Monterrey, N L, 19 de noviembre (apro)- La aprobación unilateral en el Congreso de la Unión de diferentes ordenamientos legales y de iniciativas de ley con repercusión nacional, comienza a ser vista con preocupación por diferentes organizaciones civiles avocadas a la protección de sectores vulnerables, así como por algunas instancias gubernamentales que advierten en esa práctica una fuerte tendencia centralista La Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, la red de Casas del Migrante, el gobierno de Coahuila y los institutos electorales de los estados han afirmado, en diferentes momentos y circunstancias a lo largo del año, que esa tendencia vulnera principios federalistas y representa un retroceso en el avance democrático del país He aquí algunos casos concretos: El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, se opuso terminantemente, por ejemplo, a las modificaciones constitucionales que dieron sustento a la reforma electoral federal Particularmente, vetó el punto relacionado con la facultad otorgada al Instituto Federal Electoral (IFE) para regular la propaganda política de los partidos en medios de comunicación Según el gobernador de Coahuila, con ello los organismos electorales locales cedieron parte de la soberanía de las entidades al IFE A esa polémica se sumó el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, quien, el pasado 19 de septiembre, expresó que la reforma electoral, que ya entró en vigor, afectaba los principios de federalismo y debían "buscarse formulas para que se den acuerdos entre todas las partes" Lo mismo hicieron los organismos electorales estatales, durante el Congreso Internacional para el Voto Electrónico Ahí, los responsables de organizar las elecciones en el país hicieron patente su desacuerdo con la reforma electoral Apro constató que el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Jacinto Faya Viesca, así como el de la Comisión Electoral de Nuevo León, Eduardo Guerra Sepúlveda, esgrimían sus argumentos frente a sus homólogos de los otros estados, que aprovecharon el Congreso Internacional para celebrar su reunión nacional Ambos intentaron convencer a los legisladores de oponerse a ese aspecto de la reforma La postura de los consejeros estatales se manifestó hasta el pasado 9 de noviembre, cuando, en la nueva reunión nacional de presidentes de organismos electorales, realizada en la Ciudad de México, el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), José Núñez Castañeda, advirtió que la desaparición de los órganos locales para crear un sistema nacional de elecciones, es un intento por sostener el tradicional centralismo mexicano, el mismo que ahora niega al Distrito Federal el derecho a tener su propia constitución Esa postura fue compartida, ahí mismo, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard No obstante, ayer entraron en vigor las nuevas disposiciones electorales que, entre otros aspectos, relevantes y polémicos, consisten en que ningún gobernante puede publicitar obras de gobierno con imagen, voz o logotipos, que impliquen la promoción personalizada En materia electoral, faculta al IFE a regular el uso de los partidos en los medios de comunicación Déficit de participación El investigador Armando Luna Canales publicó recientemente el libro "El sistema de distribución de competencia en materia ambiental", en la Editorial Lazcano, de Nuevo León La tesis central del ensayo establece que existe un déficit de participación de las entidades federativas en la construcción de la voluntad federal Entrevistado por Apro, Luna Canales se refirió al artículo 40 constitucional, que dice: "Es voluntad del pueblo de México constituirse en una República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación, de acuerdo a los principios de la misma Constitución de 1917" Luna Canales advirtió: "Si le quitamos soberanía a los estados, le quitamos contenido y vamos a acabar con un federalismo hueco" Recientemente incorporado como asesor del gobierno de Coahuila, Luna Canales expresó que existe "mucha lógica" en el hecho de que los estados regulen su vida interna porque hay grandes diferencias entre un estado y otro "En materia penal, es necesario que se castigue de manera distinta", dijo, en alusión a la iniciativa de reforma penal enviada por el gobierno de Felipe Calderón al Congreso de la Unión, que plantea una legislación penal única Además, recordó las reformas al artículo 116 constitucional, que obliga a las auditorías de los estados a regirse igual que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Explicó: "Esto no era tan malo cuando veíamos que el Senado representaba a los estados, pero los senadores ya no representan más que a los partidos y, el punto es que cada día se toman decisiones que homologan disposiciones sin contemplar a los estados Ahora pretenden que el IFE, que organizó de una manera muy cuestionada la elección anterior, deba organizar elecciones en todo el país" A su juicio, el problema de la sobre atribución de funciones al orden federal, es una contratendencia a los esquemas globales que optan por el adelgazamiento del Estado y ceder atribuciones, en las que generalmente son inoperantes "Dos casos locales claros son el accidente en la mina Pasta de Conchos y la explosión de un tráiler en Celemania, donde murieron muchas personas Son asuntos de responsabilidad federal, donde el estado no tiene atribuciones, y muestran que el descuido del ejercicio genera problemas locales" La exclusión de los ciudadanos La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso de Nuevo León el pasado 21 de agosto, marcó la alarma sobre la intromisión del Estado en el trabajo social de los ciudadanos Ese día, la presidenta del grupo Alternativas Pacíficas AC, Alicia Leal, afirmó que la nueva ley refleja la ausencia de evolución en el paradigma del poder y la política en México, pues, dijo, se trata de un sistema cerrado "Es como el uso del poder en casa, donde se quiere que la mujer esté cocinando y