Madrid, 21 de enero (apro).- El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, aseguró que su administración comparte datos con el gobierno federal para confirmar si el empresario Luis Carlos Carrillo Cano, propietario de la empresa Safie de Quintana Roo, a cargo de la actual remodelación del penal de Cancún, tiene vínculos con los dirigentes del cartel de Juárez.

         De confirmarse la relación, dijo, podría ser cancelado el contrato que su gobierno firmó con esa empresa para las obras de ampliación del penal de su estado, y se indagarían eventuales responsabilidades de los funcionarios implicados en la asignación de la obra.

         Explicó que se inició el intercambio de información con la Procuraduría General de la República,  específicamente con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para saber los vínculos denunciados en el semanario Proceso (edición 1732, del 10 de enero pasado).

         Carrillo Cano, empresario chihuahuense al que se vincula con el extinto capo Amado Carrillo y a su hermano Vicente Carrillo, actual jefe del cartel de Juárez, es señalado como presunto lavador de dinero de esa organización y la de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el reportaje.

         Pese a las versiones que circulan en Cancún en ese sentido, el gobierno estatal le otorgó la concesión para construir 250 nuevos “espacios” dentro del penal y remodelar la prisión estatal Benito Juárez, ubicada en Cancún, con el propósito de resolver el problema del hacinamiento en que viven los reclusos.

         Este penal fue el centro de la controversia en tiempos recientes por haber sido un espacio controlado por los Zetas.

         El 12 de enero, el empresario Luis Carlos Carrillo Cano se deslindó de la familia Carrillo Fuentes, al negar que tengan vínculos familiares.

         En una conferencia de prensa en Cancún, el propietario de Safie, señaló “no los conozco”, y aseguró que su “único pecado” es apellidarse Carrillo.

         “No tengo ningún parentesco ni relación con Amado Carrillo ni con Vicente ni con los Beltrán Leyva. No tengo ningún tipo de relación con ningún grupo criminal”, dijo.

         Sin embargo, el empresario fue esquivo cuando lo cuestionaron sobre sus nexos familiares con Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, quienes son señalados en indagatorias judiciales por sus presuntos vínculos con actividades del narcotráfico.

         De su visita en España, donde participa en la Feria de Turismo (Fitur), el gobernador Félix González Canto señaló que “es una denuncia que se hizo en distintos medios de comunicación, por ello inmediatamente ordenamos una investigación”.

“Lo primero fue preguntarles a los empresarios cuestionados si tenían algún vínculo con esta familia o con este personaje (Amado Carrillo), ya fallecido inclusive, vinculado al narcotráfico. Pero ellos aseguraron que no tienen ninguna vinculación con esta familia o con el personaje”, dijo el mandatario a Apro.

         “Pero esa es la declaración de ellos –recalca—. Como gobierno nosotros seguimos investigando el asunto, por eso estamos pidiendo a la PGR y a la Siedo particularmente más información, hemos compartido información con estas instancias, para ver si ellos nos pueden confirmar o desmentir si tienen vínculos familiares”.

         Aseguró que si se confirma ese vínculo con el cartel de Juárez, “tomaríamos medidas de cancelar la obra, de aplicar sanciones a los funcionarios que otorgaron la obra, en caso de que hubiera algún tipo de responsabilidad”.

         Consideró “difícil” antes de iniciar el período de otorgamiento, “determinar quiénes son los dueños, los socios, quiénes inscriben a los concursos”; en principio señaló que el objetivo se enfoca más a ver qué empresas cumplen con los objetivos de la convocatoria y si tienen las capacidades para tener la obra.

         “Lo más importante”, apuntó, “es que no hay vínculos entre estos empresarios y el delincuente Amado Carrillo Fuentes, pero como digo, seguimos investigando esto con la PGR”.

         El semanario Proceso difundió que la decisión de ampliar el penal estuvo a cargo del anterior secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit, acusado de proteger las actividades de los Beltrán Leyva en Quintana Roo.

         De acuerdo con los documentos del contrato firmado el 11 de octubre de 2009, Luis Carlos Carrillo Cano es el administrador único de la empresa contratista de la obra, por la cual recibirá 9 millones 876 mil pesos, por construir un edificio de 252 espacios para recluir a los presos varones, además de levantar una barda perimetral y el rondín interior y exterior de la cárcel.