MEXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Once meses después de haber ingresado a México en busca de asilo, el disidente cubano Regino Guerra Urquía se encuentra aún retenido en el Instituto Nacional de Migración (INM), sin que hasta ahora se haya definido su situación migratoria.

Al afirmar lo anterior, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDH-FMC) y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitir una recomendación para que cese la incertidumbre en la que vive Guerra Urquía.

“El caso de Guerra Urquìa es un ejemplo más de las decisiones discrecionales que toma el INM, ya que después de solicitar refugio político y de que le fue negado, hasta ahora no sabe cuáles son las causas del rechazo. Además, ha sido objeto de privación ilegal de la libertad, incomunicación, engaños, burlas y castigos”, afirmó la directora del CDH-FMC, Fermina Rodríguez Velasco.

En enero pasado, Regino Guerra ingresó a México en una balsa por las costas de Quintana Roo. El 9 de febrero, de forma voluntaria se entregó en las oficinas del INM en Tapachula, Chiapas, y solicitó refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al considerarse víctima de persecución política en su país de origen, señaló Melissa Vértiz Hernández, miembro de esa organización. .

Rodríguez Velasco dijo que la COMAR rechazó la petición de Guerra Urquía en dos ocasiones, en mayo y el 15 de junio pasado, por lo que el 23 de junio solicitó que se sustituyera la orden de deportación que pesaba sobre él por un oficio de salida del país, “con el fin de darle la oportunidad de que, al ser un perseguido político, pudiera solicitar refugio en otro país”.

Añadió que, el 1 de julio, “dañado psicológicamente por la incertidumbre, Guerra Urquía subió a uno de los muros de la Estación Migratoria Siglo XXI y amenazó con lanzarse al vacío si no se le resolvía su situación jurídica”.

Señaló que personal del CDH-FMC acudió a la Estación Migratoria para que el cubano se desistiera de su intento. Sin embargo, dijo, Guerra Urquía fue confiando a una celda de castigo durante 24 horas por indisciplina, lo que motivó que la organización civil interpusiera un amparo contra la deportación y una queja ante la CNDH solicitando además medidas cautelares.

“La situación de castigo constituye en sí un acto de privación ilegal de la libertad, porque los funcionarios del INM no tienen facultades para sancionar a extranjeros que no son delincuentes. En todo caso, sí cometen una falta administrativa por ingresar al país ilegalmente. Pero la retención sin motivos legales puede ser equiparable a un secuestro”, apuntó Juan Rojas Valdés, miembro de Insyde.

Indicó que, a pesar de que un juez federal emitió una suspensión provisional sobre la deportación y de que Guerra Urquía contaba con medidas cautelares ordenadas por la CNDH, el pasado 22 de septiembre fue trasladado a la Estación Migratoria de San Cristóbal de las Casas.

“Guerra se comunicó con nosotros la tarde de ese día para avisarnos que los agentes del INM le dijeron que lo trasladarían a las oficinas de la COMAR en la ciudad de México. Nosotros sabíamos que era mentira porque después de dos notificaciones en las que le rechazaron el asilo, legalmente la COMAR ya no tenía nada que tratar con el señor Guerra, por lo que supusimos que iba a ser entregado al gobierno de Cuba. Pedimos la intervención de la CNDH para evitar la deportación”, dijo Rodríguez Velasco.

El pasado 27 de septiembre, Guerra Urquía fue trasladado a las instalaciones del INM en Iztapalapa, y desde entonces permanece sin que se defina su situación migratoria.

“Exigimos al INM que el señor Guerra sea liberado. Además, que la CNDH emita una recomendación, en la que se admitan las violaciones a sus derechos humanos y contra las medidas cautelares que el mismo organismo ordenó para evitar la expulsión y que fuera atendido psicológica y médicamente. También, que se ordene una reparación de daño, por las secuelas psicológicas y físicas de la retención”, añadió la directora del CDH-FMC.

Dijo que, como medida de reparación, debe considerarse “la sanción a los funcionarios del INM que cometieron las violaciones, además de que la CNDH debe pedir al INM que se creen protocolos y manuales para que haya criterios uniformes sobre cómo tratar a los inmigrantes”.

Las exigencias de los integrantes del CDH-FMC y de Insyde fueron respaldadas por más de 70 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT).

Por su parte, Melissa Vértiz afirmó que, en materia migratoria, “México tiene un comportamiento peor que en materia de derechos humanos, debido a que ha firmado todos los protocolos relativos a los derechos de los migrantes y refugiados, pero a nivel interno no existe una ley a favor de refugiados, ni se permite a los inmigrantes tener un defensor ni acceso al expediente sobre su caso, ni mucho menos se les permite aportar elementos para sustentar una solicitud de refugio”.

Rojas Valdés informó que Insyde y el CDH--FMC constituyeron el Observatorio de Derechos Humanos de los Migrantes, cuya área de operación será la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.

“La idea es monitorear la operación de esa estación migratoria, que fue calificada por el gobierno de Felipe Calderón como estación modelo. Nuestra intención es aportar elementos para que haya uniformidad en los criterios de las autoridades migratorias y, sobre todo, para que no se sigan violando los derechos humanos de los migrantes en esas instalaciones”, añadió.