MEXICO, D.F., 9 de diciembre (apro)- Por 81 votos a favor de todas las bancadas, el Senado aprobó reformas que sancionan con seis meses a dos años de prisión y 500 mil días de multa a quien resguarde de manera ilícita petróleo o hidrocarburos refinados, y hasta con 10 años de prisión a quien cometa este delito por más de mil litros.
            El dictamen, proveniente de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera advierte que este delito es tipificado como delincuencia organizada y es necesario que se apliquen sanciones proporcionales con la lesión o afectados por el delito.
             También se sancionará con tres a 10 años de prisión a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, su proceso o sus derivados.
            El impulsor de estas reformas, el senador del PRD, Tomás Torres, afirmó que en 2009 el daño patrimonial por tomas clandestinas en ductos y oleoductos, secuestro de tanques y asalto a pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue superior a los 30 mil millones de pesos.

Reforma a Ley de Refugiados

Por otro lado, el Senado aprobó expedir la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria para proteger a los migrantes que ingresen de manera irregular a territorio nacional, y tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado para él, su cónyuge o concubina, hijos y parientes consanguíneos.
            Este nuevo ordenamiento crea la figura de “protección complementaria” que se otorgará a extranjeros que, al no ser reconocidos como refugiados, requieren protección para ser devueltos a sus países de origen, ya que sus vidas se verían amenazadas o se encontrarían en peligro de sufrir torturas o tratos inhumanos.
           Establece también disposiciones sobre el “debido proceso”, para que estas personas puedan acceder a procedimientos equitativos y eficientes para conocer su condición de refugiados.
           De acuerdo con este ordenamiento, la Secretaría de Gobernación tendrá atribuciones en materia de derechos humanos y protección a los refugiados, y prohíbe sancionar administrativamente cualquier trato irregular o discriminatorio a los refugiados.
           Al abordar estas reformas, el senador panista Humberto Andrade Quezada manifestó que en los últimos tiempos no se ha registrado un fenómeno masivo de solicitud de refugio, pero con este ordenamiento México estará acorde con los tratados internacionales en la materia.
            A su vez, el senador priista Francisco Herrera León alabó el dictamen porque, dijo, establece principios y criterios como la no devolución, la no discriminación, el interés superior de los niños, la unidad familiar, la no sanción penal por ingreso irregular y la confidencialidad.