* En octubre la CIDH verificará el avance en el país en materia de libertad de expresión México, D F, 3 de junio (apro)- Ante la amenaza del cierre arbitrario de emisoras comunitarias, organismos defensores de derechos humanos demandaron la intervención del presidente Vicente Fox, a fin de que cumpla con los compromisos de su gobierno en materia de libertad de expresión La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, a modo de recordatorio, señalaron que en el próximo periodo de sesiones, en octubre próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificará el avance en el país sobre el tema Precisaron que la SCT se niega a dar los permisos que se solicitaron desde el año pasado, además que el Estado mexicano pasa por alto el proceso de diálogo y viola su compromiso ante la CIDH Como parte del cumplimiento a los compromisos que hizo el gobierno federal en marzo de este año ante la CIDH en Washington, la Secretaría de Gobernación estableció una mesa de diálogo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a fin de iniciar el proceso de legalización de dichas emisoras comunitarias, de conformidad con un acuerdo político que sostuvieron el titular de la Segob, Santiago Creel, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, el 14 de abril anterior En el acuerdo se estableció la revisión de caso por caso a fin de facilitar el otorgamiento de permisos para la operación de las radios, como parte de la solución a una demanda social creciente en el país, a fin de que los grupos ciudadanos con fines sociales operen sus propias frecuencias para ejercer su libertad de expresión a través del soporte técnico de la radiodifusión Las ONG señalaron que al pasar por alto el proceso de diálogo, y en una clara violación al compromiso ante la CIDH, el 28 de mayo la SCT notificó a los representantes legales de “La Voladora Radio de Amecameca”, Estado de México; “Radio Calenda” de San Antonino, Oaxaca, y a “Radio Bemba” de Hermosillo, Sonora que no era posible atender a sus peticiones de permiso, y estableció que de no dejar de operar inmediatamente, se procederá al aseguramiento de las emisoras, incluyendo el bien inmueble donde operan Precisaron que con argucias técnicas también se ha notificado formalmente a la mexiquense “Neza Radio”, y “Radio Guadalupe” de la Ciudad de México, que no es posible otorgarles el permiso en virtud de la “saturación” del espectro radioeléctrico Explicaron que de acuerdo con los avances tecnológicos, la distancia entre frecuencia y frecuencia puede ser menor, tal como se puede verificar en las normas de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países latinoamericanos Sostienen que es claro que la SCT está limitando la buena administración del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los mexicanos, para hacer un uso político de una norma técnica y evitar que otros sectores de la sociedad accedan a las frecuencias, violando el artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos --de la cual México es parte desde 1982 Según dicha Convención, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” “En el gobierno del cambio priva el viejo estilo autoritario de la SCT, pues mientras a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas le dio una respuesta positiva en tres meses para operar emisoras en Michoacán, a las radios comunitarias que pertenecen a ciudadanos les contesta cinco meses después denegando las peticiones y con amenaza de cerrarlas”, puntualizaron