Intereses pecuniarios de los partidos políticos, criterios mercantiles del IFE y, sobre todo, la intención del PAN y del presidente Fox de controlar la propaganda en los medios electrónicos, frenaron diversas propuestas de reforma electoral Por ejemplo, privaron a los mexicanos de un ahorro sustancial en el proceso y abatieron la esperanza de tener este año, cuando se disputa la Presidencia de la República, equidad en las campañas y transparencia en los comicios No obstante que el costo de las elecciones de este año pudo haberse reducido en por lo menos mil 400 millones de pesos, el negocio de las campañas en radio y televisión impidió esa posibilidad La reducción estaba prevista en la reforma electoral que terminó siendo frenada por las dirigencias de los partidos políticos Todos tenían sus motivos para sepultarla, pero el PAN y el gobierno de Vicente Fox tuvieron uno de mayor peso: el control de la propaganda en los medios electrónicos De esa manera, los partidos mantuvieron sus altos ingresos por las prerrogativas concedidas mediante la legislación electoral; y esos medios de comunicación, sobre todo las televisoras, garantizaron altos ingresos para 2006 por la propaganda electoral, lo cual fue avalado por el Instituto Federal Electoral (IFE) Los supuestos intentos de bajar el costo de los comicios acabaron afectando otros temas de la reforma electoral, como la actualización de los delitos electorales, el control de las precampañas, la reducción de las campañas, una mayor fiscalización de los partidos políticos y el control de los crecientes gastos del IFE y del Tribunal Federal Electoral (Trife) En las comisiones de Reforma del Estado, Puntos Constitucionales, Gobernación, Participación Ciudadana y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados quedaron archivadas iniciativas y predictámenes que presentaron legisladores en lo individual, grupos parlamentarios y la Presidencia de la República mediante la Secretaría de Gobernación La aparente intención reformadora de todos los grupos parlamentarios y del Ejecutivo federal se agotó en las dirigencias partidarias y en el poco entusiasmo de la Presidencia de la República, cuya actuación se limitó a presentar tres propuestas de reforma en los ordenamientos electorales, sin hacer nada para evitar que acabaran entrampadas en los intereses de cada partido político "La reforma electoral se paró en las dirigencias de los partidos políticos y también debido al poco interés del gobierno de Vicente Fox, así como del propio IFE", asegura el diputado del PRD por Chiapas, exconsejero del IFE y uno de los impulsores de las modificaciones electorales, Emilio Zebadúa Al inicio de la actual LIX Legislatura, se propuso la reforma electoral como uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa, y en septiembre de 2003 se creó un grupo de trabajo avalado por las coordinaciones parlamentarias de todos los partidos Entre los integrantes de ese grupo se encontraba, además de Zebadúa, Margarita Zavala, esposa del candidato panista a la Presidencia, Felipe Calderón Las discusiones se enfocaron en cuatro temas: la regulación de las precampañas y campañas, la reducción de los tiempos electorales, la mayor fiscalización por parte del IFE y la disminución de los recursos destinados a los partidos El tema en el cual nunca hubo acuerdo, por la oposición del PAN, y que al final acabó con las negociaciones, fue el de la regulación de los medios de comunicación en tiempos electorales Con la excepción del PAN, los grupos parlamentarios del PRI, el PRD, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia coincidieron, en apariencia, en lo que llamaron "un primer acuerdo político nacional", y en abril de 2004 aprobaron un proyecto de dictamen En el papel, se trataba de la reforma más importante en la materia desde los cambios constitucionales y legales de 1996, cuando se sacó al gobierno de la organización de los comicios, se reestructuró el IFE, se reorganizó el Trife y se le dio rango constitucional al financiamiento público, entre otros cambios para hacer más equitativos los procesos, dominados entonces por el PRI Las modificaciones aparentemente pactadas en la Cámara de Diputados por cinco de los seis partidos representados implicaban cambios en diversas normas y una reforma constitucional relativa al financiamiento público a los partidos Estaban dirigidas a la regulación de los medios de comunicación en campañas y precampañas, la transparencia y democratización de los partidos políticos, el control de las precandidaturas, la reducción del costo de la política y la creación de un sistema de fiscalización más efectivo El PAN, dice su diputado por Baja California, Pablo Alejo López Núñez ?también integrante del grupo de trabajo de la reforma?, sabía que el aparente acuerdo de los partidos no iba a prosperar, ya que el PRI "no tuvo una real intención de caminar en las reformas con el PRD, el Verde, el PT y Convergencia Estaba definido por la no reforma, pues en materia de financiamiento lo afectaba" debido a la multa de mil 500 millones de pesos que le impuso el IFE por el Pemexgate