Demanda contra Calderón por violar la Constitución

sábado, 7 de febrero de 2009
La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional contra Felipe Calderón por arrogarse facultades que competen al Poder Legislativo, a través del nuevo reglamento interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que abre la puerta para que el presidente se confiera a sí mismo el poder de decisión en todos los órganos desconcentrados de la federación Por considerar que "rompe con el equilibrio de poderes", que vulnera la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) al otorgarle facultades "indelegables" al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y porque sienta un "grave precedente" en contra de los órganos desconcentrados de la administración pública, la Cámara de Diputados presentó una demanda de controversia constitucional en contra del nuevo reglamento interno de la SCT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de enero Patrocinado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, el recurso expone a lo largo de 94 fojas ocho violaciones a la Constitución en las que incurre el reglamento interno de la SCT, firmado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa Tal como adelantó Proceso (1681), este nuevo reglamento convierte a Téllez en un "supersecretario" con "facultades indelegables" para otorgar las concesiones y permisos de telecomunicaciones y de radio y televisión, así como resolver sobre su prórroga, modificarlos o declarar su caducidad, nulidad, rescisión o revocación De acuerdo con una copia de la controversia que obtuvo este semanario, el reglamento interno de la SCT no sólo violaría el artículo 9-A y el cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como el artículo 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, sino varios mandatos constitucionales: el artículo 73 que, en su fracción XVII, establece las facultades del Congreso; el artículo 72, porque el reglamento contradice una norma legalmente aprobada en el Congreso; el artículo 89 que, en su fracción I, consagra la división de poderes, y el artículo 90, que permite la existencia de órganos desconcentrados en la administración pública Y va más allá al advertir que el reglamento puede afectar a otros órganos desconcentrados ante el exceso de poder presidencial y ocasionaría una disminución en las inversiones del sector de telecomunicaciones ?que concentra más de 20 mil millones de dólares en los últimos ocho años? ante la incertidumbre jurídica provocada por las nuevas funciones del secretario Téllez "La publicación del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sienta un grave precedente en la administración pública federal, ya que el presidente de la República estaría concentrando en el secretario del ramo y, por consecuencia, en sí mismo, facultades que el Poder Legislativo le confirió a la Cofetel", establece una de las partes medulares del documento De quedar así, la Cámara de Diputados previene que "en el futuro el presidente de la República podría modificar el reglamento interior de la Secretaría de Economía, por ejemplo, para otorgarle al secretario del despacho atribuciones indelegables que la legislación le confiere a la Comisión Federal de Competencia y, si fuera el caso, en el extremo, el presidente de la República estaría confiriéndose a sí mismo la atribución de determinar si hay o no condiciones de competencia efectiva en un mercado determinado" Otros órganos desconcentrados bajo la misma amenaza son el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Transplantes, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, por citar sólo algunos ejemplos Los legisladores prevén que este nuevo reglamento generará mayor incertidumbre "por la confrontación de normas jurídicas de diversa naturaleza" y "pudiera constituirse además en un factor determinante para frenar las inversiones en el sector y, en consecuencia, impactaría negativamente en la competitividad nacional, en el crecimiento económico y en la creación de empleos" El estudio jurídico de la controversia fue elaborado por el diputado priista Raúl Cervantes Andrade y recibió el apoyo tanto de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional como del Partido de la Revolución Democrática, tal como anticiparon los coordinadores de ambas fracciones, Emilio Gamboa Patrón y Javier González Garza Buena parte de los argumentos coinciden con las críticas expresadas por el Instituto de Desarrollo y Estudio de Telecomunicaciones (IDET), impulsores de la Ley Televisa, pero también con la posición de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), presidida por el exsenador panista Javier Corral, y con la oposición al reglamento que manifestó la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro La guerra interna en la SCT La controversia constitucional incorpora al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia en la guerra interna que se ha agudizado al interior de la SCT a raíz de las diferencias entre el secretario Luis Téllez y Purificación Carpinteyro, cuya renuncia a la Subsecretaría de Comunicaciones fue confirmada por la dependencia el 2 de febrero pasado Según el comunicado oficial de la SCT, Carpinteyro renunció por "razones personales", mientras que la propia funcionaria aclaró en una carta enviada a los medios que su salida se debió a "diferencias irreconciliables" con Téllez y lo acusó de ser un obstáculo para "la ejecución de acciones necesarias" para el desarrollo del sector "Desde que asumí el cargo he tenido diferencias importantes con el secretario de Comunicaciones y Transportes, el doctor Luis Téllez Kuenzler, que con el tiempo se han agudizado hasta llegar a ser irreconciliables y que, en mi opinión, han llegado a ser obstáculo para la ejecución de acciones necesarias para el desarrollo del sector () por el bien del país opté por presentar mi renuncia irrevocable al cargo de subsecretaria de Comunicaciones, con efectos a partir del 30 de enero de 2008", sostiene la misiva de Carpinteyro La exdirectora del Servicio Postal Mexicano duró menos de cinco meses al frente de la Subsecretaría Fue designada