sirviendo la mesa También podemos sentarnos a comer, pero si se trata de hablar de negocios o de trabajo, no se quiere que estemos ahí", señaló Según Leal, quien fundó la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, con esa ley, los refugios pasan a manos del gobierno estatal, concretamente del Instituto de las Mujeres (IEMNL), a cargo de María Elena Chapa, quien, cuando fue senadora, impulsó la creación de la red y ahora, en su calidad de funcionaria, asume la tutela de ésta que es una iniciativa ciudadana Las dudas e inconformidades sobre el tema fueron surgiendo en las semanas posteriores En entrevista con Apro, Leal llamó a la inclusión a quienes trabajan en la protección de las víctimas en el debate nacional para precisar algunos aspectos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) La activista consideró que el problema de las leyes y los programas vigentes sobre violencia de género, es que se crean bajo formas arcaicas, asistencialistas y paternalistas, que excluyen no sólo a quienes trabajan en la atención a víctimas, sino a las propias victimas, cuyas necesidades quedan desatendidas "Necesitamos que estos programas marquen una cambio en el paradigma en el uso del poder y la política en México Es decir, que estos programas tengan inversión de gobierno, de la iniciativa privada y cooperación con la sociedad civil, que ha trabajado con las victimas", añadió El problema, dijo, es que esa ley "no garantiza que los programas que se contemplan sirvan y aprovechen al máximo los pocos recursos que se invierten Es necesario que se explique claramente la cantidad de recursos que necesitamos para los siguientes años en el Presupuesto de Egresos de la federación En fin, son muchas aristas "Necesitamos que se comprenda que este tipo de programas tienen que ser diferentes a otros programas sociales si queremos darle la vuelta al tema del asistencialismo y el paternalismo Nosotros proponemos que los programas de atención a las mujeres victimas de violencia familiar o sexual, tengan una coadyuvancia con gobierno y otros actores sociales, que debe darse a manera de blindaje económico y político para estos organismos y las víctimas", indicó Y explicó que existen leyes y protocolos internacionales que hablan de la atención a las víctimas y que recomiendan la creación de leyes centradas en ellas "Esto quiere decir que el gobierno mexicano, en su programa de atención y asistencia, tendría que darle la vuelta a lo que piensa el Estado, los académicos y los políticos que están en la toma de decisiones, y que las decisiones sean tomadas por las víctimas", añadió Refirió que es necesario que se escuche la opinión de las victimas de violencia y de los organismos no gubernamentales, como lo marcan las leyes Afirmó que existen mecanismos de Estado que intentan desprestigiar a los ciudadanos, debido a que a los refugios para mujeres se les endilga, inclusive en el debate legislativo, una supuesta trata de personas y la promoción de diferentes formas de explotación sexual, cuando la negativa a que los regule el Estado, dijo, es para evitar que se propicien esos y otros abusos por autoridades, cuerpos de seguridad pública y otras instancias de poder proclives a la corrupción Buscar erradicar la asistencia a los migrantes Lo mismo ocurre en las posadas que reciben a migrantes indocumentados en tránsito, según el sacerdote Pedro Pantoja Fundador de refugios migratorios en el norte del país y excoordinador de la Pastoral Social en el noreste de México, que abarcaba 10 diócesis y tres estados, Pantoja se refirió a la iniciativa que surgió en Veracruz, de una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Atención a Migrantes y Transmigrantes, en el Congreso estatal Con base en un documento oficial, con membrete del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Gobernación, cuya copia obra en poder de Apro, Pantoja llamó la atención a las autoridades migratorias Ese documento dice: "? se pueden experimentar adversidades públicas, como la proliferación de tratantes de blancas, traficantes de personas y creación de células Maras Salvatrucha", si el INM no presta la debida atención al tránsito migratorio La propuesta del INM incluye una reforma al Código Penal de Veracruz para tipificar el "pandillerismo y/o Maras"; la creación de Grupos Beta, y regular la operación y funcionamiento de las Casas del Migrante, entre otras acciones Sobre la reglamentación de las posadas para migrantes, la delegación del INM señala que debe haber directrices del funcionamiento y operación de las casas de ayuda La parte que Pantoja consideró "más ofensiva" se titula "¿Por qué se deben reglamentar las casas del migrante?" Afirmó que las personas en tránsito sufren vejaciones por parte de dichos centros, y señaló que, el paso de los extranjeros, es un negocio muy lucrativo A su juicio, las casas del migrante solicitan dinero a sus usuarios; contactan con `polleros` radicados en la zona; se cobran envíos de dinero y piden comisiones; generan problemas en torno a los barrios o colonias donde se establecen y en las que se crean bares, cantinas y prostíbulos, y donde se incrementan los robos y la presencia de Maras Salvatrucha Entrevistado en "Belén, Posada del Migrante", que fundó hace años, Pantoja expresó: "Ahora resulta que, para las autoridades, esto es un negocio, cuando sólo Dios sabe lo que pasamos para conseguir donativos" Manifestó su preocupación por la tendencia centralista y el desprestigio orquestado desde el gobierno contra las posadas migratorias, que "son centros de buena fe, orientados a brindar un trato digno a las personas que intentan llegar a Estados Unidos" Añadió: "Para ello, buscamos a la comisionada nacional del INM (Cecilia Romero Castillo), quien negó que esa propuesta haya salido del instituto, pero no se puede negar, porque sus logotipos vienen en el documento y creemos que se trata de erradicar la asistencia a los migrantes o, al menos, regularla desde el gobierno, no se con qué objetivo"