* Reprueban que vea con buenos ojos la propuesta de una ley de amnistía * Su obligación es investigar y castigar a los responsables, dicen México, D F, 27 de mayo (apro)- Organismos defensores de los derechos humanos calificaron de irresponsable la postura sumida por el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, quien ve con buenos ojos la propuesta de una ley de amnistía sobre lo sucedido el 2 de octubre de 1968 hasta la década de los 80 El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Fray Bartolomé de la Casas, Cencos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, al fijar su postura sobre las recientes declaraciones de Carrillo Prieto, precisaron que sólo puso en evidencia que la fiscalía a su cargo adolece de credibilidad y de una posibilidad real de concretar las investigaciones para la que fue creada Ayer, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto afirmó que la propuesta de una ley de amnistía respecto de lo sucedido desde 1968 y hasta los años 80, periodo que se ha denominado “la guerra sucia”, es un esfuerzo “loable” de parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que bajo sus propias palabras “México requiere de la reconciliación de sus ciudadanos con el Ejército” Para las organizaciones no gubernamentales, lo que hace falta recordarle a Carrillo Prieto es que la propia Fiscalía Especial, desde su inicio, ha sido cuestionada por las víctimas de esa etapa en nuestro país y de los propios familiares de éstas que siguen en la búsqueda de la verdad sobre lo que realmente pasó con sus familiares y la exigencia de que se castigue a los culpables de cientos de desapariciones forzadas que se perpetraron por servidores públicos en contra de hombres y mujeres Sostienen que ha quedado demostrado que la Fiscalía Especial es una instancia que adolece de una posibilidad real y concreta de desarrollar la investigación de los hechos que se han denunciado desde su creación y que son, en su mayoría, desapariciones forzadas perpetradas por integrantes del Ejercito Mexicano y/o en complicidad con diferentes cuerpos policiales Precisaron que ya en diferentes documentos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la actuación de la Fiscalía Especial, se han acreditado una serie de carencias de carácter administrativo: recursos escasos, insuficiente personal y poco capacitado para realizar investigaciones en torno a hechos que implican desentrañar violaciones del pasado; falta de programas de capacitación y la inexistencia de personal de otras disciplinas que coadyuve en la investigación histórica y social Afirman que, sin lugar a dudas, uno de los principales obstáculos para la investigación de la Fiscalía es la prevalencia de la jurisdicción militar para investigar aquellos crímenes de lesa humanidad en los que intervinieron elementos castrenses Este hecho, sostienen, es preludio de impunidad, dada la ausencia de independencia e imparcialidad de la jurisdicción militar al investigar acciones provenientes de la misma institución Además, añaden, resulta contradictorio que se haya creado un órgano ex profeso para investigar los delitos del pasado y que lo relativo a la investigación de la participación militar en estos hechos (que en muchos casos es evidente y directa) no sea parte de esa investigación En este sentido, subrayan que las declaraciones del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, respecto a una ley de amnistía impulsada por Clemente Ricardo Vega, secretario de la Defensa Nacional, resultan irresponsables y totalmente fuera de la tarea de investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad perpetrados en las décadas de los 60, 70 y 80 en México “Antes de analizar esta propuesta de ley están pendientes de resolver los casos que aún constan en el tintero del fiscal Carrillo Prieto”, apuntaron