San Salvador, 19 de junio (apro) - A casi 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, con los que se puso fin a una prolongada guerra civil, las Fuerzas Armadas (FAES) vuelven a hacer de las suyas: han copado espacios importantes de poder, cometen arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos y amenazan la institucionalidad democrática, advierten sectores sociales y analistas locales Tras el fin, en 1992, de una guerra civil de 12 años de duración, las FAES sufrieron una intensa reforma jamás vista en este pequeño país centroamericano De sostener durante la mayor parte del siglo pasado una dictadura que sobre determinaba la vida de los salvadoreños, se sometió al poder civil, su oficialidad fue depurada y su número reducido Entre otras acciones, también abandonó su papel en seguridad pública y se ciñó a su misión única de defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial Antonio Martínez-Uribe, especialista en seguridad ciudadana, aseguró a Apro que el ejército salvadoreño dio muestras de someterse al poder civil y dar cumplimento a lo pactado "en los primeros años de los Acuerdos de Paz, pero ahora veo que los militares siguen siendo tan militaristas como hace 30 años Lo único que es que visten ropa del siglo XXI" Para el analista, uno de los problemas se centra en que intelectuales derechistas han hecho creer a las FAES que son "la columna vertebrada de la nación, y eso no es así La columna vertebral es la sociedad civil" Agregó que el Pentágono ha contribuido a que "volvamos al esquema de defensa del Estado y de seguridad nacional, que es precisamente el que quisimos cambiar con los Acuerdos de Paz" Desde la llegada al poder del general Maximiliano Hernández Martínez en 1931, El Salvador fue sometido a una dictadura, en la que generales y coroneles ?excepto el propio Hernández Martínez, que retuvo el poder durante 13 años--, se intercambian el gobierno a través de elecciones fraudulentas y golpes militares Fue una dictadura de 60 años que desencadenó la persecución política, tortura, desapariciones y asesinatos de opositores En los años del conflicto armado (1980-1992), las FAES fueron internacionalmente conocidas por cometer numerosas masacres contra la población civil, actos calificados de "lesa humanidad" El coronel retirado David Munguía Payés ?a quien en dos ocasiones se le denegó el grado de general por razones políticas--, afirma que el ejército ha experimentado cambios sustanciales en términos de doctrina y de profesionalización Pero reconoce que si las FAES han intervenido recientemente en tareas de "seguridad pública" y de "reconstrucción" en Irak, se debe a que han seguido las órdenes presidenciales, como lo establece la Constitución Dice: "Hubo una transformación de un ejército de guerra a un ejército de paz Consecuentemente, después de la firma de los Acuerdos de Paz, el ejército comenzó con su plan de modernización llamado Arce 2000, en el que se fijaron algunos objetivos destinados a acomodar a las FAES a esta nueva situación" Añade que "se ha implementado una reforma educativa, particularmente en la Escuela Militar General Gerardo Barrios" Insiste que "la fuerza armada no es deliberante en asuntos políticos, su misión es instrumental El presidente de la República es el comandante general de la fuerza armada, y él es un político Por lo tanto, sus acciones son políticas Cuando usa a la Fuerza Armada como un instrumento político, es responsabilidad de él El alto mando o el ministro de la Defensa no le puede poner obstáculos al presidente de las órdenes que da" Militares siguen lineamientos de EU Martínez-Uribe señala que las FAES experimentan actualmente una involución y han retomado su poder "Otto Romero llegó a ministro de la Defensa Nacional, en mi opinión, gracias a la embajada de Estados Unidos Dijo reciente y públicamente que el informe de la Comisión de la Verdad ?que investigó la violencia política durante la guerra- está llenó de rumores; dicho militar dice que el 85 por ciento de las denuncias fueron rumores Esa declaración lo convierte en actor deliberante, violando la institucionalidad que establece la Constitución para la Fuerza Armada", aseguró El informe de la Comisión de la Verdad, elaborado por un grupo de connotados juristas y personalidades internacionales, acusa principalmente al ejército de cometer masacres y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado entre 1980 y 1991, y es considerado un "documento importante para el futuro de la vida democrática" de El Salvador "Los militares están copando nuevamente espacios que habían sido retomados por la institucionalidad democrática, como su papel cada vez más activo en labores de seguridad pública y su participación en la guerra de Irak, producto de una concepción gringa que no concibe la división de las funciones militares y de seguridad publica Con ello se está regresando al pasado", afirma Martínez Uribe El Salvador es el único país latinoamericano que mantiene tropas en Irak, lo que es fiel respaldo a la invasión encabezada por Washington al país árabe, señala Como ejemplo del "abuso militar en seguridad pública", el analista cita el reciente operativo con francotiradores del ejército el pasado 1 de junio en los alrededores del parlamento, mientras el presidente Antonio Saca pronunciaba su informe por su segundo año de gobierno "Es algo terrible y decepcionante", enfatiza el analista, quien agrega: "El partido de gobierno ARENA está equivocado si cree que las FAES están obedeciendo sus lineamientos; las FAES están siendo obedientes al Pentágono", al retomar funciones de seguridad pública y volver a la concepción de lucha contra "la amenaza terrorista" En reiteradas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad) y partidos de oposición, han denunciado que las FAES continúan protegiéndose con la amnistía general decretada en 1993 por el ex presidente Alfredo Cristiani, que no permite abrir juicios contra militares culpables de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos Con este argumento, el ejército se ha negado a abrir sus archivos sobre el asesinato de monseñor Arnulfo Romero, en 1980, y los desaparecimientos forzosos de niños durante el conflicto armado Casos paradigmáticos El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Roberto Burgos, señala que, si bien las FAES experimentaron algunos cambios importantes, "se han mantenido prácticas autoritarias y militaristas", y se cometen "arbitrariedades, incluso, contra sus miembros que han afectado sus carreras profesionales" Burgos, abogado querellante de los mayores Adrián Meléndez Quijano y Romeo Moreno Martínez, asegura que "ambos han sido relegados dentro de la institución y discriminados por denunciar arbitrariedades internas" Martínez fue acusado de robo de un arma del ejército, "cuando comprobó que no era cierto y que el arma aparece en manos de otro oficial El hizo todo el esfuerzo para que la institución no sólo reconozca el error sino que le repare los daños a su honor como oficial, lo que nunca se hizo", añade Por su parte, Quijano, quien ocupó la jefatura de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa, "denunció arbitrariedades en el desempeño de otros oficiales Eso le ha acarreado revanchas institucionales, que han llevado a que no sea ascendido Incluso lo dieron de baja, pero fue restituido por orden de la Corte Suprema de Justicia", explica Burgos, quien agrega que, debido a las denuncias públicas, los familiares han sido amenazados y ambos oficiales sometidos a prisión en cuarteles del ejército En 2001, el cadete Erick Peña Carmona murió como consecuencia de la aplicación, por parte de cadetes superiores, de una medida disciplinaria prohibida por la nueva doctrina de las FAES Todo esto, advierte Martínez-Uribe indica que "estamos volviendo al esquema que tuvimos en años pasados Es decir, los que mandan nuevamente en este país son los militares, la oligarquía financiera, que se han modernizado y el Pentágono La transición aquí se produjo de un viejo autoritarismo a un nuevo autoritarismo"