* Los llaman a tomar “acciones urgentes” contra agresiones e intimidaciones * Realizan la Jornada Nacional contra Crímenes a Periodistas México, D F, 11 de octubre (apro)- Periodistas de todo el país entregaron hoy a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión un documento para exigir “acciones urgentes de los poderes públicos”, con el fin de evitar agresiones, intimidaciones y acechos contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información en todo el territorio nacional En el marco de la Jornada Nacional contra Crímenes a Periodistas, que se llevó a cabo en 11 ciudades de nueve estados del país, más de un centenar de reporteros, editores, articulistas y directivos de medios de comunicación se concentraron en el Monumento a la Revolución de esta capital, con el propósito de evitar que prevalezca la impunidad de los embates contra el gremio La protesta, que se originó a raíz del asesinato de los periodistas Francisco Javier Ortiz Franco, Roberto Mora García, Francisco Arratia Saldierna y Leodegario Aguilera Lucas, ocurridos este año, incluyó la lectura de la “Declaración contra la violencia a periodistas y por la plena libertad de expresión en México En la declaración se establece que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, consagrados en la Constitución y en el derecho internacional, enfrentan actualmente las agresiones, intimidaciones y acechos de poderes públicos y fácticos que son inadmisibles en un régimen de libertades “Esta declaración es un llamado al presidente Vicente Fox y al Congreso de la Unión, a los responsables de los poderes públicos a nivel estatal y municipal para que cumplan con garantizar el respeto al ejercicio periodístico, tomen las acciones necesarias y aprueben las leyes (para) una libertad de expresión plena”, leyó Leonarda Reyes, presidenta del Centro de Periodistas y Ética Pública (Cepet), una asociación civil sin fines de lucro Tras el acto simbólico en la Plaza de la República, una comisión de periodistas se trasladó a la Cámara de Senadores para entregar el documento al presidente de la Mesa Directiva, Diego Fernández de Cevallos, quien la recibió a través del secretario general del órgano legislativo, Arturo Garita El funcionario, quien ofreció disculpas por la ausencia de Fernández de Cevallos, se comprometió a dar cauce parlamentario a la declaración, que más tarde fue entregada en la Presidencia de la República, mediante Luis Arturo Matus Espino, jefe de Departamento de Atención al Ciudadano, de la Secretaría Particular de Fox Juan Alberto Antolín, secretario particular del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, también recibió la declaración, lo mismo que la Junta de Coordinación Política, a través de la funcionaria Cecilia Rosales De acuerdo con participantes, la insólita protesta que se celebró al margen de efemérides o coyunturas resultó un éxito por la participación y la adhesión al documento, firmado por casi 250 periodistas de todo el país, que plantea diez exigencias al jefe del Estado mexicano, y a las instituciones y funcionarios responsables: Plena libertad de expresión, seguridad para el ejercicio periodístico, que los delitos contra periodistas sean considerados delitos contra la sociedad, que la difamación sea de competencia civil y no penal, y que se termine la impunidad contra los periodistas Los otros cinco puntos tienen que ver con el rechazo a toda expresión de censura y autocensura; dignidad laboral; compromiso con la ética profesional, así como el reconocimiento legal al secreto profesional del periodista y a la cláusula de conciencia En la jornada se destacó la exigencia al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para que garantice la plena vigencia de las libertades, tal como el Senado lo exhortó el 28 de agosto y que se tradujo en su ausencia en la ceremonia solemne de entrega de la medalla “Belisario Domínguez”, el prócer de ese estado El expriista Salazar Mendiguchía promovió el endurecimiento de las sanciones a delitos contra el honor, que periodistas estatales consideran que atenta contra la libertad de expresión “Y si ésta está ausente, no tienen cabida las demás”, señaló Miguel González, periodista de esa entidad Mientras tanto, en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, un grupo de periodistas exigió al gobierno estatal y directivos del noticiero radiofónico Reporteros en Acción (Rea), indemnizar conforme a la Ley del Trabajo, al periodista Hugo Isaac Robles Guillén, quien tras hacerle una entrevista “incómoda” al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, fue despedido con el argumento de que no había recursos, pues se habían cancelado los convenios de publicidad con los ayuntamientos Además de tener su propio noticiero en la radio privada desde hacía 25 años, Hugo Robles se venía desempeñando también como corresponsal en San Cristóbal de Las Casas del noticiero Rea, que dirige Augusto Solórzano, quien a la llegada del actual gobierno le vendió su programa para transmitirse a través del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión El pasado viernes primero de octubre por la tarde, Hugo Robles recibió una llamada en la que Solórzano López, conductor del noticiero oficial, comentó que varios ayuntamientos “habían cancelado sus convenios de publicidad”, por lo que ya no podía mantenerlo como corresponsal porque ya no tenía presupuesto Este es el tercer periodista que despide el conductor del noticiero gubernamental: primero fue su corresponsal en Tonalá, Gregorio Antonio, a quien acusó de andar “peinando” a los alcaldes de la costa; luego Rosy Pérez, de Comitán, luego de que diera amplia cobertura a padres inconformes por la muerte de más de 20 bebes en el hospital de esa ciudad Hoy los periodistas se solidarizaron con Hugo Isaac, “por la actitud arbitraria” asumida contra él por los directivos de noticiero radiofónico de “Reporteros en Acción”, dependiente del sistema Chiapaneco de Radio y Televisión Exigieron al gobierno del estado y al directivo de ese noticiero gubernamental que indemnice inmediatamente al periodista Robles Guillén por su más de 20 años de trabajo Pidieron también a la Contraloría General del gobierno del estado que investigue las presuntas irregularidades administrativas en el uso de un bien público del estado cometidas por los directivos de ese noticiero, quienes han admitido que cobran por publicidad a ayuntamientos constitucionales