* Versión de que el caso se asignaría a la jueza Olga Sánchez Contreras, en el Reclusorio Oriente México, DF, 19 de abril (apro) - Las controversias constitucionales que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no afectan las facultades del Ministerio Público, por lo que el expediente en contra de Andrés Manuel López Obrador puede ser consignado en cualquier momento ante el juez para solicitar su orden de aprehensión El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, dijo que esa circunstancia está avalada por la propia SCJN Las declaraciones del subprocurador siguieron a las hechas horas antes por el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, lo que desató rumores de que el expediente sería consignado ante la jueza quinta de distrito de procesos penales, Olga Sánchez Contreras, en el Reclusorio Oriente “El procedimiento penal (contra López Obrador) debe seguir con toda la regularidad, pues hay una jurisprudencia de la propia Corte de 1995, cuyo ministro ponente fue Genaro Góngora Pimentel, según la cual en las controversias constitucionales no procede la suspensión cuando se afecte con ella la facultad del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos”, aseguró Ramos Nuestra facultad, agregó, está incólume, pues no ha sido suspendida por ninguna determinación, por lo que es probable se haga la consignación en las próximas horas “No sé cuándo ocurra, pues no es de mi competencia, lo que señalo es que en nuestro análisis no tenemos un impedimento para llevar la acción penal” Explicó que si los ministros instructores que recibieron las controversias presentadas por la Asamblea Legislativa del DF y la Cámara de Diputados hubieran querido detener los efectos de la declaración de procedencia emitida por los diputados, hubieran otorgado la suspensión “No se hizo, y por lo tanto los efectos jurídicos de la declaración de la Cámara de Diputados tienen vigencia en este momento”, dijo el funcionario Ante el anuncio de López Obrador de que el próximo lunes reasumirá su cargo de jefe de gobierno capitalino, el subprocurador señaló que si la PGR recibe una denuncia por usurpación de funciones, que puede ser presentada por cualquier persona, el MP abriría una investigación que estaría sujeta a las resultas de las controversias constitucionales Ante los cálculos políticos que se han hecho sobre los tiempos en que la SCJN resolverá las controversias constitucionales, el ministro instructor de una de ellas, José Ramón Cossío Díaz, deslindó a la Corte de esas estimaciones: “El derecho tiene sus plazos, que no son los de la política Estos son los tiempos del derecho y estamos interesados en que se respeten” Pero pasarán varias semanas antes que la definición jurídica ocurra “Probablemente, va a haber algunos días de cierta indefinición antes de que tengamos una certeza absoluta de las cosas”, pero esto no quiere decir que las distintas partes en conflicto no tenga sus propias estrategias, advirtió Esta indefinición, abundó, no es producto de lagunas jurídicas, sino de una disputa que tiene que llegar a su momento jurídico de resolución “Esperemos a esos tiempos”, agotados los recursos y las sentencias, declaró el ministro, quien junto con el subprocurador participó en el foro “Transparencia y comunicación en el Poder Judicial de la Federación”, organizado por la SCJN En la inauguración del encuentro, el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, intentó aligerar el ambiente de confrontación en el país por el desafuero de López Obrador: “Hoy vivimos una época de pluralismo y de momentos en los que hay ocasiones que parecer ser que se dan enfrentamientos y que no hay posibilidad de construir” Se tiene la impresión, agregó, que lo que se busca es cómo destruir, cómo disminuir a los adversarios y, sin embargo, “yo quiero seguir manifestando mi fe en la racionalidad que debe caracterizar a los seres humanos” Azuela, sin embargo, ha sido señalado por el propio López Obrador de haber participado junto con el presidente Vicente Fox en la estrategia política que derivó en su desafuero