* Por una interpretación legal, libró la cárcel * Con base en los delitos en que incurrió exige ahora al IPAB un pago superior a 3,500 mdp México, D F, 12 de octubre (apro)- El analista Mario di Costanzo afirma que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), no tiene por qué pagar nada a Cabal Peniche Recuerda que el artículo 10 de la Ley del IPAB sostiene que el organismo “no garantizará las obligaciones o depósitos en favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales” Lo más importante, agrega Di Costanzo, es que también indica que no garantizará las operaciones que “no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas” Las malas prácticas y operaciones ilícitas en que incurrió Cabal Peniche las documentó el propio Michel Mackey en su Bank Report de Banca Unión y Banca Cremi con base en los propios documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sostiene Di Costanzo El IPAB, para defenderse de Cabal y no tener que pagarle los 3 mil 500 millones de pesos, tendría que reconocer y darle validez jurídica a los Bank Reports del auditor Mackey, considera el analista “Hacerlo implicaría reconocer la existencia de todos los Bank Reports correspondientes a cada institución bancaria y donde el auditor documentó las irregularidades en que cayeron todos lo bancos La primera consecuencia sería que el IPAB estaría aceptando que Bancomer, Banamex, Banorte y Bital (hoy HSBC) no requerían apoyos financieros --como lo dice Mackey--, eso pondría en aprietos a los dueños actuales de los bancos; pero también el convenio que el pasado julio firmó el IPAB con estos bancos para finiquitar los pagarés fobaproa”, explica Las ilegalidades cometidas por todos los bancos fueron documentadas por Mackey, pero también por la propia CNBV misma que intervino Banca Unión Sobre la actuación de la CNBV, el abogado Zinser sostiene que las intervenciones gerenciales “se realizaron de manera discrecional y arbitraria” Añade que los interventores gerentes nombrados por la CNB registraron diversos quebrantos en las instituciones intervenidas que no existían en la realidad: “La determinación de dichos quebrantos no se hizo con base en las reglas previas establecidas por la propia CNB Se llegó, incluso, al extremo de no realizar gestiones de cobro sobre dichos créditos quebrantados” Quebrantar es considerar fondo perdido un crédito, es decir, irrecuperable Di Costanzo coincide con el abogado de Cabal Peniche al considerar que la CNB, cuando intervino, “no acreditó legalmente los quebrantos de los fideicomisos” “Es decir, la CNB entra al banco, ve los fideicomisos y ordena su quebranto sin llevar a cabo las gestiones judiciales y legales para acreditar los quebrantos No fue con los deudores a verificar que efectivamente no podían pagar o no recurrió a jueces para que demandaran los pagos Y nunca lo hizo porque ahí estaban los famosos fideicomisos del PRI”, explica “Los grave de esta irresponsabilidad es que le abre la puerta a Cabal para decir que él no fue el culpable del quebranto, sino las autoridades bancarias, pero además, para que haga lo que hoy está haciendo: demandando al IPAB una indemnización por 3 mil 500 millones de pesos al haber anulado o quebrantado los fideicomisos con los que constituyó Banca Unión y Banca Cremi”, detalla Bank Report, prueba contra Cabal La única forma que tiene el IPAB para evitar el pago a Cabal Peniche, insiste el analista financiero, es reconocer la existencia del Bank Report del auditor Michel Mackey donde se documentan todas las irregularidades cometidas por el empresario radicado en Tabasco De acuerdo con el Bank Report y cuya fuente fue el libro blanco proporcionado por la CNB, “en julio de 1993, la CNB determinó que se habían emitido créditos por un monto total de 642 millones de pesos a 714 accionistas para la adquisición de las acciones del banco De acuerdo con la CNB esto era contrario a las prácticas bancarias sólidas La compra del banco, por lo tanto, estuvo sustancial e inapropiadamente fondeada mediante sus propios recursos Esto erosionó el capital mínimo neto de la institución Las acciones del banco se proporcionaron como colateral para los créditos a estos accionistas De acuerdo con la CNB, esto era contrario a las prácticas bancarias sólidas Y se otorgó un financiamiento adicional de 137 millones de pesos a doce accionistas del grupo de control, sin notificar a la CNB En cuando a la adquisición