Frena el PRI participación de la IP en contratos de Pemex

martes, 16 de febrero de 2010

MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- La fracción legislativa del PRI en la Cámara de Diputados frenó la decisión del gobierno federal de permitir la participación de la iniciativa privada en la elaboración de los contratos de exploración, extracción, producción y distribución de hidrocarburos.
    Este martes, el diputado Francisco Rojas, coordinador de la fracción priista, informó que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptó dar marcha atrás a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero que abren la puerta total a la iniciativa privada.
    Rojas reveló que el PRI acordó con el gobierno federal la modificación de los lineamientos a cambio de que la Cámara de Diputados no presente una tercera controversia constitucional en contra de la reforma energética.
    El legislador priista explicó que desde el jueves de la semana pasada los diputados priistas iniciaron negociaciones con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel para frenar dicha normatividad.
    Luego de confirmar la decisión, el diputado Francisco Rojas advirtió que si el gobierno federal no cumple con lo pactado, el jueves la fracción del PRI votará a favor de la controversia y ese mismo día la Cámara de Diputados interpondrá el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
    La revista Proceso reveló en su más reciente edición (1737) que la fracción priista participó en la elaboración de una controversia constitucional promovida por los diputados afines a Andrés Manuel López Obrador, encabezados por el petista Raymundo Cárdenas; el tema dividió a los legisladores del PRD.
    El motivo de la controversia lo originó Pemex cuando aprobó “los lineamientos” para la firma de contratos con la iniciativa privada para la exploración, extracción, producción y distribución de hidrocarburos, lo cual está prohibido por la Constitución en su artículo 27, que fueron publicados el 6 de enero en el Diario Oficial de la Federación.
    A finales de ese mismo mes de enero, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, aceptó que las transnacionales extranjeras participen en la elaboración de los nuevos modelos de contrato.
    Hoy, luego de la presión priista, Pemex se comprometió a modificar los 22 artículos que abren justo esta posibilidad: la participación de la iniciativa privada en la confección de los contratos.
    “Como resultado de esas intensas reuniones que se tuvieron desde el pasado fin de semana y que han culminado hace unos momentos, se definieron los puntos de acuerdo y la supresión o modificación de aquellos artículos cuya interpretación podría dar lugar a violaciones al marco legal”, explicó Rojas.
Agregó que el director general de Pemex solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de ese organismo, modificar los artículos cuestionados y solventar “las preocupaciones” del PRI.
    “Me place informar que la secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración de Pemex (Georgina Kessel), me ha comunicado verbalmente su aceptación a los cambios solicitados y su respaldo institucional ante dicho órganos de gobierno”, subrayó Rojas.
    La propuesta de controversia constitucional fue planteada por el diputado del PT, Jaime Cárdenas, en tono con el plan energético que presentó Andrés Manuel López Obrador en el 2008; la fracción del PRI apoyó a los petistas e incluso les ayudó a elaborar el documento para darle “mayor consistencia jurídica” a la demanda.
    De acuerdo con el diputado priista Alfonso Navarrete Prida, quien encabeza el área jurídica de la fracción legislativa del PRI, la controversia se basa en tres “ejes”:
    Primero, que los lineamientos establecen un nuevo contrato con base en un “modelo económico” que no está definido en la ley; segundo: abren la posibilidad de que las empresas ya no “ejecuten” los dictados de Pemex, sino que participen en la planeación, organización y elaboración de los proyectos que realice la paraestatal, que, a su vez, abren la posibilidad a los “contratos riesgo”, que no son otra cosa que compartir con la iniciativa privada la renta petrolera; y tercero: que Pemex, es decir, el Poder Ejecutivo, invade facultades del Poder Legislativo al establecer normas en materia de hidrocarburos, acto que la Constitución delega sólo a las cámaras.
    Navarrete Prida recordó en la conferencia que ya existen dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Legislativo; una de ellas, contra el Reglamento de Pemex por considerar que abre la posibilidad a los “contratos riesgo”.
    Explicó que son, concretamente, 22 normas que podrían ser sujetas se inconstitucionalidad en su interpretación y que se pueden resumir en “tres grandes apartados: El primero, el existir un término que es ‘modelo económico’ o casos de ‘negocio definido’, que no existe en la ley, no se define qué significa ese modelo de negocios o modelo económico. El segundo, es la posibilidad que estas 22 normas en su interpretación puedan permitir un cogobierno de contratos, y por lo tanto que la renta petrolera pase a particulares, y está expresamente prohibido esto en la Constitución, en los artículos 25, 27 y 28. Y tercero, es que esos 22 artículos en su interpretación, permitirían los contratos de riesgo. De ahí que suerte la necesidad que también pudieran ser controvertíos en una controversia”.
    Navarrete Prida, quien participó en la negociación con los funcionarios de Energía, dijo que éstos se comprometieron a hacer los cambios necesarios para evitar cualquier interpretación que abra la puerta a la iniciativa privada.
    En la conferencia, Rojas confió en la palabra de los funcionarios pero advirtió que si no lo hacen, la controversia se interpondrá.
    “Parece que la palabra de la secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración y la disposición del director general de Pemex, solicitándole al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Construcción de Obras y Servicios de Pemex, nos debe merecer la confianza de que así va a ser y, evidentemente, son funcionarios de altísimo nivel, que estoy seguro van a honrar su palabra y no tendremos que llegar el jueves a la sesión, teniendo que interponer la controversia, si es que hubiera algún incumplimiento”, insistió.
    “Tengo la certidumbre de que no va a suceder (el incumplimiento), tengo la palabra de la secretaria de Energía y la petición que hizo el director general de Pemex, confío plenamente que así va a suceder”, comentó.

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