MÉXICO, DF, 5 de enero (apro).- Aproximadamente 25 mil 728 personas han sufrido acoso y hostigamiento sexual en diversas instituciones públicas del país, pero sólo siete mil 796 de ellas denunciaron su caso ante las autoridades y mecanismos competentes.

         De acuerdo con los resultados obtenidos de una encuesta aplicada en 2008 por la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en la que participaron 277 mil 89 personas (42% mujeres y 58% hombres), la SEP, el IMSS, el ISSSTE y la Semar presentan el mayor número de casos de acoso sexual, en números absolutos.

         No obstante, en números relativos, de las 258 instituciones evaluadas, la Presidencia, Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, SEP, Secretaría de Salud, ISSSTE, Secretaría de Energía y Secretaría de Relaciones Exteriores “presentan los mayores porcentajes de personas que reportan haber sido víctimas de hostigamiento o acoso sexual, todos ellos entre un 11 y un 14.6%”.

         Todos esos casos de acoso sexual detectados en la administración pública, señaló Inmujeres, ameritan “una extrema atención”, ya que sólo 34% de las personas que declararon haber denunciado su caso quedaron conformes con la respuesta dada por su institución.

Asimismo, señaló que es fundamental contar con una administración pública federal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación, donde los salarios y prestaciones se otorguen de manera transparente.

Además, que se garantice la corresponsabilidad del Estado en la conciliación de la vida familiar y laboral del personal, y se establezcan los mecanismos de denuncia para eliminar las prácticas de hostigamiento y acoso laboral.
         Según la encuesta, en lo que se refiere a los mecanismos para denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual, 50% de los hombres entrevistados manifestó que en su institución sí existen tales mecanismos, pero 68% de las mujeres dijo que ello no es así. Sólo 32% contestó afirmativamente.

Otro aspecto importante que arrojó la encuesta es que cerca de 25% de las mujeres y hombres consideran que las autoridades de su institución intimidan o maltratan a las personas por su condición de mujeres u hombres.

El 28.2% de la población consideró que en su institución no se previenen y sancionan las prácticas de intimidación y maltrato, y este mismo indicador, desagregado por sexo, es de 35.6% para mujeres y 22.8% para hombres.

“Ocho de cada diez personas encuestadas están de acuerdo en que consideran necesario que exista un mecanismo para proteger a mujeres y hombres de hostigamiento o acoso sexual y sólo un 5% del total está en desacuerdo”, según la encuesta.

En tanto, ocho de cada diez personas entrevistadas consideran que su institución debe promover políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y sólo un 5% tiene una percepción contraria.

La encuesta también revela que la mitad de las trabajadoras consideran que en sus trabajos “se otorgan promociones al personal debido a relaciones afectivas, influencia o apariencia física”, y el 41% piensa que el amiguismo priva por encima de lo profesional.

Otro aspecto importante es la licencia de paternidad que otorgan las instituciones a los varones como parte del compromiso adquirido con la mujer en el cuidado de los hijos durante los primeros días de nacimiento, pero 92% de hombres no cuenta con ella.