del Grupo Financiero Cremi, el Bank Report establece: “El 3 de noviembre de 1993, el señor Cabal, representando a un grupo de accionistas del Banca Unión adquirió el 6872% de las acciones de Grupo Financiero Cremi del grupo control a un precio de 1,569 millones de pesos “Después de la intervención del banco fue descubierto por parte de la CNB que los préstamos otorgados por Banca Unión y otros bancos eran utilizados por el señor Cabal para fondear la compra de las acciones del Grupo Financiero Cremi Los bancos otorgaron préstamos a varias personas y entidades que participaron en la canalización de fondos a otras cuentas bancarias, personas físicas y entidades para el beneficio del señor Cabal y los demás accionistas, para la adquisición de las acciones del Grupo Financiero Cremi” Pero todavía más: “En 1993, Banobras otorgó un préstamo a Banca Unión que no fue registrado en los registros contables de Banca Unión Los recursos obtenidos por Banobras fueron canalizados al señor Cabal y fueron utilizados para la adquisición de las acciones del Grupo Financiero Cremi “Para pagar a Banobras, Cabal arregló que Banco Unión otorgará préstamos a dos “compañías canal” Los productos del préstamo fueron utilizados posteriormente por estas entidades para pagar a Banobras Esto fue detectado por la CNB en el momento de la intervención en 1994” Como resultado de esto el auditor canadiense consideró que “en la mayoría de los casos los fondos se utilizaron para beneficiar al señor Cabal; financiar compañías en las que el señor Cabal Peniche tenía intereses financieros y, comprar o pagar acciones en Banca Cremi y Banca Unión” Y como cereza en el pastel: “Se descubrió que los prestatarios no tenían una posición financiera apropiada para pagar los créditos que se le emitieron” Entre las personas o compañías identificadas como “intermediarias” o “compañías canal”, Mackey identificó a por lo menos 59 Algunos de los préstamos a otros accionistas del banco fueron a: Héctor Lomelí Villalobos, Agrícola Industrial Carrillo, Aceite Casa, Administración Hortícola de Tamasula, Complejo Turístico Oasis Resort SA, José Luis Chain Matta, Martín y Franks Inmuebles SA CV, Alejandro Joven Sánchez, Gerardo Hierro Molina, Daniel Arrietya Salgado, Luis Marcos Morán, Enrique Posadas Domínguez, Grupo Apycsa SA, Factor Unión SA de CV, Grupo K-2 SA, Agrícola del Humaya SA de CV, Transportes Aéreos Ejecutivos S,A de CV y Publicaciones Frontera Sur SA de CV Todo esto fue documentado por el auditor, tomando como base los documentos proporcionados por la propia CNB Carlos Cabal Peniche era el presidente del Consejo de Administración de Banca Unión-Cremi Cuando los jueces en materia penal analizan las doce querellas fallan en beneficio de Cabal En siete de las querellas el juez que llevó los casos, Alejandro Caballero Vértiz argumentó que Cabal “no era funcionario o empleado del banco Y las leyes bancarias establecían que sólo los funcionarios o empleados pueden ser acusados penalmente de autorizar créditos ilegales a particulares que no acreditan que pueden pagarlos” Sin embargo, el exprocurador Ismael Gómez Gordillo, encargado de fincar 5 de esas querellas dijo en una entrevista el 22 de septiembre del 2001 que fue correcto acusar a Cabal, porque a su juicio, “la ley definía como funcionario bancario a todo aquel que obligue con su firma a la institución Y resulta que el señor Cabal era el principal accionista, el presidente del Consejo y obligaba con su firma” En las demás demandas penales los jueces consideraron que operó la prescripción del delito Es decir, que la CNB dejó pasar el tiempo para solicitar a la Procuraduría Fiscal que fincara querella y cuando lo hizo ya había prescrito el plazo para acusar Sólo en un caso, el documentado por el exprocurador Ismael Gómez Gordillo y que se centraba en lavado de dinero de parte de Cabal Peniche, la autoridad consideró que la Procuraduría Fiscal sí actuó en tiempo, sin embargo la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jorge Madrazo Cuellar, fue la que, según el juez, no actuó en tiempo Así, Cabal Peniche, por una interpretación de los jueces penales, libró la cárcel y los mismos delitos en que incurrió, según los documentos de la CNBV, son ahora los que le están sirviendo para exigir al IPAB un millonario pago “Es el absurdo Un uso faccioso de la ley y una irresponsabilidad del IPAB”, concluye el analista Mario Di Costanzo