La Procuraduría General de la República (PGR) fijó 12 años como plazo para abrir la información relacionada con los criterios en que se basó para integrar una investigación contra el exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas y, después, para que la misma dependencia declarara el no ejercicio de acción penal, expone Proceso en su edición de este domingo 11 de diciembre Se trata de información "reservada o confidencial", fue la respuesta que dio la Unidad de Enlace de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad a la solicitud de Proceso para conocer la averiguación previa AP PGR/028/2001 integrada contra Montiel y sus exsecretarios particular (Miguel Sámano Peralta) y de Economía (Carlos Rello Lara) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita Para Salvador Nava Gomar, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur y miembro fundador de Libertad de Información-México AC (Limac), prolongar hasta 12 años la reserva de esa información "es una locura" y da pie para "sospechar que detrás hay un acuerdo político" para ocultar las indagatorias Miguel Carbonell Sánchez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también especialista en derecho a la información, destaca que si bien la Ley de Transparencia "no incluye una salvaguarda en el caso de averiguaciones previas ya terminadas" El procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida confirmó que desde 2001 Arturo Montiel Rojas y sus familiares estaban en la mira de las autoridades federales, por lo que la PGR había iniciado "una averiguación previa en el área de lavado de dinero" con base en una denuncia por enriquecimiento inexplicable presentada en la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), destaca la edición 1519 de Proceso, en circulación