentar los compromisos financieros del Seguro de Invalidez, Cesantía y Muerte, será necesario aumentar las contribuciones de 85 por ciento del salario al 233 en 2020" Y es que si bien el conflicto de las pensiones se ve amenguado por la llegada del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que comenzó a aplicarse desde 1992, hay otros gastos que requiere este sector de la sociedad El mismo subsecretario de Gobernación, Javier Moctezuma Barragán declaró que el aumento de población de adultos mayores implicará una "cuantiosa reasignación" de recursos hacia los servicios de salud, que verán crecer exponencialmente la demanda de servicios, particularmente para la atención de enfermedades crónico degenerativas Pero aún no estamos en 2030, y los problemas en este sector son ya graves Datos del ISSSTE y del Gobierno del Distrito Federal (GDF), indican que los pensionados reciben mensualmente mil doscientos pesos, cantidad que, según Morales Castro, no se puede incrementar debido a la reducción de los ingresos reales del IMSS y del ISSSTE, pero sí pierde de manera continua su valor adquisitivo a pesar de que según la reforma al artículo 57 de Ley del ISSSTE, las pensiones deben registrar un aumento proporcional al de los salarios mínimos Al respecto, baste recordar que, de sus presupuestos para este año, ambos institutos canalizaron respectivamente 44 y 56 por ciento a cubrir el pago de pensiones Así, del gasto total del IMSS que fue de 164 mil 161 millones de pesos, 436 por ciento es empleado en pago de pensiones, lo que lo obligó a destinar sólo 043 por ciento de su presupuesto en obra pública El daño resultó más grave para el ISSSTE, pues de un presupuesto de 54 mil 524 millones de pesos, 56 por ciento está siendo empleado en sus pensionados y sólo 031 por ciento, en obra pública Incluso, esta institución contó con 91 mil 325 millones de pesos de transferencias del Gobierno Federal para cubrir sus respectivos déficit de operación Estas cifras se dramatizan si se considera que en los primeros tres meses del año la población de pensionados y jubilados en México se incrementó en cinco por ciento más en relación con el mismo lapso del año pasado, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Trimestral (ENET) A fines de 2002, el titular del IMSS, Santiago Levi, observó durante una comparecencia ante el Senado de la República que el proceso de envejecimiento en México --el cual tardó casi seis décadas en los países-- llevará sólo dos o tres décadas en México De modo que este vertiginoso envejecimiento del país se agrava con la crisis por la que pasan las dos dependencias que tienen a su cargo la mayoría de los servicios que requieren los adultos mayores El conflicto por el que pasan los integrantes de este sector tiene otros matices Entre ellos, se encuentra el reclamo de algunos grupos de adultos mayores que, por no haber cotizado en ninguna de las dos dependencias federales, no cuentan con ningún ingreso para sustentar su vejez Tal es el caso de siete mil trabajadores jubilados de universidades que reclaman una pensión de su lugar de trabajo, toda vez que no cotizaron ni en el IMSS ni en el ISSSTE Entonces, el conflicto de los pensionados deriva en uno más, al restar también presupuesto a las universidades, que ven afectados sus programas de investigación y retrasen el crecimiento de la matrícula escolar Pero existe un grupo privilegiado entre los jubilados, integrado por los expresidentes y otros exfuncionarios, quienes gozan de jugosas pensiones con las que podría pagarse a un gran número de ancianos que también trabajaron durante su juventud y madurez, y no cuentan con ningún ingreso Tal es el caso de las pensiones que en julio pasado aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para los 40 ministros jubilados, cuyo monto total equivale al doble del gasto que el Poder Ejecutivo eroga por concepto de pago a pensiones de exmandatarios del país En contraste con los mil 200 pesos que recibe un jubilado, los exministros cuentan, desde agosto, con 114 mil pesos mensuales, pero además, contarán con un seguro de vida, y un bono de fin de año de dos meses de pensión, entre otros beneficios Haciendo cuentas, el total de las pensiones que reciben los exministros de la SCJN, alcanzaría para pagar a cuatro mil 500 jubilados su modesta pensión, pues asciende a casi 75 millones de pesos anuales Mientras las pensiones de la mayoría de los adultos en plenitud sufre una continua devaluación, el aumento aprobado por el Poder Judicial para los exministros implica un aumento de 57 por ciento Ello sin contar con el sueldo del chofer y ayudante vitalicios con que cuenta cada exministro de la SCJN Lo curioso es que la determinación del máximo tribunal del país se derivó de un a nueva interpretación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Trabajador del Estado (ISSSTE) Su argumento, según quedó plasmado en Acuerdo del Pleno Número 11/2003 de la SCJN, es que de acuerdo con esa ley, "la pensión de los señores ministros jubilados debe ascender al 80 por ciento de la suma del sueldo base y compensación garantizada que perciben los señores ministros en activo" A su vez, los exmandatarios son también beneficiaros de una pensión que contrasta con la del resto de los mexicanos El senador priista Oscar Cantón Zetina, quien en 2002 redactó un proyecto de iniciativa en relación con las pensiones de los exmandatarios, denunció que el "abuso" de los exmandatarios le cuesta al erario 260 millones de pesos anuales Los cinco beneficiarios de esta pensión --Luis Echeverría Álvarez, José Luis López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas De Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León-- reciben anualmente 275 millones de pesos por concepto de pensiones, incluyendo sueldo bruto, bonos, reconocimientos, estímulos y aguinaldos; y 31 millones de pesos correspondientes a gastos de funcionamiento y operación de inmuebles, equipo de oficina, transporte, viajes y demás servicios, además de los seguros de vida y gastos médicos Además están 2015 millones de pesos para cubrir los sueldos del personal militar y administrativo que tienen asignado a su servicio personal, que son 45 miembros del Ejército; 22 de La Armada; y 11 de la Fuerza Aérea, esto hace un total de 78 elementos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial al servicio de cada exmandatario A ello se deben sumar los 25 servidores públicos civiles, --adscritos a la plantilla de la Presidencia de la República-- para atender los asuntos personales de cada expresidente Ante el proyecto del senador priista, López Portillo advirtió que se ampararía contra la iniciativa Si él cumple su promesa de ampararse contra la iniciativa de Cantón Zetina y es apoyado por el resto de los mandatarios y exfuncionarios que se sientan aludidos, es posible que en las próximas décadas, la minoría de adultos mayores que ocuparon cargos de tal envergadura sigan gozando de sus generosas pensiones sin tener que enfrentarse al incierto futuro de la mayoría de los adultos mayores