* Pedirá la Permanente intervención de la Secretaría de la Función Pública Ciudad Victoria, Tamps , 28 de julio (apro)- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de la Función Pública investigue probables irregularidades cometidas en el manejo de terrenos del puerto industrial de Altamira, desde que fueron expropiados por el gobierno federal hasta su venta al empresario Fernando Cano Martínez La dirigente municipal del PAN en Altamira, Silvia Cacho, informó que el punto de acuerdo fue aprobado en la sesión de este miércoles en la Ciudad de México, tras la denuncia presentada por la diputada panista Blanca Judith El dictamen fue elaborado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a manera de exhorto a la Secretaría de la Función Pública “En absoluto respeto a la división de poderes y en un contexto de colaboración, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, en el marco de sus atribuciones, investigue sobre las probables irregularidades suscitadas a partir de la expropiación de predios para la construcción del puerto industrial de Altamira, en Tamaulipas, y su posterior manejo”, señala el dictamen En la iniciativa, la diputada panista hace referencia a que existen indicios de que, con motivo de la construcción del puerto industrial de Altamira, “se han suscitado probables actos de corrupción por parte de algunos funcionarios y particulares con perjuicio al erario de Tamaulipas, y a costa de los campesinos afectados” por las expropiaciones de la superficie vendida La denuncia se refiere a la venta de mil 600 hectáreas del puerto industrial que fueron primero donadas por la Federación al gobierno estatal y luego traspasadas a un fideicomiso, “Nuevo Santander”, el cual finalmente vendió la superficie a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo a un precio de 87 centavos el metro cuadrado Cabe mencionar que la firma que adquirió los terrenos es propiedad del empresario Fernando Cano Martínez, quien ha sido señalado en la entidad como prestanombres del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba Ante las acusaciones, el gobierno del estado ha asegurado que los terrenos que fueron vendidos al empresario tamaulipeco carecen de valor por tratarse de marismas que requieren de una fuerte inversión para hacerlas atractivas a la instalación de industrias La comisión dictaminadora aclara que a pesar de que no es posible prejuzgar sobre posibles irregularidades que señala la diputada Díaz Delgado en su iniciativa, ni de señalar a presuntos responsables, “consideremos pertinente solicitar a la Secretaría de la Función Pública que, en ejercicio de sus atribuciones, haga la investigación que considere pertinente, a fin de deslindar posibles responsabilidades en los hechos referidos”