Además, asegura, era renuente a que se actualizara el catálogo de delitos electorales Las condiciones del PRI para aceptar una mayor fiscalización consistieron en que el PAN y el PRD convinieran en disolver el Trife y en realizar una nueva elección de los actuales consejeros electorales del IFE, negociados durante la coordinación de Elba Esther Gordillo Y mientras el PRD insistía en el tema de los medios de comunicación, "en el PAN teníamos claro que ese aspecto se abordaría en el Senado por ser un tema más amplio que no tenía que ver sólo con lo electoral" La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, en efecto, pretendió aprobarse en diciembre pasado en la Cámara de Senadores, donde finalmente se congeló luego de que la Cámara de Diputados la aprobó sin discusión a pesar de las intenciones duopólicas que implicaba a favor de Televisa y Televisión Azteca López Núñez sostiene que para el PAN "no había reforma electoral sin mayores facultades de fiscalización al IFE y sin una reducción de los costos de la democracia" Tanto Zebadúa como López Núñez dudan de la verdadera intención reformadora del PRI, cuyo coordinador jurídico bajo la presidencia de Roberto Madrazo, Raúl Cervantes Andrade, fue requerido en vano por Proceso para que respondiera a esos señalamientos Incluso uno en el sentido de que con una llamada telefónica a los diputados priistas paró una de las negociaciones El predictamen avalado por todos los partidos, excepto el PAN, estipulaba, en el tema de medios de comunicación, la prohibición a todas las autoridades gubernamentales de usar los tiempos oficiales tres meses antes del día de las elecciones, salvo en situaciones de emergencia sanitaria o natural La posición del gobierno foxista era que la prohibición operara sólo 30 días antes de la jornada electoral Regulaba un calendario y horarios para la difusión de la propaganda electoral y, en la perspectiva de reducir los costos de difusión, proponía un mercado también regulado para la contratación de tiempos por los partidos políticos Se crearía una comisión de los partidos y el IFE para convenir las tarifas de esa contratación durante este año electoral La contratación la harían los partidos autorizados por el IFE y sería éste el que hiciera el pago, mientras que las empresas de radio y televisión estarían obligadas a entregar en 15 días copias de las facturas a la autoridad electoral y a los partidos Tales disposiciones implicaban modificar la Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) La reforma a la Ley de Radio y Televisión establecía la prohibición de negociar con los concesionarios de esos medios sin la autorización del IFE, y al Cofipe se le hacían numerosos cambios para distribuir de forma equitativa los tiempos oficiales entre los partidos políticos y llegar a un arreglo con los concesionarios y permisionarios La reforma al Código Electoral pretendía así mismo poner un límite al costo total de los promocionales de hasta 20% del financiamiento público a los partidos, y evitaba la contratación de propaganda en los medios electrónicos por parte de particulares en favor o en contra de algún partido o candidato Facultaba, además, al Ejecutivo federal a sancionar a los concesionarios y permisionarios que violaran dichas disposiciones Ese pretendido control de tiempos y costos de transmisión abortó no sólo por el rechazo del PAN en la Cámara de Diputados, sino por la indiferencia del gobierno de Fox, ya que en ninguna de sus iniciativas de modificaciones a la legislación electoral se refirió al control de los gastos propagandísticos en radio y televisión El libre mercado Entre marzo y abril de 2004, por medio de la Secretaría de Gobernación, Fox envió tres propuestas de decreto para reformar la Constitución, el Cofipe y el Código Penal Federal, pero en ninguna tocó el tema de la propaganda electrónica En cuanto a la reforma constitucional, sólo pretendía limitar la propaganda oficial a 30 días antes de la elección, en lugar de 90 Ante ese vacío de regulación, en un madruguete a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Televisa y el IFE firmaron en octubre pasado un acuerdo de buena fe para que la televisora informe al IFE sobre la propaganda contratada con los partidos políticos (Proceso 1510) En la misma línea de autorregulación, durante su sesión del pasado 19 de diciembre, el Consejo General del IFE rechazó una propuesta presentada en octubre por el representante del PRD ante el instituto, Horacio Duarte, de establecer una tarifa única para la propaganda de los partidos Con esa decisión, cada uno de los partidos debería negociar los precios con la estaciones de radio y televisión Bajo el criterio de que "a iguales condiciones de contratación, igual precio", y con la pretensión de que "a variaciones idénticas de dichas condiciones, por su volumen de espacios contratados o formas de pago, corresponda idéntica variación en el precio", el IFE optó por el libre mercado De esa manera, los partidos con más dinero, que compren más anuncios o paguen más rápido tendrán un trato preferencial, aseguró Duarte en esa sesión