* Sin guardar las normas, le afirmó a Bush que extraditaría a todo acusado de narcotráfico * El abogado de Arellano, afirma que su cliente no es extraditable México, D F, 10 de mayo (apro)- Dos días antes de que concluyera su sentencia y legalmente obtuviera su libertad, Francisco Rafael Arellano Félix empezó a despedirse de algunos compañeros y conocidos en el interior del penal de La Palma, con quienes convivió durante diez años El 6 de marzo, uno de los llamados cabecillas del cartel de Tijuana ponía fin a una larga sentencia por los delitos de portación de armas prohibidas y cohecho, delitos de los que fue acusado tras su aprehensión, en 1993; pero el día previo a su liberación, la Procuraduría General de la República (PGR) le notificó en su celda que, por petición del gobierno de Estados Unidos, existía en su contra una orden de detención provisional con fines de extradición Y se quedó en la cárcel Así, el caso volvió a poner los reflectores sobre las formas y los compromisos que, al margen de la ley, ha establecido el gobierno federal con Estados Unidos en materia de extradiciones, tema que en este sexenio ha sido tratado por ambos países como meros acuerdos políticos En julio del 2003, durante una reunión celebrada en San Diego, California, los procuradores de México y de Estados Unidos, Rafael Macedo de la Concha y John Ashcroft, signaron acuerdos en materia de extradición y allí los representantes estadunidenses dieron a conocer una de las acusaciones más amplias contra el cartel de Tijuana El expediente, radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de San Diego, California, contiene incriminaciones por narcotráfico en contra de once miembros del cartel, entre ellos los hermanos Benjamín, Ramón (asesinado hace año y medio en Mazatlán, Sinaloa) y Rafael Arellano Félix, jefes de la organización criminal con sede en Tijuana, Baja California Según algunos puntos relevantes del expediente --dados a conocer al procurador Macedo de la Concha y a otros colaboradores suyos, entre ellos José Luis Santiago Vasconcelos-- la acusación contra los Arellano abarca todas sus actividades criminales, ya que incluye delitos como conspiración para introducir narcóticos y cocaína a Estados Unidos, asociación delictuosa, lavado de dinero, homicidio y otros delitos graves Los hechos datan del año de 1986 a la fecha, es decir, desde el momento en que se consideró que los Arellano Félix tomaron el control del tráfico de drogas en Tijuana, Baja California Con base en estos antecedentes, el gobierno de Estados Unidos planteó que al menos cuatro miembros de la familia Arellano Félix tienen cuentas pendientes con la justicia estadunidense, particularmente en la Corte de San Diego, y es por esa razón que se le pidió a México coadyuvar para que estas personas sean extraditadas Una vez que tuvo conocimiento de esas acusaciones, el procurador Rafael Macedo se comprometió a facilitar las extradiciones no sin antes elogiar –como siempre lo ha hecho– la labor de Estados Unidos en materia de narcotráfico: “Estas acusaciones en contra de los Arellano Félix son históricas para ambas naciones, toda vez que en ellas se incluyen las operaciones de su grupo directivo, sus sistemas de protección, sus formas de distribución y, además, abarca todas sus actividades desplegadas dentro y fuera de México” Recientemente, en la reunión que sostuvo con George Bush en un rancho de Texas, el presidente Vicente Fox, sin guardar las formas y sin apego a la legalidad, dijo que su gobierno no tenía inconveniente en extraditar a todos los personajes acusados por narcotráfico En una frase resumió su compromiso político con Estados Unidos: “Los voy a extraditar a todos” Sin embargo, a pesar de ese compromiso, en los tribunales mexicanos se libran varias batallas legales por impedir la extradición a Estados Unidos de mexicanos acusados de narcotráfico En la mayoría de los casos, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores han fracasado en su pretensión de apoyar el compromiso político del presidente Fox Y es que la posición del jefe del Ejecutivo en materia de extradiciones, no está por encima de las decisiones del Poder Judicial, según expresan abogados consultados Por ejemplo, Américo Delgado de la Peña, abogado defensor de Benjamín y Francisco Arellano Félix, advierte riesgos legales a raíz de la posición que ha asumido el presidente Fox en materia de extradición: “No entiendo por qué el presidente se compromete a extraditar a todos los mexicanos acusados de delitos contra la salud El Ejecutivo no es el que decide, es el Poder Judicial el que tiene el derecho y la facultad de resolver estos casos Lo grave de la postura presidencial es que puede ser interpretada como una señal o una presión a la que no están exentos los ministros de la Suprema Corte” Olvidado durante años, el caso de Francisco Rafael Arellano Félix tomó relevancia apenas hace cuatro meses, aproximadamente, cuando la embajada de Estados Unidos en México solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su extradición Delgado de la Peña recuerda que en aquella ocasión, la Cancillería resolvió que no era viable la extradición de Arellano y adujo que la solicitud contenía información incompleta Con un nuevo procedimiento legal, la embajada contraatacó: con base en la información de que Francisco Rafael Arellano estaba próximo a recobrar su libertad, pidió a la PGR su detención provisional con fines de extradición La PGR canalizó la orden al juez V de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México y éste obsequió la orden de aprehensión Aunque en la primera fase la decisión de extraditar a un ciudadano depende de la SRE –luego sigue el juicio y el recurso de amparo por parte del extraditable– el juez V de Distrito, al resolver la orden de aprehensión contra Rafael Arellano, emitió una opinión que boletinó la PGR, en la que expresa que la extradición de Arellano Félix es procedente La solicitud de extradición surge en el momento en que México y Estados Unidos acordaron no poner trabas a las extradiciones –aunque las decisiones dependen del Poder Judicial– y cuando Arellano ya no tiene ningún delito pendiente con la justicia mexicana Según el gobierno estadunidense, Francisco Rafael Arellano Félix, quien actualmente tiene 45 años –diez de los cuales los pasó en la cárcel– enfrenta cargos con la justicia estadunidense desde 1980 Al presunto narcotraficante se le requiere debido a que en su contra existe una orden de aprehensión decretada el 7 de octubre de 1980 por la Corte Federal de Distrito en el Sur de California, por ser presunto responsable en la comisión de delitos contra la salud Ese día, Francisco Rafael Arellano fue detenido en Estados Unidos después de haber vendido cocaína a un agente encubierto; posteriormente se le otorgó la libertad bajo fianza, pero no compareció en la continuación del juicio Francisco Rafael Arellano Félix fue el primer integrante del cartel de Tijuana aprehendido por la PGR en 1993, encabezada entonces por Jorge Carpizo McGregor Aunque ya se conocían, dentro y fuera de México, sus actividades de narcotráfico, la PGR sólo pudo procesarlo por violación a la Ley Federal de Fuegos y Explosivos, y cohecho En este último delito incurrió por pretender corromper con dinero al policía que lo aprehendió Sujeto por ahora a un procedimiento de extradición que lo mantiene preso en el penal de La Palma, Francisco Arellano Félix puede librar legalmente la extradición por falta de elementos probatorios, según afirma su defensor, Américo Delgado El abogado explica que el único delito del que se le acusa a su cliente en Estados Unidos es por la posesión de 067 gramos de clorhidrato de cocaína pura, contenidos en un total de 208 gramos de esa droga A decir del defensor, en estos casos sólo se juzga la pureza, no el monto de la droga, pues el resto de los componentes de la droga resultan ser simples “adulterantes” De acuerdo con Delgado de la Peña, su cliente, Francisco Rafael Arellano, no es extraditable: “Es imposible que eso ocurra”, dice, tajante, y explica las razones: “En principio, el delito del que se le acusa en Estados Unidos está prescrito, según o establecen los artículos 193 y 194 del Código Penal Federal” Para reforzar su argumento, el abogado cita el artículo 7, fracción lll, de la Ley de Extradición, el cual tipifica que ningún sujeto es extraditable cuando está prescrita la acción o la pena del delito en cualquiera de los dos países “En México el delito está prescrito El hecho que se le atribuye a mi cliente ocurrió el 7 de agosto de 1980 La legislación penal de esa época señalaba como pena la de 7 a 15 años, cuyo término medio aritmético es de 11, lapso que se ha cumplido para esta fecha “Por lo que hace al delito de conspiración que también es incluido en la acusación estadunidense por el mismo acto, no está tipificado como delito en México y aunque se le equipara al de Asociación Delictuosa, se encuentra también en iguales circunstancias, afectado por la prescripción”, dice el abogado Delgado de la Peña refuerza su alegato con otros elementos que también juegan un papel determinante para impedir la extradición de su cliente En este caso, dice, está prohibida la extradición de un mexicano cuando en el país que lo requiere se le aplicará la pena de muerte o de cadena perpetua, las cuales son señaladas --según una contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte en octubre del 2001, como impedimentos para la extradición de una persona El defensor señala que espera, de un momento a otro, la solicitud de extradición de Benjamín Arellano Félix, detenido el año pasado en Puebla Tras su aprehensión, Benjamín Arellano fue acusado de siete delitos, de los cuales sólo le quedan cuatro relacionados con narcotráfico A más de un año de haber sido detenido, obtuvo sentencias absolutorias por lo que se refiere a delitos contra la salud y su participación en la balacera que cegó la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco