VILLAHERMOSA, Tab., 22 de diciembre (apro).- Ángela Mendoza Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), afirmó que la situación de los derechos humanos en el estado “es terrible”, debido a que “persiste la tortura, la violencia contra las mujeres y el maltrato a migrantes”.
    Al presentar un diagnóstico sobre los derechos humanos en la entidad, Mendoza Ramos explicó que, de 2005 a la fecha, han ocurrido 150 homicidios de mujeres, en los que sólo se ha logrado resolver el 33% de los casos.
            Dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 49 quejas por tortura y que de enero a agosto de 2010 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ocupó el cuarto lugar nacional de denuncias con 14 quejas por detención arbitraria y 11 por trato cruel inhumano y degradante.
    Añadió que, de 2008 a octubre de 2010, en la CEDH hay 42 quejas por violaciones a derechos humanos de los migrantes centroamericanos, de las que 10 fueron contra policías de los municipios de Tenosique, Balancán y Macuspana, por abuso, extorsión y maltrato.
          En el caso del medio ambiente, Mendoza Ramos dijo que hay más de mil 80 empresas generadoras de residuos peligrosos, de las que 144 fueron registradas en 2010.
         “Esas empresas producen más de 176 mil 300 toneladas de residuos peligros, lo cual atenta contra los derechos de las generaciones futuras”, advirtió, y rechazó la información de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sentido de que Tabasco tiene un 99 por ciento de residuos tratados.
           “Ese dato no es convincente porque hay casos que la gente ha denunciado y las autoridades ambientales hacen caso omiso”, recriminó, y citó el caso de la “destrucción del patrimonio” de más de 12 comunidades por la reciente inundación, cuyos habitantes fueron reubicados en un fraccionamiento que “está muy lejos de brindar una vida digna”.
    “Esta serie de violaciones a los derechos humanos no son propicias para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la población. La falta de voluntad política del gobierno para poner fin a estas graves violaciones y la ineficacia de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, dificultan el goce de los mismos”, puntualizó.