El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, se lavó las manos al señalar que cualquier regulación en la materia es responsabilidad del Congreso, además de que, de acuerdo con el Cofipe, las tarifas no pueden ser superiores a las comerciales En su acuerdo, el IFE pidió a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión convenios como el que firmó con Televisa; es decir, sólo si hay buena fe se podrá conocer quién, qué partido y por cuánto se habrá contratado la propaganda electoral Además del tema de los medios de comunicación, el predictamen de los cinco partidos opositores del PAN consideraba la obligación de los partidos de transparentar sus operaciones administrativas y respetar los derechos de sus afiliados, apoyados por el IFE También regulaba y limitaba los tiempos y gastos de las precampañas, además de proponer la reforma del artículo 41 de la Constitución para establecer una nueva forma de calcular el financiamiento público para los partidos políticos "Por el mero cambio de la fórmula actual de financiamiento, para la elección de 2006 habrá una reducción de aproximadamente mil 400 millones de pesos para los gastos ordinarios y las campañas, respecto al gasto de la última elección federal de 2003", estimaba el acuerdo de los partidos de oposición La fórmula propuesta consistía en una disminución gradual de 10% a partir de 2006 hasta llegar a 30%, con una reducción proporcional en el financiamiento privado Se pretendía también reducir el tamaño del IFE y un "reordenamiento" del Trife, en tanto que el registro de electores pasaría a depender del Registro de Población, "una vez que se cuente con un órgano autónomo que garantice la imparcialidad en el manejo de la información" Hubo igualmente propuestas de dictámenes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana presentadas en mayo de 2004 para acortar los tiempos de campaña y eliminar el secreto bancario, fiscal y fiduciario con el fin de darle mayor fuerza de fiscalización al IFE Además, se establecía la existencia de un contralor interno del IFE designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, toda vez que el actual contralor carece de autonomía al depender del consejero presidente Varias de esas reformas daban continuidad a las propuestas del anterior consejo del IFE e implicaban reformar, además del Cofipe y la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Con algunas modificaciones a esas propuestas, las Comisiones Unidas, todavía en enero de 2005, elaboraron otro proyecto de dictamen para alcanzar algunos de esos cambios a la regulación electoral Allí se insiste en la austeridad, la equidad en la propaganda de los medios electrónicos, la transparencia y el fortalecimiento en la rendición de cuentas de los partidos En caso de impugnación electoral, los dictámenes que aguardan su aprobación consideran la nulidad de la elección de diputados o senadores cuando se reciban aportaciones o donativos prohibidos por la ley y cuando se cometan en forma generalizada actos para la obtención de votos mediante pago, presión o coacción del sufragio durante el proceso electoral, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de los comicios En las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados también quedó pendiente un dictamen para reformar el título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal y agregar un inciso a la fracción primera del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con el objeto de actualizar los delitos electorales establecidos en la reforma del 22 de noviembre de 1996, homologarlos con los genéricos y alinearlos con los que ya están considerados en algunas legislaciones estatales Ese dictamen recoge la propuesta de reforma penal del Ejecutivo Federal para sancionar, entre otros, actos de precampaña y campaña hasta ahora no considerados pero recurrentes en anteriores comicios, como la utilización de dinero o recursos provenientes del extranjero o de actividades ilícitas Ese vacío impidió que se profundizara en las investigaciones del Pemexgate y los Amigos de Fox Debido a que no se trata de una ley sustancial para el desarrollo de las elecciones, dicho dictamen podría ser aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados aun después de iniciado el período electoral, de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Otros cambios propuestos por algunos diputados, entre ellos el del PRI por Baja California Sur, José Alberto Aguilar Iñárritu, es el aumento de penas para quienes violen la correspondencia en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, compren o coaccionen ese voto, así como la autonomía propuesta para la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) La reforma integral se aplazará, en el mejor de los casos, para las elecciones intermedias de 2009 Por lo pronto, al inicio del próximo período, el PAN, según adelanta López Núñez, prevé presentar una iniciativa en puntos en los que hay más coincidencia, como la mayor fiscalización, el código de delitos, modificación al financiamiento, precampañas y, tal vez, una adecuación al voto de los mexicanos en el extranjero