* Human Rights Watch envía una carta al Congreso mexicano México, D F, 24 de diciembre (apro)- La reforma del sistema de justicia penal mexicano ofrece una oportunidad histórica para combatir el uso generalizado de la tortura, dijo Human Rights Watch (HRW) en una carta al Congreso El Congreso no debe echar en saco roto esta oportunidad Debe aprobar las medidas en contra de la tortura, pero rechazar otras disposiciones que podrían entorpecer su impacto positivo, precisó Según HRW, la tortura ha sido un secreto a voces en México durante años En opinión de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, después de varios años de tratar simplemente los síntomas del problema, México ahora tiene una propuesta de reforma que ataca las causas de la tortura En este sentido, precisó que unos 588 casos de tortura --muchos de ellos involucran a más de una víctima-- fueron documentados por los procuradores de derechos humanos estatales y nacionales entre 1990 y 2003, de acuerdo con un estudio recientemente publicado por la CNDH Más aún, insistió que existen buenas razones para creer que los casos documentados representan sólo una fracción del total existente Una de estas razones se refiere al hecho de que la tortura es con frecuencia sumamente difícil de documentar En la mayoría de los casos no hay testigos del crimen, y la tortura suele no dejar marcas físicas en la víctima En consecuencia, es probable que la única prueba sea la palabra de la víctima lo que, con frecuencia, es insuficiente para demostrar la comisión de un delito De otra parte, puede que esta prueba nunca se logre, ya que la principal consecuencia de la tortura --y uno de sus propósitos-- es intimidar a la víctima para que se mantenga en silencio Otra razón para sospechar que el uso de la tortura en México es generalizado, consiste en que ésta cumple un propósito dentro del sistema de justicia criminal mexicano: genera confesiones Esto ha sido ampliamente documentado De acuerdo con el estudio de la CNDH, en más de 83% de los casos de tortura investigados por la comisión, los abusos permitieron obtener la confesión de la víctima Las confesiones forzadas pueden cumplir múltiples propósitos El primero es aportar testimonios --tanto de la autoinculpación como de otros testigos o pruebas físicas-- de que la victima es culpable de un delito Sin embargo, si bien la intención habitual de la tortura es arrancar una supuesta verdad por la fuerza a un delincuente, puede también que la misma tenga como resultado la obtención de una mentira de un inocente La tortura puede por lo tanto cumplir una función aún más siniestra: encubrir las propias actividades de policías e investigadores La propuesta de reforma de justicia, que el presidente Vicente Fox presentó en marzo, busca promocionar tanto la protección de los derechos básicos como fortalecer la seguridad pública Dentro de la gama de disposiciones se encuentran los cambios en la Constitución referidos al tema de la tortura La reforma más importante es una modificación al artículo 20 de la Constitución, que garantiza el debido proceso La misma reforma suprime valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez Este requisito elimina prácticamente el principal incentivo de policías e investigadores para torturar a los detenidos: la posibilidad de que la confesión obtenida bajo coacción sea utilizada para condenar a la victima El paquete de reformas contiene otras disposiciones constitucionales que pueden también frenar la práctica de la tortura: el reconocimiento explícito del principio establecido de que los sospechosos de cometer un delito gozan del principio de presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario El requisito de que el acusado tenga acceso a un abogado desde el momento en que es puesto a disposición del fiscal, y de que se trate de un abogado "certificado" y "adecuado" La regla general es dejar sin efecto jurídico las prácticas ilegales de policías e investigadores, anulando así las pruebas obtenidas ilegalmente Lamentablemente, la misma propuesta de reforma debilita la efectividad de las medidas contra la tortura, al crear excepciones en su aplicación La más grave se relaciona con el "crimen organizado" Una propuesta de reforma de la Constitución permite que la legislación exceptúe estos casos de las garantías del debido proceso "Puede que los agentes del Ministerio Público y la policía necesiten facultades especiales para investigar a poderosas mafias," dijo Vivanco "Sin embargo, nada justifica la creación de una amplia y amorfa clase de sospechosos criminales a quienes se les excluye de las garantías constitucionales básicas"