el 3 de septiembre de 2008 y formalizó su renuncia el 1 de febrero de 2009, pero prácticamente desde el 9 de enero, al día siguiente de la publicación del decreto presidencial que le otorgaba funciones "indelegables" al secretario, Carpinteyro expresó que sus días estaban contados en la SCT En la madrugada del 20 de enero ya estaba definida su salida (Proceso 1683) El pleito de poder entre Carpinteyro y Téllez involucró a la propia Cofetel: tres de sus cinco comisionados se identificaron con posiciones cercanas a la subsecretaria y los otros dos a los intereses de Téllez Las diferencias entre ambos funcionarios fueron una continuidad de las graves disputas entre Héctor Osuna, presidente de Cofetel, y el propio Téllez Estas pugnas, tal como identificó la propia Carpinteyro en un documento interno de la SCT, tienen como eje la disputa por el control del mercado del triple play entre los dos grandes monopolios del sector: Telmex, de Carlos Slim, y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean A esta contienda se incorporó un nuevo actor, Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, a raíz de su alianza comercial con Telmex para ofrecer servicios de televisión restringida que afectaron los intereses de Televisa y de las principales empresas de televisión por cable, como se reportó aquí la semana pasada La guerra burocrática trascendió las paredes y hasta los teléfonos de la SCT A través de distintas columnas periodísticas de negocios, se acusó a Carpinteyro de haber "grabado" llamadas telefónicas y de espiar a Téllez, al tiempo que la misma funcionaria reviró señalando que era una "guerra sucia" en su contra para involucrala en un presunto tráfico de influencias con MVS y en supuestos expedientes de corrupción en Sepomex Durante unos días se especuló, incluso, con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones El 2 de febrero se formalizó el nombramiento de Gabriela Hernández Cardoso, exdirectora general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la nueva subsecretaria A principios de enero, varias de las atribuciones de Carpinteyro habían sido trasladadas precisamente a la que hoy es su sucesora En declaraciones públicas, Hernández Cardoso se comprometió a combatir "empresas con poder dominante" en el sector, así como a modificar la visión de una "autoridad parcial" Incluso, se comprometió a que antes del 30 de marzo de 2009 se licitará la frecuencia 17 GHz, junto con la de 19 GHz, que son clave para el incremento de banda ancha Hernández también reconoció que existen 120 concesiones pendientes de refrendar, la mayoría de empresas de radio La parálisis del sector y la falta de inversiones ante la incertidumbre generada por las disputas internas en la SCT, y entre ésta y la Cofetel, han agudizado la falta de inversión actual, que asciende a 50 mil millones de dólares, había dicho Carpinteyro en octubre pasado La guerra jurídica La controversia constitucional contra el reglamento de Calderón subraya que el fenómeno de "doble ventanilla" ?tal como se conoce a las facultades compartidas entre la SCT y la Cofetel? no sólo se agudizará con las nuevas atribuciones a Téllez, sino que vulnera la autonomía técnica, operativa y de gestión de la Cofetel En el documento se establece que los artículos 5 ?fracciones XVIII a XII?, el 25 y el 40 del reglamento interno de la SCT contravienen lo establecido en el artículo 9-A y en el cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque "le desconocen a la Comisión Federal de Telecomunicaciones todas las atribuciones y facultades exclusivas" que le fueron conferidas, "y le otorgan dichas facultades y atribuciones en forma indelegable (sic) al secretario de Comunicaciones y Transportes" Esto "rompería con el equilibrio de poderes, en virtud de que el Poder Ejecutivo Federal, a través de un reglamento administrativo, podría desconocer las facultades y atribuciones de un órgano desconcentrado", alerta la controversia que fue sometida a consulta interna entre las fracciones del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado Incluso, los legisladores advierten que el reglamento puede propiciar que Téllez, u otro funcionario de la SCT, revise y revoque "ilegalmente" cualquier acto o resolución emitido por el pleno de la Cofetel "Someter a la revisión del secretario de Comunicaciones y Transportes, o de cualquier servidor público que éste designe, cualquier acto emitido por el pleno de la Cofetel, equivaldría, en la especie, a volver nugatoria la autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión con que ha sido investido el órgano regulador de las telecomunicaciones de nuestro país", explican Los legisladores le recuerdan a la Suprema Corte de Justicia que, en su análisis sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa, no consideraron contrarias a la carta fundamental las atribuciones que el artículo 9-A de la Ley de Telecomunicaciones le confirió a la Cofetel "Las reformas del año 2006 buscaron fortalecer al órgano regulador de las telecomunicaciones, la Cofetel, dotándole de facultades no sólo en la materia que hasta entonces era de su competencia, sino, además, las de la radio y la televisión; ello por una necesidad imperante a la luz de la convergencia de las nuevas tecnologías "El espíritu que animó al legislador fue que el otorgamiento de las concesiones no se sustentara en criterios discrecionales, sino con base en una decisión colegiada, especializada, profesional, transparente, tomada por un órgano renovado, fortalecido y con mayor autonomía", exponen los legisladores Por si fuera poco, evidencian que el reglamento expedido por Felipe Calderón carece de exposición de motivos o considerando alguno que "razone o justifique los criterios que lo llevaron a la actualización de dicho reglamento" En esencia, el alegato jurídico insiste que el nuevo reglamento de la SCT es un exceso de atribuciones al Poder Ejecutivo y que, al conferirle "facultades indelegables" a Luis Téllez, "se desvirtúa la naturaleza de los órganos desconcentrados, lo cual a su vez hace innecesaria su existencia" l

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