MEXICO, DF, 21 de octubre (apro).- La organización Human Rights Watch (HRW) se sumó a las voces que se han pronunciado en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal Militar, enviada, el pasado lunes 18, por el presidente Felipe Calderón al Senado.
    En un comunicado, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, denunció que, de aprobarse la propuesta enviada por el mandatario mexicano, ésta “no haría más que perpetuar la impunidad de los abusos militares”.
    Luego de analizar la iniciativa presidencial, Vivanco recomendó al Congreso “mejorar la propuesta defectuosa de Calderón”, y explica cuáles son las deficiencias más relevantes de la reforma.
    Vivanco coincidió con otras organizaciones de derechos humanos en que “las autoridades civiles deben tener la facultad para investigar y juzgar todas las violaciones de derechos humanos perpetrada por militares”, y no sólo las relacionadas con los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, como propuso Calderón.
    Alerta que “otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarán siendo investigados por el sistema de justicia militar, el que por cierto no ofrece a las víctimas acceso a una justicia independiente e imparcial”.
    Otros de los riesgos de impunidad identificados en la iniciativa presidencial, destacó el activista, están en que se reconoce a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos podrían enviarse a los tribunales ordinarios.
Además, de que los agentes militares mantendrán el control sobre las pruebas clave, mientras que prevé “la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada (…), lo que sería contrario al derecho internacional, que establece que la desaparición forzada constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y paradero de la víctima”.
    El director para las Américas de HRW recordó que en su informe Impunidad uniformada, difundido en abril de 2009, se documentaron casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares e investigados por las mismas instancias castrenses.
A partir de esa investigación, apuntó Vivanco, se pudo determinar que no hay imparcialidad, que las víctimas no tienen acceso a los expedientes, así como el que están imposibilitadas para impugnar la competencia del fuero militar en sus asuntos.
Y la prueba más clara de impunidad, acusó Vivanco, es que durante el gobierno de Calderón “los tribunales militares han condenado a un solo militar en relación con violaciones de derechos humanos”, según informes de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego destacó que, de 2007 a la fecha, suman 4 mil 600 las quejas por abusos militares en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Vivanco resaltó que la CNDH “ha publicado informes exhaustivos sobre más de 60 casos de abusos aberrantes cometidos por el Ejército desde que Calderón asumió la Presidencia. Los casos incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas”.
El representante de Human Watch Rights recordó las recientes recomendaciones emitidas por la CNDH relacionadas con las muertes de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, y las de los niños Almanza en Tamaulipas, hechos ocurridos en marzo y abril respectivamente, casos en los que el organismo público concluyó que “los militares habían alterado la escena del crimen y se habían negado a entregar pruebas”.
Sostuvo que “la práctica de los militares, de investigar sus propios actos a través de ese deficiente sistema de justicia militar, vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de México de ofrecer un recurso legal efectivo contra los abusos y de reconocer a toda persona el derecho a se oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.
Vivanco insistió en que “mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tenga acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública”.