* Sale en defensa de Echeverría, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda México, D F, 24 de mayo (apro)- El "exfiscal de hierro", Javier Coello Trejo, ratificó hoy ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) su denuncia penal contra Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para la investigación de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado En su calidad de abogado defensor de Miguel Nazar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad, ratificó su acusación contra el fiscal especial y colaboradores, los que ?acusó-- integraron las averiguaciones previas con falsedades Reiteró que Carrillo Prieto estaría impedido para ocupar la fiscalía, debido al conflicto de intereses que genera el ser familiar de los presuntamente afectados durante la llamada "guerra sucia" El exsubprocurador de lucha contra el narcotráfico de la PGR sostuvo que "se antepuso la venganza a la ley, por intereses familiares y de grupo, para dañar al expresidente Luis Echeverria, a Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda", entre otros Conforme a su denuncia, marcada con el folio 038167, se presume la responsabilidad penal de Raúl Pérez González, Héctor B Palacios Amaro y Gerardo Márquez Huesca en su calidad de agentes del MP federal También involucra a los servidores públicos Fidelia R García Medina, Enoc Gilberto Maldonado Caraza, Erika Flores P y Félix Zacapala Guzmán, quienes dependen jerárquicamente de Ignacio Carrillo Prieto Todos ellos integraron las averiguaciones PGR/FEMOSPP/0172002 y PGR/FEMOSPP/136/2003, que están plagadas de irregularidades y falsedades, según Coello Trejo Subrayó que aunque Carrillo Prieto juró objetividad y allegarse personal de probada honorabilidad, nombró como director general de Cooperación Participación Ciudadana y Vinculación de la Femospp a Mario Ramírez, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre Sostuvo que el artículo 71 de la Ley Orgánica de la PGR señala que "los agentes del Ministerio Público Federal deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna causa de impedimento que la ley señala Y si a sabiendas de que está impedido, lleva a cabo diligencias, podrá ser sancionado" En la denuncia de 44 cuartillas, son señalados esos servidores públicos, particularmente porque habrían denegado la integración de las averiguaciones 017/2002 y 316/2003, que dieron origen a las causas penales 62/2003 y 53/2005 De esa manera, dijo, todos "incumplieron los principios de certeza, al alterar y falsificar documentos; legalidad, al apartarse de las atribuciones que marca la ley; objetividad, al fabricar declaraciones a Juana Orta Pérez, Magdalena Tapia Orta, Juvencio Flores Patiño e Ignacio González González"